WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos fijó este jueves para el 15 de mayo una vista sobre el decreto del presidente Donald Trump para abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
La disposición ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes que están ilegalmente en Estados Unidos
WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos fijó este jueves para el 15 de mayo una vista sobre el decreto del presidente Donald Trump para abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
El 13 de marzo la administración Trump pidió al máximo tribunal que interviniera en la batalla legal y suspendiera las decisiones de cortes inferiores.
El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó el decreto. La disposición ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes que están ilegalmente en Estados Unidos ha sido detenida a nivel nacional por tres tribunales de distrito en todo el país. Los tribunales de apelaciones han rechazado alterar esos fallos. Ahora le corresponde al Supremo debatir sobre el tema.
La Corte Suprema dio tres semanas a las partes adversas para responder al recurso y este jueves fijó una audiencia para el 15 de mayo.
Por el momento rechazó la solicitud de suspensión presentada por el gobierno contra los fallos de cortes de apelación federales.
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana, una interpretación que la nueva administración en la Casa Blanca considera errada.
Pero el ejecutivo afirma que los hijos de no ciudadanos que se encuentran ilegalmente en el país no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y por lo tanto no tienen derecho a la ciudadanía.
El decreto de Trump fue impugnado en los tribunales y su aplicación se suspendió en todo el país.
Por eso el gobierno pidió a la Corte Suprema que limite el alcance de los fallos de cortes inferiores únicamente a los afectados, es decir, a aquellos que han emprendido acciones legales.
Denuncia una "epidemia" de suspensiones a nivel nacional emitidas por los tribunales desde el inicio del segundo mandato de Trump que busca bloquear los poderes del Ejecutivo.
El Departamento de Justicia argumenta que los jueces individuales carecen del poder para dar efecto a nivel nacional a sus fallos.
Como mínimo, el Ejecutivo pide a la Corte Suprema que permita a las agencias federales emitir pautas para implementar la orden ejecutiva presidencial.
El decreto prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños cuya madre se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal o temporal y cuyo padre no es estadounidense o residente permanente, es decir, titular de la famosa tarjeta verde ("green card").
También se ven afectados los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante, trabajo o turista.
"Creo que el caso ha sido muy malinterpretado" porque "trata sobre la esclavitud", declaró Trump en el despacho oval.
Parece referirse a que la 14.ª Enmienda se aprobó tras la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, para garantizar los derechos de los esclavos libres y sus descendientes.
Ahora "la gente entra en nuestro país y de repente se convierte en ciudadanos, y pagan mucho dinero a diferentes cárteles" del narcotráfico para conseguirlo", protestó Trump, que confía en "ganar" el caso.
El Departamento de Justicia interpretó el anuncio de la Corte Suprema como una "victoria clave para la agenda popular migratoria del presidente Trump".
Y eso que el máximo tribunal, de mayoría conservadora, rechazó la solicitud de suspensión presentada por el gobierno contra los fallos de cortes de apelación federales.
El gobierno pide a la Corte Suprema que limite el alcance de los fallos de cortes inferiores únicamente a los afectados, es decir, a aquellas personas que han emprendido acciones legales.
Como mínimo, el Ejecutivo pide a la Corte Suprema que permita a las agencias federales emitir pautas para implementar la orden ejecutiva presidencial.
FUENTE: Con informaciòn de AFP