La masacre de Puente Llaguno

Los lectores se servirán recordar que, en abril de 2002 la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio, FEDECÁMARAS, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, convocaron a una manifestación para el 11 de aquel mes para protestar por el despido masivo y con jactancia a través de la TV de miles de valiosos trabajadores de la estatal PDVSA, por el fanfarrón de Hugo Chávez.

Recientemente, en específico el nueve de julio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¡Finalmente! estableció con carácter preliminar la responsabilidad internacional del Estado venezolano por el uso desproporcionado de la fuerza letal a través de sus agentes estatales, en dichos sucesos, pero sobre todo, por la represión encarnizada de los manifestantes por grupos irregulares, criados y amamantados por el oficialismo, con el trágico saldo de cinco lesionados graves y siete manifestantes asesinado de la forma más vil.

Consta de las actas de dicho proceso, que varios agentes públicos confesaron, que en las reuniones de estrategia, previas y durante la citada marcha, se coordinó con miembros de los llamados “Círculos Bolivarianos” la neutralización de la maminata. Consta, igualmente de dichos autos, que el entonces el jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, CUFAN, general Manuel Antonio Rosendo, testificó que en las reuniones previas al 11 de abril, el alto gobierno del felón de Chávez, planificó “la utilización de los círculos bolivarianos (...) en las áreas donde se efectuarían las concentraciones” para confrontar a los manifestantes (...) que “el Ministro de la Defensa, en persona, estuvo vía telefónica dirigiendo las movilizaciones de los Círculos Bolivarianos porque, según él, los grupos paramilitares gobierneros tenían más poder disuasivo que las fuerzas de seguridad del Estado.

No deja de alarmar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haya tomado larguísimos 22 años para presentar ante la Corte Interamericana el caso de “Puente Llaguno”.

Los órganos multilaterales son imagen y semejanza de los miembros que los conforman. Después de suscribir algún tratado internacional para la supuesta tutela de determinados derechos, son sus mismos signatarios los primeros en violarlos pero sobre todo, pichirrearles los recursos para que no puedan operar. Ha sido el caso de la referida Comisión a lo largo de su existencia.

Pero la narcorrevolución se ha encargado de aniquilar cualquier vestigio de independencia y autonomía de los tribunales venezolanos. El 6 de julio de 2006 el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Superior de Justicia declaró inadmisible la acción de imputación formal presentada contra Hugo Chávez, varios de sus ministros y el entonces Fiscal General de la República, por sus responsabilidades en la masacre de Puente Llaguno, mientras tanto por años se pudrieron y todavía, se pudren en las ergástulas de la narcotiranía varios chivos expiatorios de los crímenes del 11 de agosto de 2002.

Justicia tardía, no es Justicia. Pero con todas sus falencias, el sistema Interamericano de defensa de derechos humanos, es la única esperanza para muchas víctimas y sus familiares.

@omarestacio

(*) El articulista es representante, probono, de un grupo de víctimas de los sucesos en Puente Llaguno

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