La propuesta apoyada por DeSantis enfrenta resistencia en el Senado estatal y oposición de estudiantes después del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida
Estudiantes realizan una vigilia por las víctimas del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida.
AFPMIAMI.- El reciente tiroteo mortal en la Universidad Estatal de Florida (FSU) reavivó el debate sobre el control de armas en el estado, poniendo en el centro de la controversia una propuesta legislativa que busca reducir de 21 a 18 años la edad mínima para comprar rifles y otras armas largas.
La oposición más vehemente proviene de un grupo con una trágica autoridad moral para hablar sobre el tema: sobrevivientes de la masacre de Parkland de 2018 que ahora estudian en FSU y tuvieron que revivir el horror de un tiroteo en el campus universitario.
En una contundente carta dirigida al gobernador Ron DeSantis, quien apoya la reducción de edad, 28 sobrevivientes de Parkland, encabezados por la activista Jaclyn Corin, fundadora de March For Our Lives y ahora estudiante de FSU, calificaron la iniciativa de "impensable" y "peligrosa".
El 17 de abril la comunidad de FSU fue sacudida cuando Phoenix Ikner, un estudiante de Ciencias Políticas de 20 años abrió fuego cerca del centro de estudios superiores en Tallahassee.
Utilizando el arma de servicio de su madre, una agente del sheriff con 18 años de experiencia, a Ikner se le acusa de provocar la muerte de dos personas (ninguna estudiante) y de herir a otras seis antes de que la situación fuera controlada.
El incidente, catalogado como el sexto tiroteo masivo en EEUU en 2025, forzó a cientos de estudiantes a refugiarse mientras sonaban las alertas de tirador activo.
La tragedia en FSU renovó la lucha contra la propuesta de ley HB 759, que revertiría una de las principales medidas de control de armas adoptadas tras la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, donde un joven de 19 años asesinó a 17 personas en 2018.
Esa ley, firmada por el entonces gobernador Rick Scott, elevó a 21 años la edad mínima para comprar armas largas, alineándola con la restricción federal existente para armas de mano.
“Es irónico que la misma ley que se promulgó gracias a nuestras voces sea la que ahora está siendo amenazada justo después de nuestra segunda experiencia con un tiroteo escolar”, escribieron los estudiantes que rechazan la norma en ciernes.
“Retroceder en esta normativa deshonraría las vidas que perdimos en Parkland y Tallahassee, y supondría una bofetada a los supervivientes y también ignora el trauma que llevamos”, dijeron en su declaración.
La propuesta ya fue aprobada en la Cámara de Representantes de Florida (78-34) el 26 de marzo, con el respaldo del presidente de la Cámara, Daniel Pérez. Sin embargo, su futuro en el Senado estatal es incierto.
La senadora Kathleen Passidomo, figura clave en el liderazgo republicano del Senado en ciclos anteriores, ha sido tajante: “No he cambiado mi postura. Tuve claro desde el primer día que no voy a sustituir la ley tras lo de Parkland. Yo estaba allí”.
Su comité en la Cámara Alta aún no ha agendado la medida que deberá ser sometida a votación.
Por su parte, el actual presidente del Senado, Ben Albritton, miembro vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), no ha comprometido su apoyo al proyecto de ley y se mostró conmovido al recordar una visita al lugar de la masacre en Parkland.
La oposición se extiende más allá de los sobrevivientes. Estudiantes de FSU se manifestaron en el Capitolio estatal junto a legisladores demócratas que relataron el terror vivido y alegada falta de medidas básicas de seguridad.
“Construimos barricadas ese día con solo sillas. No había cerraduras en las puertas”, contó Daniel Mizhi, de 22 años.
Al respecto, el presidente Donald Trump lamentó la “tragedia” de FSU, pero reafirmó su defensa de la Segunda Enmienda, tras declarar que “el arma no provoca el tiroteo, son las personas las que lo hacen” y, dijo, seguirá protegiendo este derecho.
Mientras Florida procesa el impacto de otro tiroteo perpetrado por un joven con acceso a un arma, la batalla legislativa sobre la edad mínima para comprarlas pone de manifiesto profundas divisiones en el estado y la persistente lucha de una generación marcada por la violencia armada escolar.
La decisión final del Senado determinará si Florida mantiene una de las más importantes restricciones implementadas luego del suceso en Parkland o si revierte su curso como respuesta a la nueva tragedia en FSU.
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