El gobierno hace una revisión de los expedientes de aquellos que fueron beneficiados con esas opciones legales y aspiran obtener la llamada "green card"
USCIS pausó solicitudes de “green card” para una verificación más rigurosa
FreepikMIAMI. - El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por su sigla en inglés) decidió suspender de manera temporal las peticiones de residencia permanente para los beneficiarios de asilo político y refugios en un intento de realizar una revisión más profunda de cada caso.
El USCIS pausó ese trámite de solicitudes de “green card” o residencia permanente como parte de una nueva medida para realizar una verificación más rigurosa de los solicitantes.
El abogado experto en temas migratorios, Ángel Leal explicó que está decisión es producto de dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump al principio de su mandato.
“La primera orden ejecutiva tiene que ver con revisar y examinar a toda persona que desea entrar o lo haya hecho a Estados Unidos dentro de un marco de seguridad nacional”, acotó Leal
La segunda responde a una orden al Departamento de Estado de identificar a cualquier persona que pueda pertenecer o formar parte de una organización extranjera terrorista.
“El caso es que mientras se hacen las investigaciones para asegurarse de que los solicitantes no constituyan una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad pública o corroborar que no hayan cometido un fraude en su proceso de obtener el estatus de asilado o haber entrado como refugiado, esa solicitud de residencia permanente queda suspendida”, aclaró.
La abogada Andreina Díaz agregó que ciertamente esta pausa responde a que el presidente Trump quiere revisar y verificar que las personas que ganaron su asilo y ahora están en el proceso de la residencia hayan dicho toda la verdad para merecer ese beneficio.
“De esta forma están verificando los casos dos veces porque ya eso lo hizo inicialmente un oficial de inmigración. El impacto es que el proceso va a tomar todavía más tiempo para pedir la residencia lo que deja a los aplicantes en un limbo migratorio”, argumentó Díaz.
Los inmigrantes que entraron a Estados Unidos como refugiados a través del programa Movilidad Segura están siendo afectados con esta medida, dijo Díaz.
“Las personas que llegaron legalmente al país con este plan están en un limbo migratorio y ahora que revocaron el parole estas personas pueden quedar sin un estatus legal y es probable que los pongan en procedimientos de corte”, refirió.
Recordó la abogada que antes de que se otorgue un asilo o refugio hay una revisión exhaustiva para estos casos antes de que se aprueban. “El inmigrante ya fue sometido a una serie de preguntas y ahora lo va a tener que hacer otra vez, reviviendo el trauma por el que pide asilo, por ejemplo”. En opinión de Díaz, de la firma Eagan, este nuevo procedimiento “no es necesario”.
Ángel Leal agregó que definitivamente quienes entraron bajo el programa de Movilidad Segura quedan afectados con esta medida porque aplica a asilados y refugiados.
Para el abogado Leal, de la firma que lleva su mismo nombre, “esta medida es cuestionable legalmente porque entre otras cosas pudiera ser considerado contrario a la ley que excede la autoridad que tiene el Departamento de Seguridad Nacional y se puede interpretar como una acción arbitraria y caprichosa y que puede considerarse también una violación a la garantía del debido proceso legal de la Constitución”.
Recordó que hay una demanda que tiene que ver con los casos de residencia de los que entraron con parole humanitario y parole familiar y bajo el “Programa de Unidos por Ucrania”.
“Por el momento, es solo una suspensión. Pero en caso de que se prolongue pudiera resultar en una demanda federal”, apuntó el jurista.
Lo que es un hecho es que este mecanismo de solicitud de residencia permanente está paralizado, un proceso que además ya venía operando con cierta lentitud, coincidieron ambos abogados.
Para los refugiados y asilados, esta nueva verificación representa una revisión adicional sobre un proceso que ya es exhaustivo. Quienes solicitan refugio en EEUU son sometidos a múltiples filtros de seguridad antes de ser aprobados, incluso desde antes de su llegada al país, acotó Leal.
Además, deben esperar un año antes de poder solicitar la residencia permanente, un documento de identidad que se otorga a una persona que no posea la nacionalidad estadounidense.
Aunque esta medida busca reforzar la seguridad nacional, también genera incertidumbre para miles de personas que esperan obtener su residencia permanente después de haber sido reconocidas como refugiadas o asiladas.
Habrá que esperar ver cómo se implementan los nuevos procesos de verificación y cuál será el impacto real sobre los solicitantes y sobre el funcionamiento de la agencia, agregó la abogada Díaz.
Washington argumenta la medida con el hecho de que ha habido muchos fraudes durante la solicitud de la residencia.
Aunque el programa Movilidad Segura contaba con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se encargaban de evaluar la información hasta culminar con la etapa final de los servicios de reasentamiento o refugios de los solicitantes.
Según datos del Departamento de Estado, el programa Movilidad Segura estaba destinado a beneficiar a 125.000 personas, de las cuales al menos 30.000 ya viajaron a Estados Unidos desde su implementación.
Por seguridad, los números mostrados por el Departamento de Estado en Movilidad Segura siempre fueron bajos porque los entes involucrados tomaban una serie de medidas para prevenir que la persona que no mereciera ese estatus se beneficiara del mismo, por lo que siempre fue muy lento ese procedimiento explicó la abogada María Herrera Mellado.
Según una notificación oficial, la iniciativa “ya no está activa” y no se aceptan nuevas solicitudes. Aquellos casos que fueron aprobados se les señala que recibirán más información y que no necesitan tomar ninguna acción adicional en este momento, explicó Herrera Mellado.
La medida incluye una revisión integral del programa y condiciona su reanudación a un informe que será presentado dentro de 90 días por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado a partir del 21 de enero, cuando fue suspendido. Es decir que en abril se debe dar un pronunciamiento definitivo.
Los casos previamente aprobados continúan su curso, a la espera de una decisión del DHS, puntualizó la experta de la firma Kivaki Law Firm.
Para los casos aprobados bajo el programa de Movilidad Segura se ha indicado que deben esperar una comunicación formal, un estatus que no ha sido cambiado desde enero cuando se tomó la decisión de suspenderlo, enfatizó Herrera Mellado.
El Programa de Movilidad Segura, para otorgar refugio, fue anunciado en abril de 2023 por Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden.
El objetivo era ofrecer una alternativa legal y segura frente a los peligros de rutas migratorias irregulares, como era el caso de la Selva del Darién en Panamá.
Movilidad Segura funcionaba en algunos países, para ciertas nacionalidades. Los inmigrantes hacían su trámite para obtener refugio siguiendo unos parámetros establecidos.
Costa Rica: Personas de nacionalidad nicaragüense, venezolana y ecuatoriana que se encontraban presentes en ese territorio el 15 de septiembre de 2024 o antes.
Colombia: Personas de nacionalidad cubana, haitiana y venezolana que se encontraban presentes en Colombia el 11 de junio de 2023 o antes.
Ecuador: Personas de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense, venezolana y colombiana que se encontraban en ese lugar el 18 de octubre de 2023 o antes.
Guatemala: Ciudadanos guatemaltecos y personas de nacionalidad salvadoreña, hondureña y nicaragüense que ingresaron a Guatemala antes del 16 de julio de 2024.
Las personas eran trasladadas de manera legal y segura a Estados Unidos y a otros países, como refugiados incluyendo Canadá y España, que también participaron en ese plan.
FUENTE: ENTREVISTAS ABOGADOS ESPECIALIZADOS / DIARIO LAS AMÉRICAS
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