El Departamento de Estado anunció las nuevas restricciones de visado por privar a los nicaragüense de sus "libertades" al cumplirse siete años de las protestas
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y du esposa y copresidente, Rosario Murillo
Europa PressWASHINGTON.- Estados Unidos anunció este viernes, 18 de abril, restricciones de visado a más de 250 funcionarios del régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, por amenazar la democracia y privar al pueblo nicaragüense de sus "libertades fundamentales", al cumplirse siete años de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos.
La dictadura de Ortega y su esposa Rosario Murillo se encuentra bajo sanciones de EEUU por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007, quien desató una feroz represión y persecución en contra de activistas, miembros de la Iglesia católica y opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
"Al cumplirse siete años de la brutal ola de represión contra los manifestantes por parte del régimen de Ortega y Murillo, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía", indicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
La medida, que entra en vigor de conformidad con la proclamación presidencial 10309, "suspende la entrada a Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes de miembros del règimen de Nicaragua y otras personas que implementen políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas o que se beneficien de ellas".
Con estas nuevas restricciones anunciadas este viernes, suman más de 2,000 los funcionarios sancionados en los últimos dos años, que tiene prohibido el ingreso a EEUU.
"Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.
A principios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves "crímenes" de derechos humanos y "represión sistemática".
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla marxista).
Además, el gobierno de Donald Trump acusa a Managua de hacer negocios con la migración irregular. Ortega ha convertido a Nicaragua en una ruta de tráfico humano con destino a Estados Unidos.
"La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera", advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra. En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al régimen nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se encuentran igualmente bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La deriva antidemocrática en Nicaragua se agudizó tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, y se ha traducido en detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas y privación de nacionalidad, así como la cancelación de numerosas ONG y universidades que fueron el foco de las manifestaciones antigubernamentales.
FUENTE: Con información de AFP / Europa Press
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