Más de 900 hogares enfrentan la pérdida de sus casas móviles, vecinos del lugar se quejan por el tiempo y las ofertas económicas que les están presentando
Calle 2 del noroeste en el parque de casas móviles de Sweetwater.
D. CASTROPÉMIAMI. - El parque de casas móviles Li'l Abner en Sweetwater es el hogar de más de 900 familias que ahora enfrentan un desalojo masivo. La noticia ha sido un duro golpe para esta comunidad, donde muchos han construido sus vidas durante décadas.
La inminente pérdida de sus hogares ha generado angustia, incertidumbre y un sentimiento de abandono por parte de las autoridades. Sin embargo, José ‘Pepe’ Díaz, alcalde de esta localidad del oeste de Miami-Dade, asegura estar realizando gestiones para brindar alivio a los residentes del área.
Entre los afectados se encuentra Luis de la Paz, escritor y periodista, quien enfrenta uno de los momentos más críticos de su vida. Después de siete años de residir en este parque de trailers, Luis se siente “amenazado” por el proceso de desalojo que podría dejarlo sin un lugar donde vivir.
Cuando Luis decidió planificar su retiro laboral, buscaba un lugar acogedor y económico que le permitiera vivir con dignidad en medio de los altos costos de la vivienda en Miami.
"Opté por este lugar que era espacioso, se ajustaba a mis necesidades y estaba bastante céntrico", comenta. No obstante, lo que parecía ser el sitio ideal para su jubilación se ha convertido en una fuente de incertidumbre y preocupación.
Hace aproximadamente tres años y medio, la construcción de un nuevo edificio en los terrenos de una antigua escuela cercana comenzó a generar rumores entre los residentes del parque.
"Empezó un rumor de que esto iba a venderse, pero nada con fundamento", recuerda Luis. Preocupado, acudió en varias ocasiones a la oficina de la propiedad para obtener respuestas, pero siempre recibía la misma contestación: "No, nosotros no tenemos ningún plan, no sabemos nada".
El comunicador mostró a DIARIO LAS AMÉRICAS un documento que le fue entregado al momento de establecerse en este lugar. En él se lee que el propietario del terreno “no tiene planes futuros definidos para cambios en el uso de la propiedad del parque”. El certificado es de marzo de 2018.
De un momento a otro, hace un par de semanas, el problema se agravó para los vecinos. "Repartieron documentos a cada inquilino en los que ofrecían cierto dinero, pero no se sabe nada claro sobre qué va a ocurrir con nosotros", suma Luis.
El parque de casas móviles alberga 909 hogares, lo que representa el 20% de la población total de Sweetwater, estimada en aproximadamente 20.000 habitantes.
Sin embargo, el alcalde Díaz considera que la cifra podría oscilar en unos 25.000 si se incluye a la población flotante de estudiantes de la adyacente Universidad Internacional de la Florida (FIU).
"Me parece alarmante que desplacen, en un periodo de tres o cuatro meses, al 20% de la población total de una ciudad", expresa con preocupación Luis.
El desalojo masivo no solo afecta a familias individuales, sino que podría tener consecuencias significativas para la estructura social y económica de la municipalidad fundada en 1941, según el análisis del periodista.
Luis afirma que ha intentado buscar soluciones a través de las autoridades locales, pero se ha encontrado con respuestas insatisfactorias. "Al alcalde le pregunté personalmente, y me dijo que no podían hacer nada porque es un negocio de dueño a dueño", comenta.
Argumenta que la zonificación del terreno es para casas móviles y que cualquier cambio requeriría la aprobación de la Ciudad, tal como lo estipula el documento de 2018 en sus manos. Aun así, una nueva ley del estado de la Florida permitiría obviar ese paso como lo explicaremos más adelante.
Entre las posibles soluciones, Luis y un grupo de vecinos han sugerido que se otorgue una moratoria mínima de un año para dar tiempo a las familias a reubicarse y vender sus pertenencias.
"¿Qué voy a hacer con todo esto?", se preguntaba durante una visita de este rotativo a su casa móvil. Su dedo apunta hacia la estantería de una cocina construida a la medida. "Nada de esto puedo ponerlo en un lugar más grande o más pequeño".
Los vecinos también proponen que se priorice a las personas de la tercera edad en la asignación de viviendas de bajos recursos. "Aquí hay personas muy mayores", acota Luis.
La compañía The Urban Group, propietaria del terreno, ofrece una compensación escalonada: 14.000 dólares para quienes se muden antes del 31 de enero, 7.000 dólares antes del 31 de marzo y 3.000 para quienes se queden hasta el 30 de abril, fecha límite para la desocupación.
Luis considera que estos montos son insuficientes. "Con eso no tienes ni para el depósito de una renta en estos tiempos", lamenta.
La presión del tiempo y la falta de alternativas viables generan angustia entre los vecinos. "Tengo una presión enorme", confiesa Luis. La posibilidad de quedarse sin hogar es una realidad latente para muchos. "Esto va a llevar a muchas personas a vivir en la calle o en sus autos", advierte.
Nereida Esquijarosa, residente del parque durante 10 años, se muestra indignada por la forma en que se les ha comunicado el desalojo. "Pusieron unos papeles en la puerta. Ni siquiera fue una carta", reclama.
La falta de información y el corto plazo para retirarse agravan su situación. "Nos están dando hasta el 31 de enero con 14.000 dólares para que nos vayamos. Después, menos dinero y, en definitiva, nos botan como perros", indica al salir de la oficina del propietario.
Nereida resalta que muchos residentes han invertido sus ahorros de toda la vida en estas viviendas. "Hay gente que ha venido a vivir aquí hace un mes o dos y no sabían nada. Compraron sin saber y gastaron hasta 150.000 dólares, y ahora lo van a perder todo", afirma.
Tomás Calvo, esposo de Nereida, comparte la frustración de su pareja. "No quieren negociar nada. Hay que irse", declara con resignación. Pone en contexto que las casas móviles no pueden ser trasladadas debido a su peso y modificaciones. "Son demasiadas, ya no se pueden mover", explica.
DIARIO LAS AMÉRICAS pudo ingresar a la oficina de la propiedad. En ese momento, un empleado explicaba a uno de los residentes que han revisado espacios donde ubicar las casas móviles, pero no han encontrado un lugar más cercano que Tampa, en la costa oeste de Florida.
Nereida y Tomás también se quejan por los aumentos recientes en los costos de la renta que deben pagar por el espacio en donde se encuentra cada casa móvil. "Subió ahora a 1.180 dólares, 200 dólares más de lo que pagábamos", asevera Nereida.
La pareja lamenta la falta de soluciones por parte del propietario. "No quieren dar ni siquiera seis meses para poder buscar renta", expresa la mujer de origen cubano.
Entretanto, el alcalde Díaz reconoce la gravedad de la situación. "Es una circunstancia extremadamente triste, especialmente antes de las Navidades", declara. Sin embargo, enfatiza que, debido a los derechos de propiedad, hay limitaciones en cuanto a lo que la Ciudad puede gestionar.
El edil menciona la Ley SB 102 de Florida, conocida como "Live Local Act", que facilita a los propietarios desarrollar proyectos de viviendas asequibles sin requerir permisos o cambios de zonificación de las autoridades locales.
"Esa ley básicamente les da la oportunidad de poder hacer comunidades con la mira de 'workforce' o de 'low income housing'", expone Díaz.
Díaz afirma haber intentado negociar con el propietario del parque con el propósito de obtener más tiempo para los residentes. "Le pedí más tiempo, me dijo categóricamente que no", confiesa.
También indica que ha buscado soluciones individuales para los afectados, pero admite que es un desafío complejo.
Asimismo, el alcalde sostiene que ha solicitado al propietario que ayude a los inquilinos que no son dueños de las casas móviles. "Le solicité que los ayude a ellos también para tratar de buscar algún lugar donde puedan irse", dice, y añade que está explorando recursos con el Condado para ofrecer algún tipo de asistencia financiera, como cupones.
Ante las protestas de algunos residentes en las oficinas del parque, Díaz aclara que se ha permitido la presencia de policías pagados por la empresa para mantener la seguridad.
"Ellos pueden pedir eso y pagan por ello", explica, comparando este procedimiento con la seguridad que se presta en eventos públicos o circunstancias que lo requieran.
El cierre del parque es parte de un plan de desarrollo que incluiría viviendas asequibles, una escuela, un centro de salud y áreas recreativas.
Según el alcalde Díaz, el propietario no ha presentado hasta el momento ninguna solicitud de permiso para ejecutar el proyecto, probablemente —dice no estar seguro, es decir supone— amparado en la Ley SB 102.
Esta normativa parece ser clave en medio del drama que viven todas estas familias y, de ser así, de alguna forma 'ataría' las manos de las autoridades.
En esencia, la ley aprobada en 2023 busca incentivar la construcción y disponibilidad de viviendas para residentes de ingresos bajos y moderados, y ofrece una serie de beneficios a los constructores mediante la simplificación de los procesos burocráticos.
La norma limita la capacidad de los gobiernos locales para intervenir en decisiones de desarrollo en terrenos privados, lo que, en el caso de Sweetwater, podría dejar a cientos de familias sin protección gubernamental frente a desalojos como el del parque Li'l Abner.
Mientras tanto, un edificio contiguo al parque de casas móviles exhibe un cartel sobre la avenida 112 del noroeste. Los precios: 2.194 dólares por un apartamento de una habitación y un baño, y 2.634 dólares por una unidad de dos habitaciones y dos baños. Pocos tienen para pagar estas cifras exorbitantes…
@danielcastrope
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