Agentes de patrullas carreteras de Florida podrán actuar como oficiales de inmigración para identificar, arrestar y expulsar a extranjeros ilegales
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
X Goverment Miami.- En un esfuerzo por alinear la agenda estatal con la política migratoria de la Casa Blanca, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes en Tallahassee la firma de un acuerdo entre Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).
“El presidente Donald Trump obtuvo su victoria en las recientes elecciones con la promesa de implementar el mayor programa de deportación de inmigrantes ilegales en la historia de EEUU. Pero este propósito es imposible de lograr sin la colaboración de estados como Florida para facilitar las operaciones federales”, declaró DeSantis en rueda de prensa.
El acuerdo, firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional y la FHP, permitirá a los agentes estatales desempeñar funciones específicas de oficiales de inmigración dentro del estado.
“Estamos orgullosos de ser el primer estado del país en suscribir un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para ejecutar tareas de control migratorio a nivel local”, añadió el gobernador.
El documento, rubricado bajo el Programa de Cooperación 287(g), autoriza al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a entrenar a agentes de la FHP en labores migratorias.
“Este programa permite a ICE delegar en el estado y en los oficiales locales la autoridad para realizar funciones específicas de oficiales de inmigración, siempre bajo supervisión federal”, explicó DeSantis.
El convenio también facilita operativos conjuntos entre ICE y agencias estatales para identificar y deportar a delincuentes ilegales encarcelados, evitando su liberación en las comunidades.
Según el gobernador, el acuerdo otorga a los agentes de patrullas carreteras la facultad de interrogar a cualquier persona sospechosa de estar en el país sin documentos.
“Si se determina que violaron su estatus migratorio, enfrentarán cargos estatales o federales. Esto significa que los oficiales de la FHP podrán arrestar y detener a extranjeros que intenten ingresar ilegalmente a EEUU por puertos de entrada o por mar en cualquier punto de la costa de Florida”, detalló.
Además, los oficiales podrán retener a inmigrantes ilegales sin la “innecesaria demora” para su revisión por parte de las autoridades migratorias. También tendrán la capacidad de realizar arrestos por delitos federales relacionados con la admisión, exclusión y expulsión de extranjeros.
El nuevo contrato otorga a la FHP autoridad para ejecutar órdenes de arresto por violaciones a la ley de inmigración, administrar juramentos y recopilar pruebas esenciales para los procesos de deportación, como fotografías, huellas dactilares e interrogatorios.
“Esto significa que los oficiales de la FHP podrán iniciar los procedimientos de deportación y trasladar a los inmigrantes indocumentados a centros designados por ICE en lugar de liberarlos en nuestras comunidades”, enfatizó DeSantis.
“Tenemos la oportunidad de acabar con la crisis de inmigración ilegal en nuestro país de una vez por todas”, concluyó el gobernador.
Por su parte, Dave Kerner, director del Departamento de Seguridad de Carreteras de Florida, informó que en los últimos ocho días se realizaron operaciones coordinadas con ICE, enfocadas en organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
“Todos los inmigrantes ilegales involucrados en estas operaciones habían cometido delitos como homicidio agravado, violencia doméstica, robo de armas, fraude y posesión de sustancias controladas con intención de distribución”, afirmó Kerner.
Según el funcionario, la patrulla de carreteras de Florida brindó asistencia técnica y operativa, incluyendo el uso de drones y análisis de inteligencia.
“Este acuerdo simboliza el cumplimiento de las promesas del gobernador DeSantis y del presidente Trump para reforzar la seguridad fronteriza”, puntualizó.
En Florida residen aproximadamente 1,2 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales ven con preocupación las nuevas iniciativas estatales contra la inmigración irregular.
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