El analista en temas de Medio Oriente Joseph Hage explicó que el pacto estipula que la seguridad en el sur del Líbano quedará bajo el control exclusivo del ejército libanés, respaldado por fuerzas multinacionales
Joseph Hage es analista experto en Medio Oriente.
CESAR MENENDEZ DLA Cohetes disparados desde el sur del Líbano son interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel sobre la región de la Alta Galilea en el norte de Israel el 9 de agosto de 2024, en medio de enfrentamientos transfronterizos en curso entre tropas israelíes y combatientes de Hezbolá.
Jalaa MAREY / AFPMIAMI - El desmantelamiento de la infraestructura de Hezbolá en la región, marca un giro en la lucha contra el terrorismo internacional. Autoridades de distintos países han intensificado los esfuerzos diplomáticos a lograr la paz en el Medio Oriente, desarticular las redes de financiamiento y la logística del grupo, cuyo alcance global ha generado creciente preocupación por sus vínculos con actividades ilícitas.
El alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, ha comenzado, entró en vigor después de que ambas partes aceptaran un acuerdo mediado por Estados Unidos y Francia. El cese al fuego prevé la suspensión de los combates durante dos meses y exige que Hezbolá ponga fin a su presencia armada en el sur del Líbano, mientras que las tropas israelíes deben regresar a su lado de la frontera. Un panel internacional encabezado por Estados Unidos supervisará su cumplimiento.
En el marco de ese reciente acuerdo de "cese al fuego" en el conflicto entre Israel y Hezbolá, el especialista Joseph Hage, director ejecutivo del comité de acción política no partidista, destinado a representar los intereses de Estados Unidos y la comunidad libanesa estadounidense ( ALPI PAC), ofreció a Diario Las Américas, un análisis detallado sobre los puntos clave del acuerdo entre ambos países del Oriente Medio, así como también la importancia del rol de actores internacionales y las implicaciones regionales, sobre estas medidas.
Hage explicó que el pacto estipula que la seguridad en el sur del Líbano quedará bajo el control exclusivo del ejército libanés, respaldado por fuerzas multinacionales.
El especialista resaltó que el acuerdo prohíbe la venta, suministro o producción de armamento sin la supervisión gubernamental libanesa. Así como también establece el desmantelamiento de la infraestructura de Hezbolá en la región.
EEUU, como garante del acuerdo, liderará una comisión para supervisar su implementación. Según Hage, esto busca evitar errores del pasado, como la falta de cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas en 2006, que permitió a Hezbolá "rearmarse", destacó el analista internacional, especialista en conflictos en el Medio Oriente.
"EEUU es garante de este acuerdo, están preparando una comisión para supervisar la implementación porque el enviado del presidente Biden fue muy claro en su declaración que no quieren que se repita lo que pasó después del 2006 cuando se ignoró la implementación de la resolución de Naciones Unidas UNSCR 1701 y Hezbolá pudo construir un arsenal para atacar a Israel y por consecuencia destruir al Líbano", puntualizó.
El especialista también explicó que Israel insistió en mantener la libertad de acción para atacar preventivamente cualquier intento de rearme por parte de Hezbolá, dado su historial de incumplimiento de acuerdos.
"Aquí es una cuestión de credibilidad, la historia les ha enseñado a Israel que Hezbolá y sus similares no cumplen compromisos, por esto Israel insistió tener la libertad de acción para atacar cualquier intento de Hezbolá para rearmarse de nuevo", puntualizó Hage.
Hage, identificó dos desafíos principales para el desmantelamiento de Hezbolá, destacando que se debe monitorear el papel de Irán en la región y asegurar que el ejército libanés tenga el respaldo político necesario para implementar el acuerdo.
Además, señaló que este pacto podría ser un paso hacia la estabilidad regional, pero con costos sociales significativos, especialmente para los simpatizantes de Hezbolá en el Líbano, cuyas viviendas fueron destruidas.
"El primer desafío sería verificar los movimientos de Irán en la región, y si acepta que Hezbolá entre en este acuerdo para un cese el fuego permanente o tienen la intención de rearmar a este grupo. El segundo desafío sería para el ejército libanés si tiene el respaldo político de las autoridades libanesas como gobierno y ministerio de defensa para implementar las estipulaciones del acuerdo, aunque se oponga Hezbolá", afirmó el director ejecutivo de ALPI PAC.
"Mientras que los libaneses buscan la paz y el desarme de Hezbolá, los israelíes esperan seguridad en su frontera norte". Hage destacó que el retorno a una paz relativa en la región dependerá del cumplimiento estricto de las condiciones acordadas.
"Lo más importante para el pueblo libanés, es ver la organización militar de Hezbolá desmantelada en todo el Líbano y que por fin conozca el Líbano la paz, con sus vecinos incluyendo a Israel", afirmó Hage.
Hage calificó como controvertida la equiparación entre líderes israelíes y figuras de Hamás, una organización considerada terrorista por múltiples países.
Explicó que Israel persigue a un grupo responsable de actos como el ataque del 7 de octubre de 2023 y que utiliza civiles como escudos humanos.
Según Hage, la CPI no consideró adecuadamente factores como el desvío de ayuda humanitaria por parte de Hamás o el uso de infraestructura civil para fines militares.
EEUU e Israel rechazaron la decisión de la CPI, mientras que Hamás y la Autoridad Palestina la celebraron, utilizando este fallo como herramienta para reforzar su narrativa.
Hage advierte que estas acciones podrían alentar tácticas de victimización en futuros conflictos, mientras que "los líderes de Hamás han reconocido públicamente que las muertes civiles favorecen su causa", lamentó.
Hage destacó que la reciente emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y Yoav Gallant, exministro de defensa de Israel, y el fallecido exjefe militar de Hamas, Mohamed Deif, marca un precedente controvertido.
Estas decisiones contrastan notablemente con la falta de acciones similares por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente sirio, Bashar al-Assad, pese a las numerosas acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad que pesan sobre él.
El experto subrayó que estas diferencias reflejan no solo los límites legales, sino también los condicionamientos geopolíticos que enfrenta la CPI, ya que los vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU han bloqueado cualquier iniciativa judicial contra Assad. Sin embargo, el caso israelí ha avanzado bajo circunstancias distintas y con una interpretación legal que genera debate.
Hage enfatizó que las acciones de la CPI en el contexto de Israel deberían diferenciarse claramente de las referentes a Rusia en Ucrania, considerando los antecedentes recientes. "No hay equivalencia entre los hechos que cometió Hamas, incluyendo crímenes contra la población civil israelí, y lo que Israel está haciendo en busca de los rehenes en Gaza y de neutralizar a los responsables de la masacre del 7 de octubre", declaró a Diario Las Américas.
Israel se defiende de las agresiones de Hamás, cuyo ataque letal del 7 de octubre de 2023, dejó más 1,200 israelíes asesinados y 251 secuestrados, de estos últimos aún quedan más de 100 en manos de los terroristas de Hamás. Hezbolá se involucró en el conflicto en "solidaridad" con Hamás, y por casi un año lanzó ataques contra territorio israelí hasta que la nación hebrea respondió al ataque en septiembre pasado, inicialmente contra los cabecillas del grupo y luego incursionó en el Líbano para desarticular las redes del movimiento terrorista financiado por Irán.
Este contraste sugiere que el ataque de Hamás contra Israel en octubre coloca a este último en una posición "reactiva y defensiva", lo cual debería influir en el enfoque de la CPI hacia el conflicto, que lo diferencia totalmente de la invasión rusa a Ucrania.
Estados Unidos e Israel no son firmantes del Estatuto de Roma, por tanto analistas consideran que la CPI no tiene jurisdicción. "EEUU y Israel, que no son miembros del CPI rechazaron categóricamente la orden de arresto en contra del primer ministro israelí y su exministro de defensa", subrayó Hage.
"El desempeño de la CPI fue aplaudido cuando emitió la orden de arresto al presidente ruso Vladimir Putin, y es rechazado ahora porque al calificar las acciones de Israel como genocidio y acusarle de usar restricciones y prohibiciones de ayudas humanitarias a los ciudadanos de la franja de Gaza como arma que causó hambruna a ciudadanos civiles, son para el analista criterios y acciones parciales de la Corte Penal", puntualizó.
Israel ha insistido en la recuperación de los secuestrados en poder de los terroristas.
FUENTE: REDACCIÓN DLA
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