Exagente de la CIA de Miami, culpable de filtrar información habría servido a estados del Golfo y potencias asiáticas

Bendler acaba de aceptar culpabilidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por actuar como agente extranjero no registrado y por retener material clasificado de alto nivel, según un comunicado trascendido este 23 de abril.

El caso, procesado en el Distrito Este de Virginia y resultado de una investigación del FBI, destapó una red de cabildeo clandestino para gobiernos extranjeros que tejió Bendler, según un comunicado del Departamento de Justicia, aprovechando sus privilegios de seguridad tras más de tres décadas de servicio en inteligencia.

La sentencia, prevista para el 16 de julio, podría significar el cumplimiento de siete años de prisión y el caso es considerado por especialistas como uno de los episodios más graves de infiltración extranjera en la comunidad de inteligencia estadounidense en los últimos años.

Bendler desarrolló una carrera de 37 años dentro de la CIA, donde ascendió al Servicio Superior de Inteligencia, el escalafón ejecutivo más alto de la agencia.

Tras su retiro en 2014, la CIA lo contrató como consultor de tiempo completo, permitiéndole conservar acceso a información clasificada de alto nivel, incluyendo datos sobre operaciones encubiertas y fuentes humanas.

Señalamientos

Fuentes internas revelaron que desde 2016 la agencia ya mantenía a Bendler bajo vigilancia y suspendió temporalmente su acceso a sistemas clasificados por sospechas sobre su integridad.

A pesar de estas señales de alarma, Bendler reanudó sus actividades y estableció contactos con gobiernos extranjeros a través de una firma de cabildeo estadounidense no identificada.

Entre julio de 2017 y julio de 2020, Bendler combinó su puesto como contratista de la CIA con actividades de relaciones públicas encubiertas para clientes extranjeros, violando la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), de acuerdo con el parte de prensa.

Según el Departamento de Justicia, Bendler habría utilizado información clasificada para interferir en una investigación por malversación de fondos que un gobierno extranjero realizaba contra uno de sus clientes e intentó manipular el proceso de concesión de una visa estadounidense para otro cliente vinculado a redes de financiamiento terrorista.

Además, accedió a repositorios clasificados de la CIA para extraer datos sobre operaciones encubiertas y los compartió con actores no autorizados. Por estos servicios, Bendler recibió “cientos de miles de dólares” mediante “transferencias bancarias internacionales y pagos en efectivo”.

El Departamento de Justicia ya decomisó 85.000 dólares como parte inicial del decomiso de activos ilícitos y rastrea transacciones a cuentas en paraísos fiscales del Caribe.

Otros detalles

Conforme a las pesquisas, Bendler habría aprovechado su autorización TS/SCI para descargar documentos clasificados en dispositivos de almacenamiento no autorizados y evadió los sistemas de monitoreo de la CIA.

Entre los materiales sustraídos se encuentran informes sobre capacidades militares de potencias extranjeras, detalles de operativos antiterroristas en Medio Oriente y evaluaciones de riesgos geopolíticos marcadas como NOFORN.

Para ocultar sus actividades, Bendler habría borrado historiales de navegación en sistemas internos, utilizó dispositivos cifrados adquiridos en el mercado negro y mintió en formularios de actualización de seguridad, negando vínculos con gobiernos extranjeros durante revisiones periódicas, dice el comunicado.

Aunque la acusación no identifica a los gobiernos implicados, analistas de seguridad sugieren posibles vínculos con estados del Golfo Pérsico y potencias asiáticas, basados en el enfoque de Bendler en casos de lavado de activos y en gestiones relacionadas con el sector energético global.

Cargos

El equipo de fiscales liderado por Adam P. Barry y Heather M. Schmidt presentó cargos por actuar como agente extranjero no registrado y por manejo indebido de información clasificada.

Bendler evitó cargos más graves de espionaje al aceptar un acuerdo de culpabilidad que limita su pena máxima a siete años, a cambio de cooperar con la investigación. Su abogado defensor alegó cooperación sustancial en la identificación de otros implicados, aunque el Departamento de Justicia no ha confirmado arrestos secundarios.

El caso ha generado escepticismo en la comunidad de inteligencia hacia los programas de recontratación de exagentes, especialmente aquellos con acceso a inteligencia estratégica.

Cambios

El escándalo ha impulsado reformas en los protocolos de seguridad de la CIA, como auditorías bimestrales a las actividades secundarias de contratistas, la implementación de software de monitoreo en tiempo real para el acceso a documentos clasificados y revisiones obligatorias de los registros financieros del personal con autorizaciones TS/SCI.

Adicionalmente, el senador Adam Schiff anunció un proyecto de ley para exigir evaluaciones psiquiátricas anuales a contratistas con clearance TS/SCI, limitar el tiempo de validez de las autorizaciones de seguridad y establecer sanciones penales para empresas de cabildeo que contraten exagentes sin aprobación del Consejo de Seguridad Nacional.

El caso expuso vulnerabilidades críticas en los controles de seguridad de la CIA y puso en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión sobre el personal recontratado, en un contexto global donde potencias rivales buscan infiltrar redes de toma de decisiones occidentales.

Por la fecha en la que fue emitido el comunicado del Departamento de Justicia que informa acerca de las actividades que realizaba Bendler, se presume que mientras avanzaba esta investigación el exagente se valía de relaciones con instituciones y personalidades locales para organizar un evento en Miami en mayo próximo, en el que disertaría acerca de los peligros de la presencia de China en Latinoamérica.

Al trascender la información acerca de la culpabilidad de Bendler, el evento fue cancelado, según pudo conocer DIARIO LAS AMÉRICAS.