MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el miércoles un conjunto de normas que amplían la autoridad de las fuerzas del orden locales y estatales para reforzar la aplicación de leyes contra la inmigración ilegal. La firma se llevó a cabo durante una conferencia de prensa en el Capitolio de Florida.
Uno de los acuerdos otorga al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la Guardia Estatal de Florida y el Departamento de Agricultura de Florida mayor facultad para interrogar a personas "sospechosas" de residir ilegalmente en el país.
"Esto nos permite una colaboración fluida entre nuestras agencias estatales y las autoridades federales de inmigración", afirmó DeSantis, tras justificar las nuevas medidas.
Además, DeSantis destacó la participación del estado en el programa 287(g), que permite a los agentes del orden estatales cooperar plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar, interrogar, detener y deportar a individuos que se encuentran ilegalmente en el país.
Aunque este programa ha existido durante años, DeSantis señaló que no se había implementado adecuadamente hasta ahora. "Estamos revitalizando el 287(g)", aseguró. "Esto nos permite delegar funciones específicas de agentes de inmigración a nuestros oficiales estatales y locales bajo la supervisión federal".
El gobernador también mencionó que se han asignado aproximadamente 250 millones de dólares en subvenciones para que las entidades policiales locales apoyen a las agencias federales en sus nuevas responsabilidades.
Otras medidas
Recientemente, tras una sesión especial que culminó en un enfrentamiento entre los líderes legislativos republicanos y el gobernador DeSantis, los legisladores de Florida se reunieron en otra jornada especial para aprobar un paquete de proyectos de ley dirigidos a combatir la inmigración ilegal, con el respaldo del gobernador.
El jueves pasado, DeSantis firmó estos proyectos de ley, que incluyen propuestas impulsadas por él, como tipificar como delito estatal el ingreso no autorizado a Florida, lo que amplía la jurisdicción de los tribunales y cuerpos de seguridad locales en este ámbito. Otra medida apoyada por DeSantis exige la prisión preventiva para las personas que se encuentran ilegalmente en el país y que están acusadas de delitos graves.
Entre las disposiciones más destacadas también se encuentra la imposición de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales, como asesinato en primer grado o violación infantil. Esta medida ha suscitado debates sobre su constitucionalidad y posibles desafíos legales.
Asimismo, se elimina la posibilidad de que estudiantes indocumentados accedan a tarifas de matrícula reducidas en instituciones de educación superior del estado.
Para coordinar la aplicación de estas políticas, se creó la Junta Estatal de Aplicación de la Inmigración, integrada por el gobernador y por otros funcionarios estatales. Esta entidad se encargará de coordinar las actividades de cumplimiento de la ley de inmigración con agencias federales y locales.
Estas iniciativas reflejan el compromiso del gobernador DeSantis y de la legislatura de Florida para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración y abordar la inmigración ilegal en el estado, alineándose con las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump en esa materia.