Hay tres demandas que impugnan la cancelación del TPS de la administración de Donald Trump; una ya fue a juicio sin decisión alguna
Los venezolanos han acudido a varias instancias por el TPS
AFP Cada minuto cuenta para los venezolanos
PIXABAY / DLAMIAMI.- Se acorta el tiempo para el primer grupo de 350.000 venezolanos que pueden perder el lunes 7 de abril la protección legal de permanecer en Estados Unidos de no llegar a prosperar alguna de las tres demandas interpuestas para revertir la medida de la administración de Donald Trump.
De las tres causas jurídicas, sola una fue a juicio este lunes 24 de marzo en California, encabezada por el juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California, Edward M. Chen, quien no tomó ninguna decisión y se comprometió a ofrecer un veredicto en los “próximos días”.
“La comunidad venezolana en Estados Unidos sigue con gran incertidumbre ante la cuenta regresiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cuya fecha de corte es el 7 de abril, plazo fijado por el Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) para que cese esa protección a unos 350.000 venezolanos”, dijo la abogada y activista de derechos humanos Helene Villalonga, quien respalda una de las demandas interpuestas.
La jurista dijo que “esperamos que el juez Edward M. Chen tome una decisión antes del 7 de abril, ya que, de no haber un fallo a tiempo, la orden del DHS entraría en vigor y miles de familias quedarían en riesgo de perder su estatus y enfrentar deportaciones”, señaló.
Sobre este punto fue consultada también la experta en temas migratorios y de seguridad María Herrera Mellado, quien indicó que las demandas están en proceso, y hasta la fecha no se han emitido fallos definitivos.
“Dado que el TPS para los venezolanos está programado para finalizar el 7 de abril de 2025, es incierto si los tribunales emitirán una decisión antes de esa fecha”, sostuvo Herrera Mellado.
Explicó que “los demandantes han solicitado medidas cautelares para suspender la terminación del TPS mientras se resuelven las demandas, pero no hay garantías sobre el momento en que se tomarán estas decisiones”.
Agregó la experta que las decisiones de los tribunales de distrito en California y Maryland son vinculantes dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Sin embargo, “debido a la importancia nacional del TPS, es probable que cualquier fallo sea apelado ante las Cortes de Apelaciones correspondientes y potencialmente, llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos para una decisión final”, puntualizó Herrera Mellado.
Para Helene Villalonga, se trata de una crisis humanitaria y económica que impactaría no solo a los venezolanos, sino también a las comunidades donde viven y trabajan. “Desde la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) seguimos luchando para que se respete la estabilidad de estas familias y el aporte que hacen al país.”, enfatizó Villalonga.
La primera demanda se presentó el 19 de febrero en California por la Alianza Nacional TPS y ocho venezolanos titulares de TPS contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El documento impugna la terminación de esa medida "por estar motivada por animosidad racial" y estipula que Noem tomó "dos acciones ilegales" al dejar sin efecto la extensión y cancelar el TPS.
Según las organizaciones, la revocación significa que 350.000 venezolanos perderán el TPS el 7 de abril, y se espera que otros 250.000 lo pierdan en septiembre de 2025, en lugar de conservar la protección hasta octubre de 2026 como había sido aprobado por Joe Biden.
El 17 de enero de 2025, el entonces secretario de Estado Alejandro Mayorkas emitió un aviso en el Registro Federal que extendía la designación de Venezuela para el TPS de 2023 por 18 meses. No extendió ni terminó expresamente la designación de Venezuela para 2021.
En cambio, el aviso permitió una consolidación de los procesos de solicitud de manera que todos los beneficiarios elegibles del TPS de Venezuela (ya sea bajo las designaciones de 2021 y 2023) pudieran obtener el TPS hasta la misma fecha de extensión del 2 de octubre de 2026" y eso no debió ocurrir porque se trataban de "dos momentos distintos"; es uno de los cuestionamientos del DHS.
La segunda demanda, sin fecha de juicio, la presentaron el 20 de febrero las organizaciones CASA y Make the Road New York, que defienden a inmigrantes en Estados Unidos, en un tribunal de Maryland que impugna la terminación del TPS para los venezolanos.
"Esta acción inconstitucional obliga a casi 600.000 venezolanos y sus familias que actualmente viven en EEUU con la protección del TPS a la posición insostenible de verse potencialmente obligados a regresar a un país que experimenta lo que se ha descrito como una de las peores crisis humanitarias en la historia del hemisferio occidental", dijo CASA.
La demanda cita la Cláusula de Igual Protección de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense que "prohíbe al gobierno federal tomar medidas para las cuales la intención o el propósito discriminatorio sea un factor motivador".
En las razones para la cancelación, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agregó que “aunque ciertas condiciones para la designación de 2023 de TPS para Venezuela continúan, hay mejoras notables en varias áreas como la economía, salud pública y el crimen que les permite a esos nacionales regresar de manera segura a su país de origen”.
La tercera demanda, tampoco sin fecha de juicio, fue presentada el 3 de marzo por Haitian-Americans United, Inc., la Asociación Venezolana de Massachusetts, UndocuBlack Network, Inc. y cuatro migrantes haitianos y venezolanos residentes en Boston ante el Tribunal de Distrito.
Impugnan, al igual que las otras dos querellas, la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y venezolanos.
La demanda alega que la secretaria del DHS, Kristi Noem, carecía de autoridad legal para anular la decisión del exsecretario del DHS, Alejandro Mayorkas, del 1 de julio de 2024, de otorgar una extensión de 18 meses del TPS para Haití, y su decisión del 17 de enero de 2025, de otorgar una extensión de 18 meses del TPS para Venezuela.
Las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) presentaron un escrito ante la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en apoyo a los beneficiarios venezolanos del TPS y respaldar una de las demandas, la que se lleva a cabo en California.
“Por las razones expuestas, VEPPEX y AMAVEX instamos respetuosamente a este Tribunal en California a conceder una reparación a favor de los demandantes y a prohibir la terminación del TPS para los venezolanos”, afirmó Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX.
Los abogados, activistas y defensores cuentan cada minuto en esta cuenta regresiva del TPS.
FUENTE: ENTREVISTAS A ACTIVISTA HELENE VILLALONGA, A ABOGADA MARÍA HERRERA MELLADO / DEMANDAS
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