Unos 1.2 millones de indocumentados residentes en Florida se preguntan qué significa para ellos la Edad de Oro de Trump
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra una de las decenas de órdenes ejecutivas firmadas en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
ROBERTO SCHMIDT/ AFP Concejo de Hialeah aprueba la Avenida Presidente Donald Trump
CESAR MENENDEZ DLA
Rosie Cordero Stutz es la sheriff del condado de Miami-Dade
CESAR MENENDEZ DLA Esteban Bovo, alcalde de Hialeah.
CESAR MENENDEZ DLA Gobernador Ron DeSantis y Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Representantes de Florida
René García comisionado del Distrito 13 de Miami-Dade
CESAR MENENDEZ DLA MIAMI. - Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero para cumplir sus promesas de campaña fue la suspensión del programa CBP One y los programas de parole humanitario, que permitían la entrada de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a Estados Unidos.
Aunque se esperaban medidas estrictas, la agresividad con la que el mandatario abordó el tema—firmando al menos 10 órdenes y acciones relacionadas con la inmigración ilegal—ha generado sorpresa e incertidumbre.
Por un lado, sus detractores, incluidos medios de prensa, políticos y organizaciones afectadas, aprovechan el momento para advertir sobre el impacto negativo en la sociedad estadounidense del regreso de Trump al poder. Hablan de redadas masivas en escuelas, lugares de trabajo y de deportaciones a gran escala, generando alarma e incertidumbre entre los 11 millones de indocumentados que residen en el país de la libertad.
Por otro lado, los partidarios de Trump, divididos entre quienes respaldan con entusiasmo todas sus medidas y aquellos que, con menos fervor, las justifican, no resultan del todo útiles para entender qué se esconde detrás de la polvareda levantada desde la Casa Blanca.
Dentro de las filas trumpistas existe un argumento muy generalizado: “el presidente tiende a exagerar sus amenazas para lograr un punto intermedio entre lo anunciado y lo ejecutado”.
Pero, mientras estos supuestos juegos de guerra tienen lugar, Trump ordena ampliar la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30.000 inmigrantes, el Pentágono despliega inusualmente 1.500 soldados para reforzar la seguridad de la frontera con México y aviones militares vuelan hacia distintos países cargados de inmigrantes que son repatriados.
Aunque parezca una paradoja, la llegada de Trump a la presidencia provocó gran sacudida dentro del Partido Republicano de Florida, con mayoría en ambas cámaras del Congreso estatal. Sucedió lo nunca visto, legisladores republicanos y un gobernador republicano se enfrentan sin piedad por demostrar mayor apego a la agenda de un presidente republicano, dejando en segundo plano los problemas de ámbito e importancia estatales como impuestos, inflación, seguros de propiedad, vivienda asequible, transporte e infraestructura.
El gobernador Ron DeSantis, intentando erigirse como líder del trumpismo en Florida, convocó apresuradamente una sesión especial el 27 de enero para abordar la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, sus propios correligionarios republicanos rechazaron la sesión por considerarla insuficientemente alineada con la visión de Trump. En su lugar, convocaron otra sesión especial donde aprobaron la Trump Act, un paquete legislativo de corte antiinmigrante. DeSantis, molesto con la medida, la calificó de “descafeinada" y prometió vetarla en cuanto llegue a su escritorio.
Mientras los trumpistas se enfrentan en Florida, flota en el aire una interrogante: ¿qué impacto tendrán las medidas de Trump en los 1.2 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el Estado, según cifras Pew Research?
A diferencia del enfoque estatal, la Comisión del Condado de Miami-Dade, en representación de una comunidad donde el 54 % de los residentes nació fuera de EEUU, aprobó una resolución de urgencia solicitando al gobierno federal la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y otros países beneficiados.
La iniciativa, patrocinada por el comisionado René García (Distrito 13), buscó establecer la posición del Condado frente a la política migratoria de Trump. En el debate para adoptar la iniciativa, la comisionada Marlene Bastien (Distrito 2) instó a cuidar el lenguaje al referirse a los inmigrantes:
"El término 'ilegal' se usa cada vez que hablamos de inmigrantes y refugiados, cuando en realidad no son ilegales. Vienen aquí legalmente y deben recibir el derecho al debido proceso".
Bastien también abogó por incluir en la lista del TPS a Sudán y Liberia, argumentando que es injusto decidir quién se queda y quién no, cuando todos los beneficiarios del programa provienen de países considerados demasiado peligrosos para su retorno.
Por su parte, la alcaldesa Daniella Levine Cava, dijo que como siempre, acatará lo que diga la ley.
Por su parte, Esteban Bovo, alcalde de Hialeah, ciudad con una de las mayores poblaciones hispanas del país, defendió la estrategia agresiva de Trump, considerándola una táctica para alcanzar acuerdos beneficiosos para EEUU:
"Trump tiende a irse a los extremos para luego llegar al punto correcto. Lo vimos con Colombia, México y Canadá”.
Sobre la situación de los venezolanos con TPS, el alcalde aseguró que ya se está discutiendo una extensión temporal y afirmó que el enfoque del presidente está dirigido a pandillas y grupos criminales.
"Cuando Trump habla de deportar a venezolanos, se refiere a las pandillas. No creo que ningún venezolano con TPS se oponga a que se deporten a los miembros del Tren de Aragua u otra pandilla por el estilo”.
Bovo enfatizó que los inmigrantes con TPS en su ciudad no deberían enfrentar problemas, ya que "no están violando la ley, sino que están aquí obligados por las circunstancias".
Asimismo, reiteró que mientras sigan en el poder regímenes como los de Maduro en Venezuela, Díaz-Canel en Cuba y Ortega en Nicaragua, estos programas migratorios seguirán siendo necesarios.
El alcalde también expresó su descontento con la fractura dentro del Partido Republicano en Florida, tras la victoria de Trump:
"Me alegro de no ser legislador estatal en estos momentos, ni pertenecer a la administración de DeSantis. Deberían sentarse todos a analizar qué es lo correcto, justo y cumple con la misión de ser fuerte contra la inmigración ilegal”.
Bovo aclaró que la policía local no actuará como una extensión de ICE, aunque brindará apoyo logístico si las agencias federales lo requieren en operativos de seguridad. También negó la existencia de redadas en Hialeah. Sin embargo, no descartó que puedan ocurrir en el futuro.
La realidad es que la aplicación de las nuevas leyes migratorias en Florida dependerá en gran medida de las oficinas de los sheriff de los distintos condados. En Miami-Dade esa oficina es liderada por la sheriff Rosie Cordero Stutz. Diario Las Américas intentó obtener de primera mano su postura sobre el impacto del endurecimiento de las políticas migratorias en nuestra comunidad, pero desde su oficina de prensa se limitaron a responder que "no hay nada que declarar porque no ha pasado nada sobre lo que hablar”.
"Si hubiera cambios en la política migratoria, entonces podríamos conceder una entrevista", señalaron.
Solo adelantaron que, la oficina del sheriff de Miami-Dade no realiza detenciones de inmigrantes, “solo asistimos a las agencias federales como ICE, FBI y ATF cuando lo solicitan, pero no participamos directamente en las operaciones”, concluyeron.
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