La abogada Maribel Piza explica por qué modificar la enmienda 14 sería contraproducente, además de señalar que no se conoce la magnitud del cambio propuesto
El entonces expresidente Donald J. Trump habla a los medios de prensa sobre las acusaciones y hostigamiento político en su contra.
KENA BETANCUR/ AFP
En un mes Donald Trump volverá a ocupar la Casa Blanca y oficialmente podrá ejecutar varias de las ideas que durante su campaña anunció pondría en práctica con su regreso a la presidencia. Los temas migratorios, junto con los económicos, fueron estandartes del magnate en la contienda electoral, y ahora, el anuncio de que intentaría eliminar el derecho a la nacionalidad estadounidense por nacimiento acapara muchas miradas.
Y es que el presidente electo el pasado 5 de noviembre, ha repetido que esta idea se mantiene porque “este derecho solo existe en EEUU”. Sin embargo, al menos otros 30 países en el mundo, entre ellos sus vecinos más próximos, Canadá y México, otorgan el beneficio de ciudadanía si el individuo nace dentro de sus fronteras. En la región, solo Colombia no otorga la nacionalidad por nacimiento y es heredada si un padre ya es colombiano o alguno de los padres está domiciliado en el país.
La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, también conocida como jus soli (“derecho de suelo”), está protegida por la 14ª Enmienda, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil. Esta modificación a la Constitución fue concebida para garantizar la ciudadanía de las personas afrodescendientes y otras minorías. Según la letrada Piza, este principio se ha convertido en un pilar de la identidad estadounidense y en un modelo de inclusión que distingue al país.
“Eliminarlo no solo implicaría un cambio constitucional complejo, sino también una ruptura con los valores históricos de Estados Unidos”, dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Uno de los argumentos para buscar la eliminación de la ciudadanía por nacimiento es la proliferación del llamado “turismo de parto” y de los “bebés ancla”.
Estos términos, empleados por los críticos de la ciudadanía por nacimiento, suelen mezclar dos efectos diferentes de esta política.
Cada año, miles de mujeres embarazadas provenientes de otros países ingresan a Estados Unidos con un visado legítimo, dan a luz a hijos que adquieren automáticamente la ciudadanía estadounidense y luego regresan con los bebés a su país de origen o a un tercero. Esta práctica, conocida en ocasiones como “turismo de parto”, es permitida siempre que la madre haya obtenido su visa de manera legítima y cumpla con los requisitos establecidos.
Trump y quienes les respaldan en esta idea, suelen referirse a mujeres que entran al país de manera irregular para dar a luz a lo que llaman popularmente “bebés ancla”, los cuales permitirían a la familia acceder a ayudas públicas y avanzar hacia la residencia legal.
Sin embargo, la abogada Piza cuestiona la magnitud de este fenómeno y resalta que el país se ha visto beneficiado de los ciudadanos nacidos con ascendencia de inmigrantes y citó ejemplo al senador Marco Rubio, hijo de padres cubanos inmigrantes, a quien el propio Donald Trump acaba de postular como secretario de Estado.
“Aunque la práctica existe, no es tan extendida como algunos sugieren”, dijo Piza, quien agregó, además, que la mayoría de los hijos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes se convierten en ciudadanos exitosos que contribuyen significativamente al país.
“Tenemos ejemplos como Marco Rubio, cuyos padres eran inmigrantes, y Michael Dell, fundador de Dell Computers. La historia de Estados Unidos está llena de casos de hijos de inmigrantes que han hecho grandes aportes”, señaló.
La analista resaltó que no queda claro si la ley que propone el presidente aplicará solo para los futuros recién nacidos en el país sin que sus padres sean ciudadanos o si Trump buscará que sea retroactiva desde una determinada fecha.
“¿Cuántas personas se verán afectadas? El no habla de residente, solo habla de que no eran ciudadanos”, agrega y considera que el proyecto, hasta ahora, es bastante ambiguo y añade, se desconoce el impacto que podría tener si procede.
Tanto si se crían en Estados Unidos como si lo hacen en el extranjero, una vez que los hijos estadounidenses de padres no ciudadanos alcanzan la edad de 21 años, pueden patrocinar a miembros de su familia para obtener la residencia legal permanente, al igual que cualquier otro ciudadano estadounidense, una práctica cuestionada por los críticos e identificada como “migración en cadena”. El patrocinio por familiares ha ocupado un lugar destacado en las historias de decenas de millones de inmigrantes en los Estados Unidos durante el último siglo.
Aunque Trump ha hablado constantemente de este cambio, incluso desde su primer mandato, hacerlo no resultaría tan fácil. Para modificar este derecho establecido en la Constitución, tendría que esperar que esta moción sea aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, actualmente en mayoría de línea conservador como el presidente electo. Y aun así, podría ser impugnado.
“Esto demuestra que estamos hablando de un cambio en la Constitución de los Estados Unidos. Es algo que él no puede simplemente hacer con su propia pluma”, explica la experta en derecho migratorio. “Requiere presentar cuál sería la enmienda, presentarlo al Congreso, o sea que él debiese tener la cooperación del Senado y de la Casa de Representantes. Usualmente no ha podido haber reformas inmigratorias porque nunca se ponen de acuerdo las dos instituciones”, siguió. “Ahora, con eso dicho, la Cámara de representantes y el Senado es republicano en este momento, o sea que si hay un momento para tener la oportunidad de hacer un cambio estamos en la posición más ideal”.
Pero si intenta hacerlo a través de una orden ejecutiva, esta sería, casi con toda seguridad, impugnada en los tribunales como una violación de la Decimocuarta Enmienda.
Las declaraciones del presidente Trump respecto al tema no han sido del todo claras, por lo que habría que esperar el desarrollo de la idea para ver exactamente cuál sería su propuesta.
Sin embargo, El Migration Policy Institute calculó en 2019 que alrededor de 5,5 millones de menores de 18 años vivían sin autorización legal en el país con al menos uno de sus padres, lo que representaba entonces el 7% de la población infantil de Estados Unidos. La gran mayoría de esos niños eran ciudadanos estadounidenses por nacimiento.
Durante la campaña de Trump a la presidencia en 2015, el grupo resaltó que el número de personas que viven sin permiso legal en el país “se dispararía” en caso de que se eliminara la ciudadanía por derecho de nacimiento, creando “una clase autoperpetuante que quedaría excluida de una pertenencia social por generaciones”.
“Y eso es algo que afecta a tantos otros americanos que han estado en este país legalmente, con éxito, son parte de nuestra cultura y parte de lo que hace a América grande”, agregó Piza.
Piza opina que Trump ha manejado el tema como una estrategia para incitar emociones.
“Trump es conocido por lanzar propuestas que generan reacciones inmediatas, pero rara vez ofrece detalles concretos sobre cómo implementarlas”, dijo. En este caso, la experta consideró que el presidente electo utiliza el tema de la ciudadanía por nacimiento para movilizar a su base política, aunque sea poco probable que logre cambios significativos. Incluso si Trump intentara implementar esta política mediante una orden ejecutiva, enfrentaría múltiples desafíos legales.
“La 14ª Enmienda es clara, y cualquier intento de reinterpretarla probablemente sería bloqueado en los tribunales”, explicó Piza. Además, recordó que, durante su primer mandato, Trump también propuso ideas similares que nunca se concretaron.
Trump había prometido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento cuando se presentó por primera vez a la presidencia en 2015 y volvió a plantearlo en 2018. Pero nunca emitió una orden ejecutiva.
En aquel momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, descartó la idea, diciendo: “No se puede hacer algo así a través de una orden ejecutiva”.
A pesar de la promesa de Trump, el plan para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento no se menciona específicamente en el documento de la plataforma republicana de 2024, que incluye un capítulo titulado ‘Sellar la frontera y detener la invasión de migrantes’.
“Por eso, creo, es que probablemente él no termina la idea. Estira la idea, provoca emoción para que las personas estén. Let's get on (“Vamos a hacerlo”), pero cuando de verdad vienen a ver, no define... O sea, no dice ‘a partir de mi presidencia ya no van a tener derecho a ser ciudadanos los que nazcan aquí’. Él no hace determinaciones concretas (en ese tema) porque no puede”.
La propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento es más un gesto simbólico que una política viable. “Trump sabe que este es un tema emocional que moviliza a su base, pero las barreras legales y sociales son enormes”.
Aunque el debate continúa, queda claro que cualquier intento de cambiar este derecho fundamental enfrentará una fuerte resistencia. La ciudadanía por nacimiento no solo es un principio legal, sino también un reflejo de los valores de inclusión e igualdad que han definido a Estados Unidos durante más de un siglo.
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