La orden de la jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito en Massachusetts, pone en contexto que la suspensión del parole se hizo “sin revisión caso por caso”
Imagen de la Casa Blanca en Washington.
JIM WATSON / AFPMIAMI. – Una jueza federal de distrito emitió una orden de emergencia que bloquea la decisión de terminar anticipadamente el estatus de parole humanitario y la autorización de trabajo para cientos de miles de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron legalmente a Estados Unidos.
La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, dictaminó el lunes una suspensión temporal a la implementación de una notificación del Registro Federal que ordenaba la terminación masiva de los paroles válidos hasta el 24 de abril, mucho antes de la fecha de vencimiento original de dos años.
La orden de la jueza Talwani, detallada en un memorando de 41 páginas, impide específicamente que el gobierno revoque "sin revisión caso por caso" el parole y los permisos de trabajo otorgados a estas personas que ingresaron legalmente al país bajo dicho programa. La suspensión también aplica a las notificaciones individuales que USCIS envió a los beneficiarios a través de sus cuentas en línea informándoles de la revocación.
La decisión de la Casa Blanca de terminar estos programas, en seguimiento a órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en enero, argumentaba que estos paroles "categóricos" eran inconsistentes con la ley de inmigración, que según la administración, solo permite el parole en circunstancias limitadas e individuales.
Sin embargo, la jueza Talwani, nombrada por el entonces presidente Barack Obama, señaló que la justificación clave del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para acelerar la terminación –evitar que los beneficiarios acumularan dos años de presencia y así poder usar la deportación expedita– se basaba probablemente en un "error legal obvio".
La medida de la administración Trump de revocar el parole humanitario afectaba a cerca de 530.000 personas. Este programa fue adoptado por la administración del expresidente Joe Biden en 2022 para los venezolanos y en 2023 incluyó a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Esta iniciativa permitía a los migrantes beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos durante dos años a través de un patrocinador.
El parole humanitario es una figura legal que "autoriza el permiso de permanencia temporal a una persona que es inadmisible o no elegible para ingresar a Estados Unidos", según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS).
Durante una audiencia el jueves 10, la jueza Talwami había anunciado que tomaría esta acción bajo la justificación de que “acortar el período de parole otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada”.
Según la jueza, la ley de deportación expedita generalmente no aplica a personas que fueron admitidas legalmente bajo parole, independientemente del tiempo que lleven en el país.
Además, la jueza enfatizó que la propia ley que autoriza el parole (8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A)) exige que las decisiones se tomen "solo caso por caso", tanto para otorgarlo como para determinar si los propósitos del parole "han sido cumplidos" y justificar su terminación.
La revocación masiva y categórica, sin considerar las circunstancias individuales de cada parolee, violaría este mandato legal, según la orden judicial.
"La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, del estatus legal para los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y entraron legalmente al país socava el Estado de derecho", escribió la jueza Talwani.
La corte también reconoció el daño irreparable que sufrirían los beneficiarios si se permitiera la terminación anticipada, destacando sus "significativos intereses de dependencia": personas que dejaron sus países, incurrieron en gastos, obtuvieron empleo y vivienda, y establecieron lazos comunitarios confiando en el período de parole otorgado.
La orden judicial es un alivio temporal crucial para los ‘paroleados’, permitiéndoles mantener su estatus legal y su capacidad para trabajar mientras continúa el litigio.
Esta decisión representa un obstáculo judicial importante para la agenda de inmigración de la Casa Blanca, aunque la batalla legal sobre el futuro de este programa de parole humanitario estaría lejos de terminar.
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