En Venezuela mandan los narcos

Los expertos de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, aún acostumbrados a conocer circunstancias de horror, no pudieron evitar reaccionar con espanto ante “el nivel de violencia sin precedentes para silenciar a cualquiera que se le oponga”.

Esa represión sistemática, coordinada y deliberada de la dictadura, es sólo una de las facetas con las que la tiranía sanguinaria ha decidido imponerse pisoteando la decisión expresada el 28 de julio por la inmensa mayoría de venezolanos.

Maduro y sus cómplices necesitan dinero extra para mantener el control. Dinero inalcanzable por la vía legal y en cambio factible a través de las operaciones del crimen organizado.

Los delincuentes unen fuerzas convenientemente. El reciente decomiso en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía de un cargamento de 3 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas en un vuelo de carga de la empresa estatal Emtrasur hacia Afganistán con escala prevista en Rusia, ha avisado a quienes luchan contra el tráfico de narcóticos sobre la activación de una nueva ruta hacia otros países de Asia, y también sobre la nada inocente circunstancia del lugar de donde partiría. Los registros indican que desde 2013 – después de asumir Maduro como presidente-, no se efectuaba un decomiso de ese volumen.

La carga había ingresado desde Colombia por el estado Táchira y fue transportada por vía terrestre hasta La Guaira. Pueden imaginar el volumen de ese cargamento que transitó tranquilamente más de 800 kilómetros de carretera vigilada por la Guardia Nacional que nunca chequeó el contenido de los falsos envoltorios de café.

¡Cuánto va a costar recuperar nuestra Fuerza Armada!

Ese decomiso y otro efectuado en abril pasado en Turquía de 608 kilogramos de cocaína -más de 500 en forma líquida- apuntan a responsabilizar a la cúpula del régimen. Los detalles del delito son aún peor al determinarse que fue en las instalaciones de Pdvsa donde se materializó la nueva forma líquida de esa droga. El periodista Casto Cando afirma que tal señalamiento ha sido refrendado por testigos ante las Cortes Federales de EEUU, y además advierte sobre el preocupante incremento del flujo de drogas en Venezuela durante los últimos años que según cálculos de especialistas podría superar los mil millones de dólares.

Es fácil inferir quiénes mantienen realmente a Maduro en Miraflores.

Guyana se suma al registro reciente de decomiso de droga procedente de Venezuela al reportar a finales de agosto la incautación de 3.6 toneladas de cocaína ocultas bajo tierra en una selva muy cerca de la frontera con Venezuela. Ha sido la mayor cantidad incautada en su historia reciente, valorada en 200 millones de dólares aproximadamente.

Oficiales antinarcóticos suelen referirse al pequeño porcentaje que representan los decomisos -menos de 10%- del total que realmente se mueve en el mundo. Solo con estos tres decomisos la proyección de cuánto se está traficando desde nuestro país, es espeluznante.

Podría decirse que nadie se sorprende de estos últimos hechos, pero la situación se agrava con la alarmante proliferación de pistas clandestinas y con el cinismo del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López; es imposible que ignore la realidad.

Todo esto sucede mientras la oficialidad más humilde, la de menor rango, está siendo maltratada y perseguida. Maduro y Padrino López saben que esa oficialidad no sólo votó por Edmundo González Urrutia, sino que también permitió que lo hicieran los civiles en paz, con la posterior protección de las actas. Esa misma masa militar es testigo de cómo se ha enriquecido la élite de la FANB mientras a sus familias apenas les alcanza para comer.

Esa realidad llevó a que Padrino López tomara la decisión en los días posteriores inmediatos a la elección presidencial, de que, en las patrullas para reprimir, los oficiales de bajo rango fuesen sustituidos por coroneles y generales. Es decir, los altos oficiales de las FANB fueron quienes atacaron a los pobres en los barrios.

No sé cuántas democracias del mundo pueden desconocer lo que realmente sucede en Venezuela. Me cuesta creer que el gobierno de España -a diferencia del Congreso- lo ignore, igual que Colombia, México o Brasil. O Estados Unidos con los testigos excepcionales que resultan ser efectivos de la DEA apostados en países vecinos y que han sido los primeros en alertar sobre la complicidad de las autoridades locales con los capos de la droga.

Es una realidad que hace más compleja nuestra lucha, pero nunca puede ser una razón para arredrarse.