Una experta dice que el fallo de la jueza federal de suspender revocatoria del parole desafía políticas de Trump, lo que anticipa lucha en tribunales
El parole humanitario de inmigrantes en EEUU cesa el 24 de abril de 2025.
AFPMIAMI.- El 14 de abril se conoció el fallo de Indira Talwani, jueza de la Corte Federal de Boston, que frena de forma temporal la revocatoria del parole humanitario para migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Con este dictamen, Talwani anuló la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el 24 de abril los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a los migrantes que fueron amparados por el permiso de permanencia temporal o CHNV (por las siglas de los países) durante la administración de Joe Biden.
La demanda sobre la que se pronunció la jueza fue presentada por inmigrantes con libertad condicional y sus patrocinadores en Estados Unidos, bajo el argumento de que la suspensión abrupta del parole causaría graves daños a miles de personas. El Gobierno de EEUU defendió la pausa basándose en el uso temporal y legal de la autoridad ejecutiva para una mayor verificación de seguridad.
La administración de Trump también esgrimió que el parole humanitario constituye una medida discrecional.
De acuerdo con la jueza Indira Talwani, “los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”.
Otro aspecto señalado por la magistrada es que no es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas “ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”.
Para la jueza, las protecciones para migrantes deben mantenerse hasta su vencimiento natural. A su juicio, la justificación clave del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para acelerar el fin de programa se sustentaba en un "error legal obvio".
Además, en el fallo de 41 páginas la magistrada Talwani impide que el Gobierno de EEUU revoque "sin revisión caso por caso" el parole y los permisos de trabajo otorgados a quienes ingresaron legalmente al país amparados en el programa humanitario.
La orden también suspende las notificaciones individuales que Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) envió a los beneficiarios informándoles de la anulación.
La abogada María Herrera Mellado, especialista en temas de inmigración, señala que resulta sorprendente que la administración de Biden pudiese emitir y aprobar parole humanitario “de forma masiva, mensual, cuando la ley dice que deben ser aprobados individualmente. Se ofrecían como una lotería, mientras que llega una nueva administración y se le prohíbe cancelar los permisos humanitarios de la misma forma en que se aprobaron”.
Considera que la crítica que cabe es por qué se permite a ciertas administraciones aprobar colectivamente este tipo de permisos, “cuando tuvieron que suspender ellos mismos por indicios claros de fraude. Luego otra administración, que gana con el voto popular, tiene que andar con tanto cuidado y no puede eliminar programas que se considera no están justificados”.
La especialista señala que lo que molesta a la ciudadanía estadounidense y lo que no tiene ningún sentido es la entrega del permiso humanitario en un promedio de 30.000 mensuales. Subraya que este permiso se debe otorgar de forma individualizada y en caso de interés nacional de los Estados Unidos.
Asimismo, Herrera Mellado sostiene que la decisión de la jueza de la Corte Federal de Boston es un desafío a las políticas migratorias de Donald Trump.
“El fallo representa un revés a los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar programas inmigratorios de la era Biden, destacando la necesidad de una justificación legal sólida para cambios en políticas inmigratorias”, indica la especialista.
La abogada asevera también que, con el fallo, los migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos reciben una protección temporal contra la deportación.
Expresa que, con esto, 530.000 beneficiarios del parole humanitario “mantienen su estatus legal y permisos de trabajo en Estados Unidos, evitando la deportación programada para el 24 de abril. Esto les permite continuar sus vidas, trabajos y contribuciones económicas mientras el caso sigue en los tribunales”.
Agrega que se les concede más tiempo a esos migrantes para avanzar en sus casos o buscar otras vías legales, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), siempre y cuando aplique.
Subraya que la decisión de la jueza federal conlleva incertidumbre legal a futuro.
“La suspensión es temporal y el Gobierno puede apelar, posiblemente elevando el caso a cola tribunales de apelación o al Tribunal Supremo. Esto podría resultar en una revocación del fallo o en una definición más clara sobre la legalidad del programa parole. Si el fallo se sostiene, podría reforzar la autoridad judicial para revisar decisiones ejecutivas en materia inmigratoria, limitando cambios abruptos en programas similares en el futuro”, afirma la abogada Herrera Mellado.
Añade que la decisión de la jueza federal concede estabilidad para patrocinadores y comunidades.
“Los patrocinadores estadounidenses, como familiares o empleadores, no enfrentan la incertidumbre inmediata de la salida de los beneficiarios, lo que preserva lazos familiares y laborales en comunidades locales”, explica la especialista.
Expresa que si los beneficiarios del parole humanitario han iniciado otros trámites inmigratorios, como ajustes de estatus (por ejemplo, a través de un patrocinador familiar o laboral), el fallo les permite mantener su estatus legal mientras los trámites están en proceso.
Con esto, se evitan interrupciones o deportaciones que podrían complicar sus casos: “Sin el fallo, la revocatoria del parole habría dejado a estas personas en un limbo legal, dificultando la continuación de sus solicitudes”.
Anwen Hughes, abogada del demandante y directora sénior de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First, dijo que se sienten aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”.
Hughes, en declaraciones a CNN, aseguró que los beneficiarios del parole hicieron todo lo que el Gobierno les pidió y “han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril”.
El 15 de abril, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de “corrupta" y "deshonesta" a la jueza Indira Talwani, quien fue designada por el Gobierno de Barack Obama. La funcionaria enfatizó que lucharán “en contra de los tribunales” para poner fin al parole humanitario.
Según Leavitt, el programa de parole humanitario fue "completamente abusado", al ser empleado por exfuncionarios de la administración Biden para "acelerar la regularización" de inmigrantes indocumentados.
En entrevista con Fox News, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresaron que el fallo de la jueza federal prohíbe al presidente Donald Trump ejercer su autoridad ejecutiva para revocar la libertad condicional concedida por Biden a los migrantes.
@snederr
FUENTE: Con información de AFP, CNN, Diario Las Américas
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