La expulsión forzosa de residentes en un vecindario de trailers se complica por siniestros y actos delictivos; un grupo de vecinos se opone al desplazamiento
Una casa incendiada en el complejo de casas móviles en Sweetwater.
D. CASTROPÉMIAMI. – El proceso de desalojo en el parque de casas móviles Li'l Abner en Sweetwater, en el suroeste de Miami-Dade, Florida, avanza entre crecientes tensiones, incendios y denuncias de vandalismo, mientras las autoridades y los propietarios mantienen su postura frente a una comunidad dividida entre quienes ya se marcharon y quienes se resisten a desocupar los inmuebles.
La transformación de ese lugar es desgarradora. Pasó de ser un vecindario vibrante a un campo de batalla legal y emocional, donde la incertidumbre, el miedo y la indignación son el pan de cada día para aquellos que se resisten a abandonar sus hogares.
En noviembre, la vida de casi 900 familias en Li'l Abner dio un vuelco. Sin previo aviso, según muchos residentes, recibieron la noticia de que el parque cerraría permanentemente el 19 de mayo de 2025.
Se les dijo que el propietario, CREI Holdings (también conocido como Urban Group), planeaba transformar el terreno en un complejo de viviendas asequibles, una escuela, un centro de salud, un centro comunitario y un parque. Una visión de futuro que, para muchos, se convirtió en una pesadilla presente.
La promesa de una compensación escalonada – $14.000 para quienes se mudaran antes del 31 de enero, $7.000 antes del 31 de marzo y $3.000 antes del 30 de abril – sonó a muchos como un intento de acelerar un éxodo forzado, un exilio de hogares donde algunos habían vivido durante décadas.
Cerca de 650 familias aceptaron el trato, pero entre 200 y 250 se resisten, aferrándose a la esperanza de una solución más justa.
Estas familias, representadas por el abogado David Winker, emprendieron una batalla legal contra los propietarios del terreno, la Ciudad de Sweetwater y el Condado de Miami-Dade.
La demanda colectiva, presentada en diciembre, alega irregularidades en el proceso de desalojo: falta de notificación adecuada a la asociación de propietarios, negación del derecho de preferencia a los inquilinos, y un aumento de alquiler ilegal dentro de los 90 días posteriores a la notificación.
"El propietario es responsable de eso. ¿Ven a la Ciudad aquí haciendo cumplir alguna de estas reglas?", denunció Winker, tras señalar una supuesta negligencia en el mantenimiento del parque y la creciente inseguridad como argumentos para solicitar un alivio en los pagos de alquiler para los residentes afectados.
En medio de este mar de circunstancias, el domingo 9 de marzo un incendio devoró una casa móvil abandonada, que alguna vez fue el hogar de la familia Pulido.
"Este es el lugar donde crie a mis hijas y nietas", expresó Marta Pulido, con la voz quebrada por la emoción, mientras contemplaba las cenizas. Su esposo, Roberto, denunció la presencia de ocupas ilegales antes del incendio: "Rompieron una ventana grande y entraron, abriendo todo".
Esto no parece un incidente aislado para las autoridades. A medida que el parque se vacía, se ha convertido, según residentes, en un imán para intrusos, vándalos y delincuentes.
"Hay muchas personas de afuera que se meten a estas casas", relató Carlos, un joven centroamericano. Las viviendas, antes aseguradas, ahora están abiertas y vulnerables, de acuerdo con vecinos del área.
Luis de la Paz, quien residió en el parque hasta hace pocas semanas, pinta un cuadro desolador. "El intenso fuego que hubo y el vandalismo que hay en las casas desocupadas es algo preocupante. La policía apenas patrulla las calles".
De la Paz contó su propia experiencia de saqueo, con la pérdida de electrodomésticos y hasta la unidad de aire acondicionado, un robo que, según él, requirió de varios hombres para llevarse a cabo.
La angustia y la desesperación, según De la Paz, han llevado a algunos residentes a ser hospitalizados. Incluso mencionó el fallecimiento repentino de Diego Valdés, un vecino, atribuyéndolo al "dolor compartido de ver nuestras vidas destruidas por la codicia de propietarios y políticos".
Las autoridades de Sweetwater ofrecen una narrativa radicalmente diferente. Álvaro Zabaleta, jefe de Comunicaciones de la Ciudad, afirmó que "no hay nadie [intrusos] viviendo en las casas vacías".
El portavoz reconoció dos arrestos, pero los describió como incidentes de personas que buscaban "objetos reciclables, tal vez cobre". También puso de relieve el arresto de una pareja por consumo de drogas.
Zabaleta insistió en que el incendio “podría haber sido intencional”, por lo que las investigaciones fueron asumidas por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, y enfatizó que la seguridad es "algo que tiene que ofrecer el dueño del lugar".
Aun así, afirmó el vocero, “se les ha dicho a los oficiales del Área 1 de la ciudad que durante su turno pasen por el lugar, pero esto es algo que tiene que garantizar el propietario contratando a nuestra Policía o a una agencia externa”.
Hace un par de meses, el alcalde de Sweetwater, José "Pepe" Díaz, expresó públicamente su preocupación por los residentes afectados y dijo que había mantenido reuniones con los propietarios, sus representantes y el director de Vivienda del Condado Miami-Dade.
No obstante, estas acciones son vistas con escepticismo por algunos residentes, quienes las consideran insuficientes y tardías.
Ana Castaño, una mujer de unos 60 años, sostuvo que hay rumores de que el propietario del terreno habría dado un plazo final para desalojar hasta el mes de noviembre. Carlos, el joven centroamericano, también aseguró haber escuchado este rumor.
DIARIO LAS AMÉRICAS intentó corroborar esa información en la oficina que administra el parque. Varias personas que también buscaban realizar alguna gestión en ese lugar aseveraron que “siempre que venimos, está cerrada”. Eran aproximadamente las 4:30 p.m.
La demanda colectiva también saca a la luz alegaciones de fraude. Algunos residentes compraron sus casas móviles poco antes de recibir los avisos de desalojo y afirman que no fueron informados sobre los planes de reurbanización.
De la Paz, quien conserva un certificado de marzo de 2018, denunció que los documentos de compra estaban marcados engañosamente con un "No" a la pregunta: "¿Tiene el propietario del parque planes para realizar cambios?".
Nereida, una residente que se mantiene en su propiedad, compartió su frustración. "Pusieron unos papeles en la puerta. Ni siquiera fue una carta", reclamó. “En definitiva, nos quieren botar como perros”, lamentó.
A medida que se acerca la fecha límite del 19 de mayo, el futuro de los residentes que permanecen en Li'l Abner es incierto. La batalla legal continúa, pero la realidad cotidiana es de inseguridad, angustia y desesperación.
El caso de Li'l Abner trasciende las fronteras de Sweetwater y puede compararse con un espejo o un eco de desafíos que enfrentan muchas comunidades vulnerables: el desplazamiento forzado y la falta de acceso a una vivienda asequible.
El caso de Li'l Abner no es solo un desalojo. Muchos lo consideran una crisis humanitaria, un reflejo de grietas en el sistema, y un llamado a la acción para proteger a personas en desventaja social y económica.
El parque de casas móviles era albergue de 909 hogares, lo que representaba el 20% de la población total de Sweetwater, estimada en aproximadamente 20.000 habitantes. Sin embargo, el alcalde Díaz considera que la cifra podría oscilar en unos 25.000.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién escuchará este llamado y quién actuará para evitar que historias como esta se repitan? La batalla por Li'l Abner parece aún lejos de terminar.
Descarga LA APP
video