Concierto para delinquir

El primer asunto en este concierto es que el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por recursos ilícitos en su campaña, por violación de topes en la misma, y lo peor es que quien nombró como su segundo lo había amenazado públicamente hace apenas dos años. “Nos hundimos todos, hija de p…”, amenazó Benedetti a la hoy canciller Laura Sarabia en unos chats filtrados a la prensa.

Esta amenaza cuyo destinatario es el presidente y este chantaje sobre quién sabe qué cosas ilegales, en la que incluso se habla hasta de 20.000 millones de pesos, no solo muestran parte de este concierto para delinquir, sino que, peor aún, es recompensado unos años después con el nombramiento de Benedetti en la Casa de Nariño.

Obvio, esto desencadenó algunas renuncias y críticas que muchas veces parecen más fruto de la hipocresía y un saludo a la bandera, pues no se acompañaron de las acciones políticas que semejante afrenta merecía. ¿Y el petrosantismo hoy representado en el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? Callado, pues su aliado de antes –Benedetti– está ahora en Palacio con un objetivo: robarse las elecciones de 2026. Ellos quieren estar en esa jugada, pues su única razón de existir es el poder a cualquier costo.

¿Era el chantaje de entonces tan grande que esa es la razón por la que ahora el presidente lo nombra en un cargo tan importante? Nada se debe descartar, pero quedan más preguntas que respuestas. Si además sumamos otros casos de corrupción del círculo cercano del presidente Petro, esto finalmente muestra cómo se cierra el círculo del concierto para delinquir.

El segundo escándalo es el de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos con dineros de la campaña, que, sumados a los 20.000 millones que menciona Benedetti en sus chats, muestran un patrón de conducta ilegal alrededor de Gustavo Petro. ¿Casualidad? No lo creo, pues hay otros dos elementos que confirman este patrón.

El tercero es el episodio de la empleada del servicio de Laura Sarabia, Marelbys Meza, que viajó en avión privado de Bogotá a Caracas, oh sorpresa, luego del incidente de la desaparición de un maletín con dinero en efectivo y cuya suma va desde los 40 millones hasta los 3.000. Sarabia, entonces jefa de gabinete, es investigada por este caso, pues desde Palacio se dio la orden de intervenir el teléfono de la empleada y luego detenerla para someterla a un polígrafo ilegal. ¿Todo por un maletín con centavos? No nos crean tan bobos. En este caso hay un coronel suicidado, nadie se cree el cuento del suicidio, y las investigaciones no han llegado hasta donde deben llegar.

El cuarto ya es la tapa: el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ya hay una alta funcionaria de presidencia condenada, Sandra Ortiz, que cuando hable y cuente la verdad, si no la matan antes, pues ya hay un testigo muerto, como lo dijo Benedetti en su chat, “nos hundimos todos”. En este escándalo de compra de congresistas y senadores, y de desvío de recursos hasta por 1,2 billones de pesos que están siendo investigados, el epicentro es la Casa de Nariño y hay investigados ministros e incluso Laura Sarabia, otra vez, quien fue denunciada por Ortiz.

Lo que se vio en ese consejo de ministros, además de ser un circo, es apenas la punta del iceberg en el Gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Si tuviéramos una justicia medianamente eficaz, y eso debe ser una de las grandes reformas de próximos gobiernos, estarían en la cárcel muchos ministros y muchos funcionarios de este Gobierno.

Es más, si el mecanismo de juzgamiento de un presidente funcionara, ya Petro no estaría en el poder. Hoy sus amigos congresistas y ‘antiguos’, y supuestos defensores de derechos humanos son los que lo procesan en primera instancia. Nada va a pasar. Lo de Benedetti en la Corte Suprema por un caso anterior es vergonzoso, en tiempo y en acción. Y de esta fiscal no se puede esperar nada, pues es del bolsillo del presidente.

Lo único cierto es que en un país medianamente funcional y con instituciones judiciales que medio hicieran su trabajo en el tema de corrupción, de Gustavo Petro para abajo estarían todos tras las rejas. Buscar los dineros ilegales que reciben congresistas y funcionarios no es difícil, pero acá se les ven casas, carros, relojes y todo tipo de elementos suntuarios que nunca con su salario o sus negocios podrían comprar.

Ya se habla de una licitación en una de las más grandes empresas de Colombia que va a ser por cerca de 700 millones de dólares, cuando el servicio que se contrata no llega a costar 300. Este año que queda tenemos que ser muy vigilantes de cada contrato, pues son dos los elementos que puede perseguir la corrupción en lo que queda de Gobierno. El primero, robar para comprar votos y el segundo, robar para vivir mejor. Seguramente va a ser una mezcla de los dos. ¡Que viva el cambio!