Para ocultar la trama, Rivera creó "empresas ficticias fraudulentas" utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el alto cargo gubernamental
El controvertido excongresista federal David Rivera.
CORTESÍA / saintpetersblog.com El excongresista federal David Rivera.
WASHINGTON — Un gran jurado en el Distrito de Columbia acusó al excongresista republicano David Rivera de cabildeo y de lavado de dinero para ayudar a un empresario venezolano, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la acusación, desde junio de 2019 hasta abril de 2020, el exparlamentario por Florida de 59 años proporcionó "servicios de consultoría y cabildeo al empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín", un multimillonario dueño del canal de televisión venezolano Globovisión.
Rivera intentó presionar a "funcionarios gubernamentales" estadounidenses, incluido un alto cargo a quien el Departamento de Justicia no identifica, para que Gorrín fuera eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), servicios por los que habría cobrado "más de 5,5 millones de dólares", añade el Departamento de Justicia en un comunicado.
Lo habría hecho infringiendo las normativas, al no haberse inscrito bajo la ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), a como lo exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, al contactar a funcionarios estadounidenses en nombre de individuos y compañías extranjeras.
Para ocultar la trama, Rivera creó "empresas ficticias fraudulentas" utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el alto cargo gubernamental "para dar la falsa apariencia" de que las compañías eran legítimas.
Según Washington, Rivera destinó el dinero cobrado a "pagar a individuos que lo ayudaron en sus esfuerzos por hacer lobby con altos funcionarios del gobierno".
La nueva acusación es la segunda ronda de cargos penales que examinan la relación entre Rivera y Gorrín, el multimillonario acusado en 2018 y nuevamente en 2024 de sobornar a altos funcionarios venezolanos en tratos corruptos para desviar fondos estatales de la administración de Nicolás Maduro.
En 2022 Rivera, miembro de la Cámara de Representantes de 2011 a 2013, ya fue detenido en Miami, en otro caso por presunta corrupción debido a la firma de un contrato con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA por valor de 50 millones de dólares, que su empresa Interamerican Consulting, firmó con una filial estadounidense de PDVSA. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el contrato de 2017 fue una artimaña para ocultar una campaña secreta del régimen de Nicolás de Maduro, que buscaba acercarse y ganarse el favor de la presidencia del nuevo Gobierno de Trump en ese entonces.
El abogado defensor de Rivera en la ciudad de Miami, Ed Shohat, declinó hacer comentarios argumentando que no ha discutido con su cliente la nueva acusación.
FUENTE: Con informaciòn de AFP / Redacciòn
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