Los avances en infraestructura marcaron un año de cambio, mientras que la seguridad pública y las iniciativas de desarrollo enfrentaron retos, incluyendo un nuevo puente peatonal que conectará a FIU con la ciudad
MIAMI.- Sweetwater, una ciudad en constante evolución en el condado Miami-Dade, ha sido protagonista de importantes transformaciones y acontecimientos en 2024. Desde ambiciosos proyectos de expansión urbana hasta eventos que celebran la identidad comunitaria, la localidad se muestra como un modelo de desarrollo en el sur de Florida.
El desalojo de una amplia comunidad de casas móviles se convirtió en un asunto preocupante, al tiempo que la seguridad pública, el impulso a la infraestructura y la revitalización de espacios urbanos han sido temas clave este año que está a punto de culminar.
La construcción de un nuevo puente peatonal que conectará Sweetwater con la Universidad Internacional de Florida (FIU) marca un hito en la búsqueda de soluciones seguras para el creciente tránsito peatonal.
Sin embargo, algunas instituciones y personas se opusieron al proyecto tras poner en contexto los recuerdos del trágico colapso del puente anterior en 2018, que dejó seis muertos. Pese a estas preocupaciones, las autoridades estatales han destacado los avances en seguridad y diseño para garantizar que esta nueva estructura cumpla con los más altos estándares.
Además, proyectos residenciales y comerciales de gran envergadura buscan atraer a miles de nuevos habitantes y dinamizar la economía local.
Tras el colapso del puente peatonal, en septiembre se anunció la construcción de una nueva estructura que conectará FIU con Sweetwater.
El proyecto, a cargo del Departamento de Transporte de Florida (FDOT), tendrá un costo de 38 millones de dólares y utilizará un diseño atirantado de acero para garantizar mayor seguridad. Con una duración estimada de dos años, se espera que esté listo para el otoño de 2026.
El nuevo puente, financiado con fondos estatales y federales, cubrirá ocho carriles de tráfico en la calle 8, con el fin de mejorar la seguridad de más de 5.000 estudiantes que cruzan esta vía.
Para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito durante la construcción, el alcalde José ‘Pepe’ Díaz anticipó la posibilidad de asignar personal policial al área. Asimismo, se implementarán campañas educativas dirigidas a los estudiantes para fomentar el uso correcto del puente y reducir accidentes peatonales.
El edil Díaz dijo en marzo que tiene como objetivo propiciar un aumento en la población de Sweetwater en "entre 7,000 y 10,000 nuevos residentes" en los próximos cinco años, impulsando la construcción de nuevos edificios residenciales.
Uno de los proyectos más destacados es un complejo con 1.800 unidades residenciales frente a FIU, diseñado para beneficiar tanto a estudiantes como a residentes permanentes. Además, el alcalde buscaba incorporar entre 12 y 15 nuevos oficiales a la Policía local, que en su momento contaba con entre 70 y 80 agentes.
La seguridad ha sido reforzada mediante la división del patrullaje en tres sectores y el uso de drones para monitorear áreas clave, como el centro comercial Dolphin Mall, donde el tiempo de respuesta a emergencias es de solo dos a tres minutos.
De acuerdo con el alcalde, estos esfuerzos han devuelto el "orgullo" al departamento de Policía, que ahora está más motivado y conectado con la comunidad.
También se han iniciado programas de proximidad para fomentar una relación más estrecha entre los oficiales y los ciudadanos, en buscar de mejorar la confianza y colaboración entre ambas partes.
El megaproyecto de uso mixto Upland Park representa una inversión de 1.000 millones de dólares en terrenos cercanos al Dolphin Mall. Este desarrollo privado incluirá 1.700 residencias para alquiler, 140.000 pies cuadrados de comercios, 427.000 pies cuadrados de oficinas, un hotel de 12 pisos y una escuela chárter.
La construcción, a cargo de Terra Group, se realizará en tres fases y se espera que finalice en 2030.
Upland Park también contempla una mejora de 20 millones de dólares en Dolphin Station, así como áreas verdes y diseños peatonales armónicos.
Según sus promotores, este proyecto cumple con los criterios del Código de Zonificación del condado de Miami-Dade y refuerza el crecimiento sostenible de Sweetwater.
Además, se prevé que Upland Park genere cientos de empleos locales durante su construcción y operación, contribuyendo significativamente a la economía de la región.
La primera fase incluirá la construcción de cuatro edificios residenciales de tres pisos y una torre de 15 pisos, mientras que las fases siguientes contemplarán la incorporación de áreas recreativas, una escuela y espacios comerciales.
A finales de noviembre, un presunto miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua fue arrestado tras un incidente en el Dolphin Mall.
Abrahan De Jesús Mavo-Bracho, de 20 años, enfrentó cargos por hurto mayor, agresión a un oficial y resistencia al arresto.
Durante su detención, se recuperaron bienes robados valorados en 1.100 dólares. Mavo-Bracho, quien estaba bajo vigilancia migratoria, negó su afiliación a la pandilla, pero su tatuaje fue identificado como un símbolo asociado al Tren de Aragua.
Este arresto fue resultado de una operación coordinada entre la Policía de Sweetwater y agencias federales, lo que, según las autoridades locales, demostraría la efectividad de las nuevas estrategias de seguridad implementadas en esa ciudad.
Las autoridades locales han enfatizado su compromiso con mantener la seguridad en áreas comerciales y residenciales, enviando un mensaje claro a las organizaciones delictivas.
La tranquilidad de más de 900 familias en el parque de casas móviles Li'l Abner, en la ciudad de Sweetwater, se vio sacudida por una decisión que cambiará sus vidas para siempre: el desalojo de esa comunidad para dar paso a un nuevo proyecto urbanístico.
Este parque, hogar de más del 20% de la población de Sweetwater, ha sido durante más de cuatro décadas un refugio para familias trabajadoras y de bajos ingresos. Ahora, enfrentan el desafío de encontrar un nuevo lugar donde vivir, mientras luchan contra la incertidumbre y la desesperación.
La compañía propietaria del terreno estableció un plazo de seis meses para que las familias abandonen sus hogares. Aunque se ha ofrecido una compensación económica escalonada, que va desde 14.000 dólares para quienes se muden antes de finales de enero, hasta 3.000 dólares para los últimos en salir en abril, la mayoría de los residentes considera insuficiente esta oferta ante la crisis de vivienda asequible que afecta a Miami-Dade.
El alcalde de Sweetwater, José ‘Pepe’ Díaz, afirmó que ha intentado mediar con la empresa para extender el plazo, pero sin éxito. Mientras tanto, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también aseguró que ha buscado recursos estatales para aliviar el impacto de este desalojo masivo.
En medio de este tenso panorama, un video de vigilancia desató la indignación de la comunidad. En las imágenes, se observa a Vivian Hernández, una mujer de 61 años afectada por el desalojo, siendo aparentemente sometida por un oficial de policía dentro de la oficina administrativa del parque.
Hernández, quien se encontraba sentada, manifestó que esperaba para pagar su renta. Según el video, el oficial no intentó calmar la situación, sino que optó por un uso de fuerza que los residentes consideran excesivo.
El incidente llevó a una protesta pacífica frente al Departamento de Policía de Sweetwater. Los vecinos exigieron justicia y pidieron el despido del oficial involucrado. Hernández, visiblemente afectada, expresó: "No tenía derecho a maltratarme por expresar mi opinión. Quiero que lo boten de la policía".
Por su parte, el alcalde Díaz calificó el incidente como "desafortunado" y aseguró que se realizará una investigación exhaustiva para determinar si se cumplieron los protocolos de uso de fuerza.
“La información preliminar revela que el oficial fue convocado por una perturbación en la oficina administrativa, pero revisaremos a fondo lo ocurrido para garantizar que las directrices legales se hayan cumplido”, declaró.
El desalojo del parque de casas móviles no solo amenaza con desplazar a cientos de familias, sino que también expone las fisuras de una política de vivienda que, según sus críticos, no ha logrado proteger a los más vulnerables en Florida.
Aunque la ley Live Local Act busca facilitar la construcción de viviendas asequibles, los críticos cuestionan si la empresa propietaria puede beneficiarse de esta normativa mientras deja sin hogar a más de 900 familias de bajos ingresos.
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