La norma impone sanciones más severas a inmigrantes indocumentados y obliga a funcionarios locales a colaborar con ICE, advierten posibles impugnaciones
Capitolio estatal de Florida.
CÉSAR MENÉNDEZ/DLA IMIAMI. - El 13 de febrero pasado, el gobernador Ron DeSantis firmó un paquete legislativo que endurece las medidas contra la inmigración ilegal. Entre sus disposiciones, se establecen penas más severas para extranjeros sin estatus legal que cometan delitos y sanciones para funcionarios locales que se nieguen a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, algunos expertos califican estas leyes de inconstitucionales.
Las normativas SB-2C y SB-4C han generado controversia, principalmente por diferenciar la aplicación de la ley según el estatus migratorio del acusado. Se introduce la categoría de "delincuente peligroso no autorizado", lo que incrementa la severidad de las penas para inmigrantes indocumentados.
Bajo esta norma, cualquier inmigrante sin estatus legal arrestado por un delito violento no podrá ser liberado antes de su primera audiencia. Si en dicha audiencia se confirma su estatus, se presumirá un alto riesgo de fuga y se ordenará su detención sin derecho a fianza.
Además, la legislación dispone que un inmigrante indocumentado condenado por un delito capital en Florida recibirá automáticamente la pena de muerte, sin opción a cadena perpetua. Esta disposición elimina la discrecionalidad judicial, algo que la Corte Suprema de EEUU ha rechazado en fallos anteriores.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en el caso Woodson v. North Carolina (1976), la Corte determinó que las sentencias de muerte obligatorias son inconstitucionales, ya que impiden considerar las circunstancias individuales del acusado. "Las sentencias de muerte obligatorias tratan a los acusados como una masa sin rostro", señala el fallo.
Durante la sesión legislativa especial en la que se aprobaron estas leyes, la senadora demócrata Barbara Sharief, del condado de Broward, expresó su rechazo:
"La Constitución garantiza la igualdad de protección ante la ley, y la justicia debe aplicarse sin discriminación. Crear un castigo más severo para los inmigrantes viola los principios de equidad y debido proceso que definen nuestro sistema legal.”
Otro punto controversial es la prohibición de medidas que restrinjan la cooperación entre agencias locales y autoridades federales de inmigración. La ley exige que todas las jurisdicciones acaten las órdenes de detención de ICE, estableciendo sanciones de hasta 5.000 dólares y la posible suspensión del cargo para los funcionarios que se nieguen a colaborar.
Los sheriffs y jefes de policía deberán garantizar que sus agencias trabajen activamente con el gobierno federal en la detención de inmigrantes indocumentados. Asimismo, alcaldes y comisionados locales deberán asegurarse de que los departamentos de policía y cárceles cumplan con las órdenes de ICE.
Si estas decisiones legales están con conflicto con la Constitución y los derechos fundamentales ¿por qué la ley no ha sido impugnada?
El abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela explicó que una ley no puede ser impugnada por el mero hecho de ser aprobada, sino que debe demostrarse que su aplicación genera un daño irreparable.
"Para que una demanda prospere, el demandante debe probar en la Corte que la aplicación inconstitucional de la norma le ha causado un perjuicio irreparable", precisó.
En el caso de un inmigrante indocumentado, la aplicación de la norma solo ocurre si comete un delito y se le impone el agravante establecido en la ley. Es decir, la disputa legal no se materializa hasta que esto sucede, lo que impide impugnar la norma antes de su aplicación.
"Si ese indocumentado es condenado por un delito que tiene como agravante su estatus migratorio, podría apelar dentro de sus garantías procesales, y la Corte tendría que analizar su constitucionalidad en la aplicación del caso.”
Distinto es el caso de quienes podrían ser sancionados por trabajar con inmigrantes. Rodríguez Varela citó como ejemplo la ley SB 1718, aprobada en 2023, que criminalizaba el transporte de indocumentados dentro de Florida.
"Esta norma fue impugnada por la Asociación de Trabajadores Agrícolas, que argumentó que su aplicación les causaba daños irreparables, ya que podrían ser arrestados por cumplir con su labor, sin cometer ningún delito", explicó el abogado.
En respuesta, la Corte emitió una orden preliminar para suspender la aplicación de la ley mientras se evaluaba su constitucionalidad.
Otro grupo que podría impugnar la legislación son los funcionarios locales que se nieguen a hacer cumplir normas migratorias federales. Rodríguez Varela enfatizó que una ley estatal no puede obligar a las agencias locales a colaborar con ICE sin una orden judicial.
"La aplicación de las leyes de inmigración es competencia del gobierno federal. No se puede forzar a las agencias estatales o locales a hacer cumplir estas leyes a menos que lo hagan voluntariamente.”
Si un funcionario es sancionado por no acatar la ley, podría alegar daños irreparables y solicitar la suspensión de la norma en los tribunales federales.
"Si estas entidades aceptan colaborar y recibir fondos federales, pueden reforzar su cooperación. Sin embargo, una ley estatal no puede imponerles obligaciones que contradigan la Constitución."
En este sentido, aquellos funcionarios que no estén de acuerdo con la norma podrían argumentar su inconstitucionalidad y solicitar su suspensión en la Corte.
Rodríguez Varela concluyó que es posible que se presenten demandas para suspender temporalmente la legislación hasta que se determine su validez constitucional.
"Si alguien puede demostrar que su aplicación inconstitucional le genera un perjuicio irreparable, la Corte podría frenar su implementación mientras se resuelven las disputas judiciales."
En ese escenario, la ley no sería invalidada de inmediato, pero su aplicación podría quedar en pausa mientras se desarrolla el proceso legal.
Descarga LA APP