Una ordenanza del Concejo de Jacksonville establece sanciones con cárcel y la obligación de reportar la presencia de indocumentados a las autoridades migratorias
La ciudad de Jacksonville, ubicada al noreste de Florida
PIXABAYMIAMI.- Jacksonville se prepara para la inminente entrada en vigor de una controvertida ordenanza que sanciona con penas de cárcel la presencia de inmigrantes sin estatus legal dentro de los límites de esa ciudad del noreste de Florida.
Tras su aprobación en el Concejo municipal con 12 votos a favor y 5 en contra, y luego de que la alcaldesa Donna Deegan permitiera su promulgación sin firmarla, la medida prendió las alarmas en organizaciones de derechos civiles, pero también recibió aplausos de líderes estatales conservadores.
El Concejo municipal de Jacksonville dio luz verde a la Ordenanza 2025-147, que declara delito menor de Clase B la permanencia en la ciudad de cualquier persona mayor de 18 años sin documentos migratorios reconocidos por las leyes de Estados Unidos.
Las penas establecidas son de 30 días de cárcel para la primera infracción y de 60 días en caso de reincidencia.
La legislación obliga además a la Oficina del Sheriff local a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida tras cada arresto realizado en virtud de esta ordenanza.
Los impulsores de la ley, encabezados por concejales republicanos, aseguran que la nueva herramienta facilitará la cooperación con las autoridades federales para combatir la inmigración ilegal y reforzar la seguridad pública. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también declaró su respaldo a la norma.
Sin embargo, voces críticas desde el propio Concejo y de la comunidad temen que la norma sirva para alimentar la desconfianza entre la población inmigrante, que podría evitar el contacto con la policía por temor a ser encarcelada.
Varias organizaciones de derechos civiles advirtieron que la ciudad se expone a costosos litigios y citaron precedentes en otros estados donde medidas similares fueron declaradas inconstitucionales.
Aunque la alcaldesa Deegan dejó claro su desacuerdo al no firmar la ordenanza, optó por no ejercer su derecho de veto para evitar, según afirmó, un conflicto político que la distraiga frente a otros asuntos urgentes.
La ley entraría en vigor próximamente, pero un eventual desafío judicial impulsado por defensores de los inmigrantes y expertos en derecho constitucional podría bloquearla.
Un caso famoso se registró en Hazleton, Pensilvania, cuyo ayuntamiento aprobó en 2006 ordenanzas que sancionaban a propietarios que rentaran a indocumentados y a negocios que los contrataran.
Esas normas nunca llegaron a aplicarse plenamente dado que fueron bloqueadas en tribunales federales por considerarlas inconstitucionales, ya que la ciudad “buscaba implementar su propia política migratoria”, generando “acoso innecesario” a extranjeros, según concluyó un juez federal
Entre tanto, Jacksonville se encamina a ser la primera ciudad del país en regular penalmente la simple estancia de un inmigrante indocumentado en su territorio, un paso que podría reavivar el debate nacional sobre la facultad de los gobiernos locales para legislar en materia migratoria.
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