La medida, que pretende dar el control de la educación a los estados y eliminar programas asociados a diversidad e inclusión, enfrenta críticas y advertencias sobre efecto en estudiantes
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra la orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación.
MANDEL NGAN / AFP Linda McMahon, Secretaria de Educación de los Estados Unidos.
X MIAMI.- El presidente Donald Trump firmó el 20 de marzo una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos, con el objetivo de devolver el control del sistema educativo a los estados, comunidades locales y familias. La polémica medida se sustenta en lo que Trump califica como un fracaso histórico de la agencia federal para mejorar el rendimiento académico, pese a décadas de millonarias inversiones.
Según el mandatario, el gobierno federal destinó más de 200.000 millones de dólares en fondos educativos durante la pandemia e invirtió otros 60.000 millones anuales de forma regular, sin que ello se refleje en mejoras en los resultados académicos.
“El cierre del Departamento de Educación brindaría a los estudiantes y sus familias la oportunidad de escapar de un sistema que les está fallando. Hoy, los puntajes de Lectura y Matemática están cerca de mínimos históricos”, afirmó Trump.
Citando los resultados de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés), Trump destacó que el 70% de los estudiantes de octavo grado no alcanzaron el nivel de competencia en Lectura y el 72% en Matemática. “La burocracia federal no está funcionando”, argumentó en el texto de la orden el presidente, quien cuenta con el apoyo de al menos 12 gobernadores republicanos.
La orden instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar todas las medidas legales necesarias para cerrar el Departamento y asegurar una transición ordenada hacia los gobiernos estatales y locales, sin interrupción en la entrega de programas y beneficios educativos.
Trump también enfatizó la necesidad de revisar el sistema de préstamos estudiantiles, al señalar que el Departamento administra una deuda superior a 1.6 billones de dólares, “una cifra comparable a la de bancos como Wells Fargo, que tiene 200.000 empleados, mientras que la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes cuenta con menos de 1.500 trabajadores. “El Departamento no es un banco”, dijo el presidente, proponiendo trasladar esas funciones a una entidad especializada. Trump sugirió que la Agencia Federal de Pequeños Negocios se podría ocuparse de realizar los préstamos estudiantiles.
La orden también prohíbe que programas educativos financiados con fondos federales promuevan “ideologías disfrazadas de diversidad, equidad e inclusión” o fomenten la “ideología de género”.
La secretaria McMahon confirmó el despido del 50% del personal del Departamento, asegurando que los recortes se centraron en cargos burocráticos duplicados. “Fue una decisión bien pensada. Los empleados despedidos recibieron tres meses de salario y paquetes de indemnización más generosos que los del sector privado”, afirmó en declaraciones a reporteros en Washington.
Coincidiendo con la visión del presidente, McMahon sostuvo que la educación debe adaptarse a las comunidades, involucrar a los padres y permitir que superintendentes y maestros definan los currículos con total transparencia.
“Cerrar el Departamento no significa cortar fondos. Seguiremos apoyando a estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, y a quienes dependen de programas esenciales”, dijo quien aspira a ser la última secretaria de Educación.
“El presidente lo dejó claro que programas como la Beca Pell (Federal Pell Grants) que subsidian los fondos para estudiantes con necesidades continuarán. Pero tiene la creencia que operarán de manera más eficiente si los administran los gobernadores y los departamentos de educación estatales”.
“Nuestro objetivo es garantizar que proveemos la mejor educación a los estudiantes de nuestro país. No podemos ser los últimos del mundo, porque nuestro trabajo impacta a nuestra seguridad nacional y a las generaciones futuras. Depende de nosotros y es nuestra responsabilidad dar mejor acceso a la educación”, agregó McMahon.
En entrevista con CNN, McMahon reconoció que trabajará con el Congreso para buscar respaldo legislativo, al admitir que actualmente no cuentan con los votos necesarios para lograr el cierre.
Una opinión compartida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien a pesar de estar en favor del cierre, declaró a The Ingraham Angle que “la orden por sí sola tiene eficacia limitada. Solo el Congreso puede eliminar al Departamento de los estatutos”.
Organizaciones sindicales y educativas expresaron su rechazo. Karla Hernández-Mats, presidenta de United Teachers of Dade —que representa a 17.000 educadores de Miami-Dade— denunció en CBS Miami que “todo se está haciendo de forma engañosa” y que “la administración Trump busca circunvalar la ley”.
Hernández-Mats destacó el desempeño del Distrito escolar de Miami-Dade, que mantiene un índice de graduación del 95% pese al alto número de estudiantes no nativos en inglés. “Eso es gracias al trabajo de nuestros educadores y programas respaldados por fondos federales. Unos 5.5 millones de estudiantes en el país acceden a estos recursos”, explicó la sindicalista quien no se opone a que se elimine la burocracia innecesaria del Departamento.
También expresó su preocupación por estudiantes con necesidades especiales —unos 7.5 millones en el país— y por los préstamos otorgados por el Departamento que facilitan el acceso a la universidad, así como los programas CTE de educación técnica.
“Esto es un ataque a las oportunidades de nuestros hijos y a la escuela pública. Si el dinero federal se dirige al estado de Florida, seguirán privatizando la educación pública”, advirtió, e instó a los padres a contactar a sus congresistas para defender el Departamento.
Andrew Spar, presidente de la Asociación de Educación de Florida, alertó sobre los efectos de los despidos masivos que se están llevando en el Departamento.
Según Spart, “los despidos reducen la capacidad de apoyar a niños con programas de educación individualizada (IEP), estudiantes en situación de indigencia y áreas rurales, y limitan el acceso a la educación superior”.
Más de 1.4 millones de estudiantes en Florida —el 50% de la población estudiantil— dependen de programas del Título I. Además, más de 400.000 estudiantes participan en programas financiados por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), esenciales para servicios de educación especial. Él mismo reconoce haberse beneficiado de IDEA al ser un estudiante con dislexia.
“Necesitamos que el Congreso actúe y proteja a nuestros estudiantes”, subrayó Spar.
El Departamento de Educación fue creado el 17 de octubre de 1979 por una ley firmada por el presidente Jimmy Carter. El objetivo de este es consolidar y organizar las funciones educativas, que hasta ese momento estaban dispersas entre otras agencias federales. Aunque no gestiona directamente el sistema escolar, juega un papel clave como regulador, financiador y defensor de la equidad educativa en todo el país. Se encarga de distribuir los fondos federales para la educación, como becas, préstamos estudiantiles, fondos para escuelas públicas y para la educación especial.
Para conocer más sobre el impacto de la orden presidencial en Florida, DIARIO LAS AMÉRICAS solicitó declaraciones al comisionado de Educación estatal, Manny Díaz, y al superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Dr. José Dotres, pero no obtuvo respuesta.
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