La ley ampliaría la obligación de usar E-Verify, actualmente limitada a empresas con 25 o más trabajadores; se agudizarían las políticas migratorias en Florida
Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
IA - HOMELAND SECURITYMIAMI.- Florida podría ampliar su ya estricto marco regulatorio sobre verificación de elegibilidad laboral, un paso que profundizaría las políticas migratorias que han transformado el panorama económico y social del estado en los últimos años.
El proyecto de ley HB 955, que eliminaría el umbral actual y requeriría que todas las empresas usen el sistema federal E-Verify, superó su primer obstáculo en la Cámara de Representantes de Florida.
Esta medida intensificaría las políticas estatales contra la contratación de personal sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
El martes 1 de abril, el Subcomité de Industrias y Actividades Profesionales de la Cámara aprobó la HB 955 con una votación de 12-4, estrictamente dividida por líneas partidistas. El proyecto se encontraba en el Comité de Comercio para continuar su trámite legislativo.
Impulsada por el representante republicano Berny Jacques, la ley ampliaría la obligación de usar E-Verify, actualmente limitada a empresas con 25 o más trabajadores.
"Vimos [la ley anterior de 2023] como un gran paso adelante", explicó Jacques. "Y ahora terminamos el trabajo".
Si la ley se aprueba, a partir del 1 de julio de 2025 cada empleador privado en Florida deberá usar E-Verify para confirmar la elegibilidad laboral de nuevos empleados, sin importar el tamaño de su empresa.
La propuesta en ciernes profundiza la ley SB 1718, firmada por el gobernador Ron DeSantis el 10 de mayo de 2023, que entró en vigor el 1 de julio del mismo año.
Esa legislación no solo impuso el requisito de E-Verify a las empresas con más de 25 empleados, sino que también exigió a los hospitales que aceptan Medicaid preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes.
La SB 1718 también incluyó disposiciones polémicas como la criminalización del transporte hacia Florida de personas indocumentadas, aspecto que posteriormente enfrentó desafíos legales.
Organizaciones como el American Immigration Council, la ACLU y Americans for Immigrant Justice presentaron una demanda bajo el argumento de que la disposición legal violaba la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda.
El impacto de las políticas migratorias se hace sentir en diversos sectores de la economía floridana, particularmente en áreas con alta concentración de trabajadores inmigrantes.
Jeannette Matta, fundadora de la fundación Miel y Canela que educa a inmigrantes sobre sus derechos, ha sido testigo directo del impacto de SB 1718.
“¿Ves estos campos? Apenas hay trabajadores allí. ¿Por qué? Porque ese es el impacto de la 1718”, señaló.
Asimismo, Miguel Hernández, pequeño agricultor de Homestead, expresó su preocupación ante la posible expansión del requisito de E-Verify.
“Ya perdimos casi el 30% de nuestra fuerza laboral después de la ley del 2023”, sostuvo mientras su mirada se perdía en el horizonte.
“Si ahora pequeños negocios como el mío tienen que usar E-Verify, no sé cómo vamos a sobrevivir. Las cosechas se pudren en los campos porque no hay quien las recoja”, aseguró el emprendedor de origen centroamericano.
La actividad económica en áreas como Homestead, en el sur del condado Miami-Dade, ha disminuido drásticamente. Algunos comerciantes reportan reducciones hasta del 50% en sus ventas.
“Es como si la gente tuviera miedo de salir. No estamos vendiendo ni la mitad de lo que vendíamos hace unos meses”, expresó Jennifer Leos, propietaria de un negocio en la zona.
Carlos Ramírez, dueño de una pequeña empresa de construcción en Fort Lauderdale, manifestó su apoyo a la medida.
“Como inmigrante legal que sigo todos los procedimientos, creo que las empresas deben contratar solo a personas autorizadas para trabajar. El sistema E-Verify nos ayuda a mantener un campo de juego nivelado para todos los contratistas”, dijo Ramírez.
En contraste, Roberto Fernández, propietario de una empresa mediana de construcción en Miami con alrededor de 20 empleados, dijo temer las consecuencias de la expansión de las restricciones.
“Actualmente no estamos obligados a usar E-Verify, pero si esta ley pasa, tendremos que implementarlo. La construcción ya sufre escasez de mano de obra, y muchos proyectos se retrasarán o encarecerán. Los costos adicionales se trasladarán a los consumidores”, subrayó.
El debate legislativo muestra una clara división. Jacques, inmigrante haitiano proponente de la nueva ley, esbozó que la norma en ciernes simplemente refuerza la normativa federal existente.
“Esas personas [sin autorización] no deberían trabajar en nuestros estados”, declaró, al tiempo que hizo hincapié en la diferencia entre inmigrantes legales e ilegales.
En su justificación del proyecto, Jacques enfatizó: “HB 955 amplía los requisitos de E-Verify para incluir a todos los empleadores privados, garantizando que cada nueva contratación esté legalmente autorizada para trabajar en los Estados Unidos”.
Y acotó: “Al exigir el cumplimiento en todos los ámbitos, esta legislación responsabiliza a las empresas y evita que los malos actores socaven a los trabajadores estadounidenses con mano de obra ilegal”.
Por el contrario, la representante demócrata Anna Eskamani advirtió sobre las posibles consecuencias económicas.
En su opinión, “no tenemos una fuerza laboral para apoyar la creciente población de Florida en agricultura, turismo y atención médica. Dependemos mucho de la mano de obra inmigrante”.
Eskamani también criticó el “dramáticamente roto” sistema migratorio federal y cuestionó la carga financiera para las pequeñas empresas.
La propuesta de ampliar E-Verify se suma a un entorno cada vez más complejo para los inmigrantes indocumentados en Florida.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó significativamente sus operaciones en Florida durante los primeros meses del año, con el objetivo de detener y deportar a inmigrantes indocumentados alineándose con las políticas de la Casa Blanca.
El 27 de enero, la Patrulla de Carreteras de Florida colaboró con agentes federales en el condado de Jefferson en la detención de 12 personas identificadas como posibles inmigrantes sin documentos legales.
La agencia estatal declaró estar “lista y dispuesta a seguir el ejemplo del gobernador y trabajar con socios federales para ejecutar el mandato de inmigración ilegal”.
Estas redadas han generado un ambiente de miedo entre los inmigrantes, quienes evitan incluso actividades cotidianas por temor a ser detenidos, una situación que afecta a negocios locales, según declaraciones de sus propietarios.
A este cúmulo de normas y acciones oficiales se añade que Florida implementó en marzo la ley SB-2, considerada por expertos como la legislación migratoria más dura del país.
Esta norma aumenta las penas para delitos menores cometidos por inmigrantes indocumentados y ordena la pena capital en casos de asesinato en primer grado o violación de menores.
Por ejemplo, un hurto menor que normalmente se castigaba hasta con un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares, si es cometido por un inmigrante indocumentado, ahora se sanciona hasta con cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares.
El congresista Jacques destacó que el uso de E-Verify es gratuito para las empresas. Además, la ley otorgaría un período de gracia de 30 días para cumplir con la verificación, según remarcó.
Las multas por incumplimiento, hasta $1,000 diarios y posible suspensión de licencias comerciales, solo se aplicarían tras tres infracciones en un período de 24 meses.
“Tienes un buen tiempo para hacerlo bien”, afirmó Jacques, quien insistió en que la legislación no es una “trampa”.
Aun así, el impacto potencial podría ser vasto. Más de 441.000 empresas en Florida tienen menos de 20 empleados, según datos de 2023, y actualmente no necesitan o están obligados a usar E-Verify.
Mientras la HB 955 continúa su trámite en la Cámara, el Senado estatal aún no aborda esta propuesta.
No obstante, existen otras iniciativas relacionadas: un proyecto demócrata propone multas elevadas por contratar trabajadores no autorizados, y uno republicano busca añadir penalidades y también exige E-Verify universal.
Críticos como Samuel Vilchez Santiago, de la American Businesses Immigration Coalition, alertaron en 2023 que estas políticas pueden frenar el crecimiento económico por falta de mano de obra.
“Lo que muchos no entienden es que estas medidas no solo afectan a los trabajadores indocumentados, sino a toda la economía de Florida”, señaló.
Entretanto, los partidarios celebran el endurecimiento previsto.
El representante estatal Jacques afirmó que “estoy orgulloso porque desde que el gobernador DeSantis firmó nuestra ley, hemos visto una disminución del 54% en los dólares de impuestos gastados en servicios médicos para extranjeros ilegales dentro de nuestro estado”.
A su juicio, “la ley claramente está eliminando los incentivos para que los ilegales se establezcan en Florida”.
E-Verify es un sistema web federal creado en la década de 1990 que permite a los empleadores verificar la elegibilidad de empleo de los nuevos contratados.
El sistema compara la información del formulario I-9 del empleado con registros disponibles en la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque el sistema es voluntario a nivel federal (excepto para contratistas federales), estados como Florida han implementado leyes que lo hacen obligatorio.
Actualmente, 22 estados requieren el uso de E-Verify por parte de algunos o todos los empleadores.
Los empleados deben proporcionar su número de Seguro Social cuando el empleador participa en E-Verify, y las empresas deben retener los documentos utilizados para verificar la elegibilidad durante al menos tres años.
Ahora, el futuro de la verificación laboral obligatoria para todas las empresas de Florida pende de estas decisiones legislativas, mientras trabajadores, empresarios y comunidades intentan adaptarse a un entorno normativo cada vez más restrictivo.
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@danielcastrope
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