Para el Departamento de Justicia, este particular pulso plantea "cuestiones fundamentales" en relación a quién debe decidir cuestiones "sensibles" vinculadas a la seguridad nacional
Varias personas en la escalinata de la sede de la Corte Suprema de EEUU en Washington.
DANIEL SLIM / AFPWASHINGTON — La administración del presidente estadounidense Donald Trump pidió el viernes a la Corte Suprema que levante la prohibición impuesta por un juez federal de deportar inmigrantes bajo la ley de "extranjero enemigo", anteriormente solo invocada en tiempos de guerra, al tiempo que continúa una batalla legal.
Estados Unidos expulsó este mismo mes a El Salvador a más de 200 migrantes a los que vinculaba a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua, pese a que un juez federal llegó a dictar una orden para paralizar los traslados. Pero la orden habría llegado tarde, cuando el vuelo había partido de Estados Unidos. El presidente Donald Trump llegó a reclamar la expulsión de este juez por considerar que se entrometía en cuestiones políticas.
Para el Departamento de Justicia, este particular pulso plantea "cuestiones fundamentales" en relación a quién debe decidir cuestiones "sensibles" vinculadas a la seguridad nacional. "La Constitución da una respuesta clara: el presidente", plantea el Gobierno en su escrito, recogido por la cadena NBC News.
El miércoles, el tribunal de apelaciones ya falló en contra de una petición de la Administración Trump para eliminar la suspensión de las deportaciones, que han suscitado también críticas de organizaciones proinmigración indocumentada que aluden a una supuesta "arbitrariedad y la falta de garantías en estos procesos".
Trump invocó la poco conocida "Ley de enemigos extranjeros", aprobada en 1798, para expulsar a casi 300 venezolanos, acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua, a una prisión de alta seguridad en El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, mantiene una lucha contra las pandillas locales y ha convertido a la nación centroamericana en uno de los países más seguros.
Según las organizaciones proinmigrantes, algunos de los deportados no tenían nada que ver con la banda.
El juez federal James Boasberg dictó una orden que prohíbe nuevos vuelos de expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La organización proinmigrante Unión Estadounidense de Libertades Civiles ha pedido que prolongue la validez de la orden, que expira el sábado.
"Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional", si el Poder Ejecutivo o el Judicial, dijo la administración.
FUENTE: Con informaciòn de AFP
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