MIAMI.- La Asociación de Sheriffs de Florida anunció que los 67 condados del estado firmaron acuerdos con autoridades federales para apoyar las tareas de regulación migratoria impulsadas por la Casa Blanca.
El paso dado permite a las fuerzas del orden locales identificar y retener a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos o cuenten con órdenes de deportación.
La medida se complementa con la ley estatal SB 4-C, aprobada en una sesión especial del Congreso floridano realizada en semanas recientes, que tipifica como delito el ingreso o intento de ingreso de personas sin autorización y establece penas de prisión obligatorias de nueve meses.
Los legisladores de Florida también acordaron la creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración, integrada por el gobernador Ron DeSantis y altos funcionarios estatales, lo que refuerza la coordinación en la implementación de estas políticas migratorias.
Postura de DeSantis
El gobernador DeSantis ha promovido activamente el programa 287(g) como parte central de su estrategia para combatir la inmigración ilegal en el estado.
Con el fin de fortalecer el plan, DeSantis firmó acuerdos para que agencias estatales como el Departamento de Cumplimiento de la Ley, la Guardia Estatal y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre se integren al esquema.
Estos acuerdos permiten a los citados organismos detener e interrogar a personas sospechosas de estar ilegalmente en Estados Unidos, ejecutar órdenes de deportación y transferir detenidos directamente a ICE, además de capacitar a agentes locales para realizar funciones migratorias federales como la toma de huellas y declaraciones.
En declaraciones recientes, DeSantis enfatizó que "Florida lidera el camino en la lucha contra la inmigración ilegal; estamos restaurando el Estado de derecho con la administración Trump".
A juicio del gobernador, esta medida acelera las deportaciones al evitar retrasos burocráticos y protege a las comunidades, además de combatir a criminales extranjeros al vincular la acción a la expulsión de personas con antecedentes penales.
Asimismo, criticó la inacción del programa durante el gobierno de Biden y destacó su reactivación con la administración Trump, tras afirmar que el 287(g) es esencial para cumplir el mandato de expulsar inmigrantes ilegales.
Oposición
Estas medidas han generado controversia, ya que algunos sectores advierten sobre el impacto negativo en ámbitos económicos que dependen de la mano de obra inmigrante.
Como respuesta a estas iniciativas, organizaciones legales prevén desafíos judiciales, especialmente por cláusulas como la 'pena de muerte automática' para ciertos delitos cometidos por indocumentados.
A pesar de las críticas, DeSantis mantiene un discurso enfocado en convertir a Florida en un modelo nacional de aplicación estricta de las leyes migratorias, priorizando la colaboración entre los ámbitos estatal y federal a través del programa 287(g).
Declaraciones y perspectivas operativas
El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, integrante de la recién creada Junta Estatal de Control de Inmigración, destacó la responsabilidad de cumplir la ley, y subrayó que se priorizará la detención de quienes representen un riesgo para la seguridad pública.
Aun así, las autoridades han hecho hincapié en la limitada capacidad de los centros de detención —con aproximadamente 2.000 camas en Florida—, una situación que obliga a focalizar esfuerzos en aquellos que reinciden o suponen un peligro real.
