Más de tres horas de deliberaciones no fueron suficientes. El juez ahora espera evaluar un tema de jurisdicción y los argumentos esgrimidos por las partes
El Juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California Edward M. Chen, luego de escuchar los argumentos de ambas partes, dijo que en los "los próximos días" tomará la decisión de si prospera o no la demanda que se introdujo a favor de los venezolanos relacionado con la revocatoria del Estatus de Protección Temporal
CAPTURA PANTALLA ZOOMMIAMI.- El juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California, Edward M. Chen, postergó por varios días la decisión de revocar o no la medida que elimina el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, luego de considerar que debe evaluar con mayor amplitud los argumentos presentados por las partes y definir un tema de jurisdicción en la corte antes de dar su veredicto.
El juez mostró en la audiencia un riguroso interés al escuchar ambas partes porque desde un principio dejó ver que buscaba tener todos los elementos en la mesa para tomar una decisión, dijo después de más de tres horas de deliberaciones. A veces preguntaba lo mismo con otras palabras para obtener una mejor respuesta.
Edward M. Chen consultó a los representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) si en el caso del TPS no se podía hacer una evaluación caso por caso para que no fuera una decisión colectiva y que además se extendiera tal decisión a otros países. La respuesta oficial fue que "difícilmente se cambie la decisión" en cuanto a la eliminación de esa figura para estas personas porque todo está enmarcado dentro de un procedimiento discrecional que privilegia la seguridad y el interés nacional.
El juez también insistió mucho en cuál era el inconveniente de que la administración anterior, la de Joe Biden, hubiese beneficiado a dos grupos de venezolanos con la extensión del TPS que hizo el 17 de enero por 18 meses, en donde se cobijaron tanto los que recibieron el beneficio en 2021 como los de 2023.
Los representantes del DHS alegaron que el 17 de enero de 2025, el entonces secretario Mayorkas emitió un aviso en el Registro Federal que extendía la designación de Venezuela para el TPS de 2023 por 18 meses. No extendió ni terminó expresamente la designación de Venezuela para 2021.
"En cambio, el aviso permitió una consolidación de los procesos de solicitud de manera que todos los beneficiarios elegibles del TPS de Venezuela (ya sea bajo las designaciones de 2021 o 2023) pudieran obtener el TPS hasta la misma fecha de extensión del 2 de octubre de 2026" y eso no debió ocurrir porque se trataban de "dos momentos o dos tiempos".
En cuanto a la situación de Venezuela, los demandantes ratificaron al juez que las condiciones políticas no permiten un retorno seguro a su país, a lo que el DHS indicó, en varias ocasiones, que no tenían evidencia adicional sobre lo que ya habían dicho sobre este punto en su oportunidad.
Se debatieron argumentos sobre la jurisdicción y si el juez puede o no decidir medidas preventivas en este caso. El jurista que se pronunciará en los próximos días tendrá que determinar los procedimientos administrativos y la jurisdicción de la corte. Él dirá, con alegatos jurídicos en la mano, si hay o no jurisdicción para darle curso a su veredicto final.
El tema de la jurisdicción se refiere a que las personas que están en California serían las beneficiadas, en caso de que haya una decisión favorable, o si por el contrario se haría extensivo a otras jurisdicciones, un tema que dejó un ligero saber amargo en los demandantes. En todo caso, siguen en puerta dos demandas más, una en Maryland y otra en Boston.
Es un tema de procedimientos administrativos, en donde posiblemente las personas tengan que estar registradas dentro de la jurisdicción de esa corte. Eso es precisamente lo que va a revisar el juez, lo que, sumado a este punto y a la evaluación de los argumentos presentados, permitirá tener más elementos en la decisión final.
El 19 de febrero de 2025, la Alianza Nacional del TPS (NTPSA) y los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Secretaria del DHS, Kristi Noem, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
El 25 de febrero de 2025, el tribunal concedió una audiencia acelerada sobre la moción de los demandantes para posponer la fecha de entrada en vigor de la acción del DHS. La audiencia de la moción fue programada para este 24 de marzo de 2025.
Según esta demanda, estas decisiones privarían a más de 600,000 venezolanos de su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante los siguientes 18 meses. Los demandantes, representados por afiliados de la ACLU y el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, alegaron que las acciones de los demandados violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. Solicitaron al tribunal que otorgara una medida declaratoria que estableciera que las acciones de los demandados eran ilegales e inconstitucionales y que la extensión del 17 de enero de 2025 de la pasada administración de Joe Biden sigue vigente bajo sus términos originales.
Los demandantes también presentaron una querella enmendada el 20 de marzo de 2025, que refleja la decisión de la secretaria Noem de anular parcialmente la extensión y redesignación de Haití para el TPS, otorgada el 1 de julio de 2024.
Las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) presentaron un escrito de Amicus Curiae ante la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en apoyo a los beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Amicus Curiae es una expresión latina que significa "amigo de la corte". Se refiere a una persona o entidad que no es parte de un caso judicial, pero que ofrece información relevante para ayudar al tribunal a tomar una decisión.
Este esfuerzo busca respaldar la demanda presentada por la Alianza Nacional TPS contra la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de finalizar el TPS para aproximadamente 348,000 venezolanos, anunciada el pasado 20 de febrero de 2025, con vencimiento previsto para el 2 de abril de 2025. (Juicio: National TPS Alliance vs. Noem (25-cv-01766)
El escrito, liderado por José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, y Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX, argumenta que la terminación del TPS es ilegal, arbitraria y contraviene principios humanitarios fundamentales establecidos en la ley de inmigración de Estados Unidos y en normas internacionales de derechos humanos. Ambas organizaciones destacan que la deportación de beneficiarios del TPS expondría a los venezolanos a graves riesgos en su país de origen, donde persisten la represión política, el colapso económico y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, según informes recientes del Departamento de Estado de EE.UU. y Human Rights Watch.
VEPPEX y AMAVEX también subrayan las significativas contribuciones de los inmigrantes venezolanos a la economía estadounidense, particularmente en estados como Florida, Texas y Nueva York. Con una tasa de participación laboral del 74% y un 57% de adultos con títulos universitarios, los venezolanos han impulsado sectores clave como la salud, la construcción y la hospitalidad. Su deportación generaría pérdidas económicas, escasez de mano de obra y un aumento en la dependencia de programas de asistencia pública.
El escrito argumenta que la decisión del DHS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por su sigla en inglés) al ignorar las condiciones actuales en Venezuela y precedentes judiciales como Ramos v. Nielsen (2018) y Saget v. Trump (2019), que exigen una justificación basada en evidencia para terminar protecciones humanitarias. Además, resalta la incongruencia de esta medida con sanciones previas de EEUU contra el régimen de Nicolás Maduro y la reciente extensión del TPS en enero de 2025 por la administración Biden.
“La terminación del TPS no solo pone en peligro la vida de miles de venezolanos que huyeron de la persecución, sino que también destroza familias estadounidenses y debilita comunidades enteras”, afirmó José Antonio Colina.
Por las razones expuestas, VEPPEX y AMAVEX instan respetuosamente a este Tribunal a conceder una reparación a favor de los demandantes y a prohibir la terminación del TPS para los venezolanos.
La actual crisis humanitaria en Venezuela, los graves riesgos que enfrentan los retornados y las vulnerabilidades constitucionales impuestas a los familiares de ciudadanos estadounidenses demuestran que la terminación del TPS es ilegal e inhumana.
FUENTE: JUICIO EN VIVO POR ZOOM DE DEMANDANTES Y DEMANDADOS
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