Un incremento en los casos de conflictos familiares que terminan en tragedia prende las alarmas en Miami-Dade y Broward, DIARIO LAS AMÉRICAS realiza consultas
Un hombre porta un arma entre su pantalón.
FREEPIKMIAMI.- Miami-Dade y Broward, dos condados vibrantes y cosmopolitas del sur de Florida, han sido testigos de un incremento alarmante en casos de violencia doméstica durante el último año, a la par que se intensifica la polémica por el porte de armas.
Detrás del fulgor de las playas y los lugares turísticos de la zona, emerge una realidad sombría que deja cicatrices profundas en la comunidad y pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones, especialmente en lo que respecta a la tenencia y regulación de armamento.
Este panorama se agrava por el debate sobre la alegada facilidad con que algunos ciudadanos pueden adquirir armas.
Activistas y miembros de organizaciones de apoyo a víctimas de violencia doméstica estiman urgente la necesidad de reformas legales que contemplen no solo la protección a quienes sufren agresiones en el hogar, sino también la revisión de las leyes que facilitan el acceso a pistolas y rifles, elemento que puede potenciar la letalidad de los conflictos familiares.
Mientras tanto, el eco de los disparos aún resuena en Sunrise, ciudad de Broward, al norte de Miami. Allí Jorge Omar Torres, de 29 años, fue arrestado tras supuestamente asesinar a su madre mientras se encontraba bajo los efectos de drogas alucinógenas.
Un video de vigilancia captó a Torres, desnudo y visiblemente desorientado, saltando vallas y deambulando por el vecindario instantes después del fatal incidente en Waterside Village Condos.
La policía, alertada por llamadas al 911, encontró el cuerpo de la víctima dentro del apartamento, junto con una pistola en el patio trasero. Este caso, particularmente perturbador por la combinación de drogas y violencia doméstica, plantea interrogantes sobre la salud mental y el acceso a sustancias ilícitas en la comunidad.
Entretanto, en la localidad de Tamarac la tragedia golpeó con fuerza en febrero cuando Nathan Gingles, un veterano del Ejército, de 43 años, perpetró un acto de violencia que segó la vida de tres personas.
Gingles, quien tenía una orden de restricción activa por violencia doméstica y un historial de denuncias, se presentó en la casa de su exesposa, Mary Gingles. Las autoridades lo acusan de disparar y asesinar a su antiguo suegro, David Ponzer, de 64 años, que se encontraba en el patio trasero.
Mary, intentando escapar, buscó refugio en la casa de un vecino, Andrew Ferrin, de 36 años. Gingles la persiguió y, según los investigadores, la asesinó, acabando de paso con la vida de Ferrin, quien intentó ayudar.
La hija de cuatro años de la pareja, Seraphine, presenció el horrendo crimen y fue secuestrada por su padre, provocando de inmediato la activación de una alerta Amber que culminó con el arresto de Gingles en un Walmart de North Lauderdale.
Sin duda alguna, este caso expone las peligrosas consecuencias del incumplimiento de las órdenes de restricción y aparentes fallas en la protección de las víctimas de violencia doméstica.
Ante estos episodios recurrentes, las autoridades del sur de Florida aseguran que han intensificado sus esfuerzos para combatir la violencia familiar.
La implementación de la Ley Gabby Petito, inspirada en el trágico caso de la joven asesinada por su pareja en 2021, introdujo evaluaciones de letalidad obligatorias para los agentes que responden a llamadas por violencia doméstica, junto con capacitación especializada.
Además, se han emitido las denominadas ‘Hope cards’, tarjetas portátiles con detalles de las órdenes de restricción, diseñadas para facilitar la verificación policial en ese tipo de circunstancias.
Asimismo, el Domestic Violence Oversight Board de Miami-Dade amplió sus servicios bilingües, incluyendo una línea de crisis operativa 24/7 (305-285-5900) y asesores legales que acompañan a las víctimas desde la denuncia hasta los tribunales.
Sin embargo, persisten desafíos significativos. Estudios realizados en comunidades con alta tasa de inmigrantes desentrañan un creciente temor para denunciar los casos de abusos debido al miedo a la deportación.
La reincidencia de agresores, a menudo debido a fallas en el sistema judicial y la saturación de casos en las cortes locales, también representa un problema grave.
El caso de Mike Kevin Jacques, arrestado en Florida el mes pasado por acoso y agresión sexual, podría ser un ejemplo de estas fallas: con antecedentes desde 2017 por violencia doméstica y exhibicionismo, recibió condenas menores que no impidieron su reincidencia.
El sociólogo Jairo Ledesma, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y Miami Dade College (MDC), ofreció a DIARIO LAS AMÉRICAS una perspectiva valiosa sobre los factores que pueden estar influyendo en el aumento de la violencia doméstica en el sur de la Florida.
Ledesma destacó que el choque cultural que experimentan muchas familias inmigrantes para adaptarse al modo de vida en Estados Unidos, con su ritmo acelerado, estrés laboral y presiones económicas, puede generar tensiones en las relaciones.
“Muchas familias vienen de otras partes, el modo de vivir en nuestros países es muy diferente que el modo de vivir acá; por eso creo que eso tiene algo que ver”, explicó el especialista, quien señaló además que el estrés cotidiano puede ser otro detonante.
Dijo también que las “dinámicas de género” en muchas culturas latinas, donde persiste una visión desigual entre hombres y mujeres, podrían generar conflictos cuando las mujeres inmigrantes acceden a una mayor igualdad y poder en la sociedad estadounidense.
“Cuando vienen acá, ese rol les cambia en parte, y eso no es nada malo, pero tener la igualdad causa, en mi opinión, cierta presión en las parejas”, afirmó el sociólogo, tras reconocer la posible existencia de un elemento de “machismo” en estos casos.
Ledesma advirtió sobre la normalización de la violencia en la sociedad estadounidense, donde los niños están expuestos a miles de incidentes violentos en la televisión y, principalmente, en los videojuegos antes de alcanzar la edad adulta. “Crecemos con esa violencia y en parte la normalizamos”, lamentó.
Para contrarrestar estas tendencias, Ledesma propuso fomentar el contacto social directo, reducir la dependencia de la tecnología y fortalecer la educación y las campañas de prevención.
“Si nos regresamos a esas conversaciones básicas, a ese levantar el teléfono o hablar directamente con la otra persona, creo que eso ayudaría mucho”, puntualizó.
En este contexto, la discusión sobre el acceso a las armas en Florida adquiere una relevancia particular. Los nuevos proyectos HB 759 y SB 94, que buscan reducir de 21 a 18 años la edad mínima para comprar rifles y escopetas, reavivan el debate sobre el control de armas en el estado.
Mientras que los defensores argumentan la restauración de derechos constitucionales y la eliminación de una “inconsistencia legal”, los críticos remarcan los riesgos de aumentar la violencia armada.
Consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS, el empresario José Salas La Riva, propietario de una tienda de armas en Doral, adoptó una postura mesurada en torno a este tema.
“Pienso que eso depende de la óptica en que miremos esas legislaciones”, afirmó. Salas La Riva reconoció que el acceso a armas puede facilitar la comisión de actos violentos, pero también apuntilló que el problema subyacente es la intención y la salud mental de quien las usa.
“La persona que quiera matar va a matar con lo que sea; el que está decidido a matar lo va a hacer con lo que sea, con lo que tenga disponible a su mano”, dilucidó Salas La Riva, enfatizando la importancia de implementar planes de prevención y atención a la salud mental.
El empresario también planteó el asunto de los derechos de los ciudadanos a poseer armas, y cuestionó si prohibir las armas a todos, “incluyendo a quienes las usan legalmente”, realmente previene la violencia.
No obstante, diversas organizaciones que promueven una regulación más estricta —como la Florida Coalition to Prevent Gun Violence— cuestionan que la facilidad para el acceso a las armas de fuego incrementa la letalidad de los episodios de violencia doméstica.
Según esa entidad, la posesión de un arma en un conflicto familiar puede transformar rápidamente una agresión en un desenlace fatal, por lo que urgen reforzar los controles de antecedentes y la supervisión sobre individuos con historiales de violencia.
Asimismo, señalan que la discusión acerca de la edad mínima para adquirir rifles y escopetas no debería limitarse únicamente a asuntos legales o constitucionales, sino contemplar de manera prioritaria la seguridad y la protección de la comunidad.
El aumento de la violencia doméstica en condados como Miami-Dade y Broward es un problema complejo, que requiere un enfoque multifacético.
No son pocas las organizaciones que han planteado la necesidad de que autoridades, grupos comunitarios y ciudadanos trabajen juntos para abordar las causas inherentes a la violencia, fortalecer los servicios de apoyo a las víctimas, promover la salud mental y garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad.
Consideran también que las decisiones oficiales sobre el acceso a las armas no deben tomarse a la ligera, considerando los riesgos y beneficios potenciales para la seguridad pública.
En este marco tan confuso, romper el silencio y educar a la comunidad son pasos que se perfilan como fundamentales para transformar esta crisis en un legado de seguridad para los residentes del sur de Florida.
Es evidente que la lucha contra la violencia doméstica es una tarea que concierne a todos, y solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá construir una sociedad más pacífica.
Descarga LA APP