La Audiencia Nacional lo condenó tras un acuerdo en el que reconoció fraude fiscal de las ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo con PDVSA
El ex embajador, Raúl Morodo (1d) y su hijo, Alejo Morodo(1i), a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional el 14 de octubre de 2024, en Madrid (España)
Alejandro Martínez Vélez - Europa PressMADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) condenó a 10 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública al exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo, y a dos años de prisión a su hijo Alejo, después de que ambos reconocieran el fraude a Hacienda en el juicio celebrado el pasado mes de octubre.
En el fallo, los magistrados de la Sección Tercera absuelven a la nuera de Alejo Morodo, Ana Catarina Varandas, que descartó llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y accedió a que se celebrase la vista oral en su contra.
El que fuera embajador y su hijo, sin embargo, alcanzaron un pacto antes del comienzo del juicio. “¿Se declara culpable de estos delitos y se conforma a cumplir las penas señaladas?”, le preguntó el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, al diplomático. “Sí, señor presidente”, contestó Morodo.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó inicialmente tres años y seis meses de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y seis meses de prisión tanto para su hijo Alejo como para la esposa de éste, pero finalmente redujo su petición hasta los 10 meses y dos años, respectivamente.
En la sentencia, la Sala explica que “el reconocimiento por parte de los acusados Alejo y Raúl Morodo de la realidad de los hechos imputados por la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y la acusación popular, respecto a la defraudación tributaria cometida por los ejercicios anuales de 2013 y 2014, permite prescindir del análisis de la prueba practicada respecto a esos hechos”. Los magistrados indican que tampoco ha de ahondarse en la calificación jurídica y la pena que procede imponer, “habiéndose conformado ambos acusados y su defensa con la solicitada por esas acusaciones”.
En lo relativo a Ana Catarina Varandas, el tribunal sostiene que de los documentos exhibidos en el juicio se desprenden “indicios inequívocos” de que las presuntas defraudaciones tributarias de las que la Fiscalía la acusaba no eran sino “acciones realizadas” por su padre hacia ella y “por tanto” sujetas al impuesto sobre sucesiones y acciones.
Ahora, los magistrados explican que sobre esa “defraudación no ha versado la acusación y que, además, no superaría los 120,000 euros a la vista del dictamen presentado a última hora por el perito...“Debe, por tanto, absolverse a la acusada Ana Catarina Varandas de los delitos que se le imputa”, apunta el fallo.
En su declaración en el juicio dio detalles sobre el dinero que recibió por parte de sus padres y que fueron una serie de “ayudas económicas” después de que decidiera hacer un “parón” en su carrera profesional para estar “al cuidado” de sus hijas. “No me han dicho en ningún momento que estas ayudas económicas tuvieran que ir a una declaración de la renta. Fue todo informal”, aseguró.
El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos, uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.
El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en "interponer tres sociedades instrumentales" para que facturaran formalmente los servicios de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso, defraudando de esta manera a la Hacienda.
El exembajador de España en Caracas Raúl Morodo, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su hijo Alejo ya habían reconocido ante la Audiencia Nacional la comisión de los delitos de fraude a la Hacienda Pública por haber ocultado ganancias de casi 4,5 millones de euros obtenidas de negocios realizados con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre los años mencionados.
FUENTE: EUROPA PRESS
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