MIAMI. - Un tribunal de Miami-Dade ordenó a la Ciudad de Doral restablecer un plan de pensiones para exfuncionarios electos, después de dictaminar que habría actuado ilegalmente al rescindirlo en 2023.
El fallo es una respuesta a los exfuncionarios que demandaron bajo el argumento de que sus derechos de pensión se habían consolidado y que la Ciudad no podía eliminarlos retroactivamente.
Por solicitud de DIARIO LAS AMÉRICAS, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, emitió una declaración sobre el veredicto. “Es muy triste que la comunidad pierda y los residentes tengan que pagar algo tan inmoral a manos de los que supuestamente están para servirles”.
Agregó que “este no es el resultado final, hay que apelar y seguir peleando. Es la recomendación de nuestro abogado, [quien] también siguen firme en que la Ciudad tiene un mejor argumento”.
Inicio del litigio
El conflicto se originó con la Ordenanza 21-02, aprobada en 2021, que creaba un plan de pensiones para los funcionarios electos de Doral. Sin embargo, en junio de 2023, la Ciudad derogó la ordenanza al señalar que el plan era inconstitucional.
Cuatro exfuncionarios, Pedro ‘Pete’ Cabrera, Sandra Ruiz, Juan Carlos Bermúdez y Michael DiPietro, llevaron el caso a los tribunales.
Argumentaron que, al cumplir con los requisitos del plan y recibir beneficios durante casi dos años, sus derechos de pensión se habían consolidado y estaban protegidos por la Constitución de Florida.
La alcaldesa también dijo que “sabíamos que había la posibilidad de que [el caso] fuera a una corte de apelación, y es donde, en realidad, estos casos deben de ir para que los jueces vayan al grano y vean el caso completo”.
Dictamen del juez
El juez William Thomas falló a favor de los demandantes, tras afirmar que "los derechos de los demandantes a las prestaciones de pensión se habían consolidado en virtud del Plan creado por la Ordenanza 21-02".
El magistrado subrayó que la derogación del plan violaba el artículo I, sección 10 de la Constitución de Florida, que protege los derechos contractuales.
En su fallo, el juez criticó las acciones de la Ciudad, calificándolas de "perjuicio significativo e injusto" para los demandantes, quienes habían planificado sus finanzas en base a las prestaciones de pensión prometidas, según dijo.
Además de la violación constitucional, según alega el fallo emitido por el juez, el magistrado también determinó que la Ciudad habría violado las leyes estatales diseñadas para proteger las prestaciones de pensión y que los demandantes habían demostrado los requisitos para la aplicación de la excepción de ‘estoppel equitativo’, que impide que una parte se beneficie de su propio comportamiento injusto.
Sin embargo, Fraga declaró que “de mi parte seguiré peleando para que nuestros residentes no tengan que pagarles un doble retiro a políticos sin siquiera haberles consultado a los residentes”.
Qué viene
Como resultado, según el veredicto judicial, la Ciudad de Doral deberá restablecer el plan de pensiones y pagar a los demandantes todos los beneficios atrasados, incluyendo intereses.
Además, los demandantes podrán seguir recibiendo sus prestaciones de pensión según lo establecido en el plan original.
“Mi opinión de que estas pensiones son inmorales, injustas e ilegales no cambia”, señaló la edil de Doral.
El esquema de pensiones establece dos niveles de beneficios para los ex funcionarios electos. Aquellos que hubieran servido por un periodo de ocho años tenían derecho a percibir la mitad del promedio de su salario, calculado sobre sus tres últimos años en el puesto.
Por otro lado, para quienes ocuparon cargos por 12 años o más, el plan es aún más amplio, otorgándoles una pensión equivalente a la totalidad de la compensación más elevada que recibieron durante su tiempo en el cargo.
