Los demócratas, alineados dentro del mismo partido en el ultraizquierdismo, intentan contener el avance de la administración actual en su plataforma de acción y en su guerra contra la corrupción en Washington
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MANDEL NGAN/ AFPMIAMI- Como en el mandato anterior del presidente Donald J. Trump, cualquier medida de su gobierno recibe el rechazo casi unánime de los demócratas y la crítica despiadada de los medios de prensa de ultraizquierda; aunque frente a la avalancha de demandas del líder republicano contra grandes medios neoliberales los ataques mediáticos se han moderado.
La crisis financiera y de descrédito que sufren los grandes medios de la ultraizquierda en Estados Unidos y en el mundo ya no pasa desapercibida. Y en EEUU los fondos de subvenciones para la subsistencia se terminaron por parte del gobierno federal en Washington. La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) era una importante fuente de ingresos para estos medios corruptos, de ahí su dependencia a las políticas radicales anticonservadoras y su ausencia notable de objetividad.
A la izquierda no le preocupa el despilfarro de dinero de los contribuyentes y menos la quiebra de Estados Unidos, tampoco el descontrol y la malversación de fondos cuando se ha robado y se pudiera continuar robando a manos llenas con impunidad, como hasta ahora, de no crear las herramientas y la supervisión requeridas.
Nada de lo anterior les preocupa a los congresistas demócratas en Washington, a los activistas neoliberales (“progresistas o socialistas) y a la élite del Partido Demócrata; mucho menos reconocer la importancia y el valor de reestructurar el gobierno, restaurar el orden y la ley, reducir el déficit fiscal, evitar la quiebra de EEUU y hacer verdaderamente funcional y eficiente la administración en Washington, a favor de los intereses de la nación y al servicio del pueblo estadounidense.
A la ultraizquierda sólo le interesa frenar las reveladoras auditorías del asesor presidencial Elon Musk, atacarlo como a Trump con demandas judiciales para entorpecer el avance de las investigaciones, sembrar cizañas entre el Presidente y su asesor de eficiencia, y sobre todo desviar la atención de todo lo que ha salido y falta por salir a la luz pública acerca del robo y desfalco del dinero de los impuestos de los ciudadanos y residentes en EEUU.
Trump trabaja en estos momentos con más del 90% de su gabinete confirmado por el Senado. Entre los altos cargos que aún faltaban por concluir el proceso estaba Kash Patel, el nominado a dirigir el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Pero, el mismo día que el Presidente cumplió un mes en la Casa Blanca, se conoció que Patel es el nuevo jefe del FBI.
“Debemos defender a los hombres y mujeres buenos del FBI. He escuchado de agentes que están horrorizados en una institución que había construido una reputación de integridad y que ahora se ha devaluado, al ser convertida en un arma política para atacar a los adversarios de la Casa Blanca de Joe Biden y los demócratas”, declaró ante una audiencia el senador republicano por Texas, Ted Cruz.
“Lo que debemos hacer es restaurar esa integridad perdida del FBI y poner fin a la utilización política. Porque eso ha provocado que más de la mitad de los estadounidenses no crea en lo que solía ser la principal agencia de aplicación de la ley en el mundo”, comentó.
“Durante cuatro años vimos al Departamento de Justicia de Biden armar a esa agencia federal para perseguir, arrestar y encarcelar a sus oponentes políticos. Esto no debe ocurrir nunca más”, manifestó el Cruz.
Patel, temido por los socialistas disfrazados de izquierdistas dentro de esta institución policial federal y por sus firmes convicciones y experiencia, está decidido a cumplir con ese trabajo al frente del FBI.
El derroche, el descontrol, la ineficiencia y el abuso de poder de gobiernos anteriores durante décadas ha indignado a millones de estadounidenses. Muchos aún alucinan con la información que sale en estos momentos al conocimiento público.
El nuevo inquilino de la Casa Blanca cuenta con más de un 70% de aprobación en su gestión presidencial, según sondeos más recientes de las cadenas CNN y CBS.
Sobre el tema migratorio, prioridad de la nueva administración, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas. Entre ellas, puso en pausa el proceso de camino a la residencia a personas que entraron por la frontera a través del llamado “parol humanitario” y otras vías que implementó su predecesor Biden y que permitió la entrada de cientos de miles de personas sin la verificación adecuada, mediante la violación de las leyes de inmigración del país.
Además, ordenó eliminar el uso de fondos federales de los contribuyentes para programas creados por Biden de sustento y beneficios a los inmigrantes ilegales.
El más reciente ejemplo es la entrega por parte de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de 59 millones de dólares para alojar a inmigrantes ilegales en hoteles en Nueva York, cuando miles de damnificados en Carolina del Norte por el Huracán Helene en 2024 la única ayuda de FEMA que recibieron fueron cheques de entre 400 y 700 dólares, después de haberlo perdido todo.
Los demócratas han tratado de justificar ese envío y en la forma en que la Gran Manzana recibió y distribuyó los fondos, pero este no es la única acción cuestionable de esta agencia, cerrada y desmantelada por el gobierno de Trump tras una ola de escándalos, malgastos, exceso de burocracia e ineficiencia.
Un memorando interno de esa agencia a empleados llenó la copa para FEMA: Después del paso de Helene por la zona oeste de Florida, los empleados recibieron la orientación de no censar para ayudas a residentes que tuvieran propaganda a favor de Trump frente a sus viviendas o su afiliación política fuera de derecha o extrema derecha, lo que suscitó una fuerte denuncia pública e indignación en redes sociales, medios conservadores de prensa y de congresistas republicanos.
Pero el récord negativo de FEMA se extiende a décadas. De ahí que el Presidente ordenara el cierre y disolución de FEMA y luego de la Agencia del Desarrollo Internacional (USAID), por la ineficiencia de ambas en medio de las revelaciones de fraude, presuntos sobornos y despilfarro del dinero de los contribuyentes.
De forma oficial, el gobierno de EEUU designó a cárteles del crimen organizado y el narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. Entre los designados están el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Tren de Aragüa, la Mara Salvatrucha y la Nueva Familia Michoacana, entre otros.
La medida da luz verde a las agencias federales de inteligencia, Inmigración, al FBI, a la DEA y al ejército a perseguir y combatir de forma directa y con los recursos necesarios a estas bandas criminales, consideradas ahora bajo esta orden como un serio peligro para la seguridad nacional de EEUU.
Trump, durante una conferencia de prensa, anunció la firma también de la reducción considerable de los costos de la fertilización in vitro (FIV) para finalmente lograr el acceso gratuito de los futuros padres, otra de las promesas de campaña del líder republicano.
“La orden dirige recomendaciones de políticas para proteger el acceso a la FIV y reducir de forma agresiva los costos de bolsillo y de los planes de salud para dichos tratamientos” y dicta al Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, dirigido por Vince Haley, que examine todos los pasos y vías para que la ordenanza entre en vigor lo antes posible.
En esa misma conferencia Trump informó que ha sido contactado por varias de las más grandes empresas del mundo para regresar a EEUU, después de las medidas y acciones de la Casa Blanca en economía, temas nacionales y política exterior, como el fin de la guerra en Ucrania y el apoyo firme a las grandes tecnológicas y otras transnacionales estadounidenses ante las nuevas y estrictas regulaciones como parte de los ataques de la Comunidad Europea, bajo la agenda globalista y antiamericana 2030.
Más tarde se conoció que una de esas compañías es Apple. El gigante estadounidense de la tecnología anunció su compromiso de grandes inversiones en EEUU, después de reunirse con el presidente Trump.
Sobre las negociaciones para el fin del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y el plan de Trump para Gaza y la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás, las expectativas y los puntos suspensivos acaparan los titulares de prensa en el mundo.
Trump afirmó recientemente que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo Vladimir Putin, deberán sentarse frente a frente.
"Creo que Putin y Zelenski tendrán que juntarse. Queremos acabar con la muerte de millones de personas", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Pero el mandatario va ahora más allá de un simple acuerdo de paz, quiere de alguna forma recuperar los 350.000 millones de dólares que esa guerra innecesaria le costó directa e indirectamente a los contribuyentes norteamericanos.
Por otra parte, ocho líderes árabes se reunieron en Arabia Saudita para elaborar un plan en respuesta a la propuesta de Trump de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y la población palestina sea relocalizada en la región.
La idea de Trump para el futuro de Gaza generó en un principio cierto rechazo entre las naciones árabes, pero después hubo un cambio de postura. No hay consenso aún sobre quién debe gobernar Gaza y cómo financiar la reconstrucción, después de la devastadora pero necesaria ofensiva israelí.
Entre los últimos datos encontrados por el equipo que dirige Elon Musk como asesor del Presidente en la labor del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), se supo que 2.7 billones de dólares (trillions) de pagos del Medicare y el Medicaid, desde el 2003 hasta la fecha, se encuentran bajo sospechas de fraude o se han hecho de forma indebida, incluso a personas fuera de EEUU.
Trump volvió a sorprender. Dijo que considera devolver de forma directa a los contribuyentes el 20% de los enormes ahorros anuales de DOGE y otro 20% al pago de la deuda del país, cuyo pago anual sólo de intereses sobrepasa el presupuesto de defensa del país de casi de 900.000 millones de dólares.
El famoso inversor y presidente ejecutivo de Azoria Partners, James Fishback, es uno de los promotores de la idea del reintegro a ciudadanos estadounidenses del dinero del fraude o el descontrol en Washington. Unos 79 millones de ciudadanos o residentes calificarían para este reembolso, de acuerdo con el Tax Policy Center.
Fishback sostiene que 2 billones (trillions) de dólares en ahorros en dos años ascenderían a aproximadamente 25.000 dólares por contribuyente. El dividendo propuesto del 20% sería entonces de 5.000 dólares por contribuyente, no antes de julio de 2026 y con la aprobación del Congreso en Washington.
El connotado inversor considera que el llamado “DOGE Dividend” proviene de recortes presupuestarios, por lo que no representa ningún valor inflacionario
"La cantidad sería..., obviamente, proporcional a la cantidad de ahorros que DOGE logre", escribió Musk en X.
"¡Más ahorros significarían una mayor reducción de impuestos! Sin embargo, la principal prioridad de DOGE sigue siendo reducir el déficit para detener la inflación y reducir las tasas de interés que pagan ahora las personas".
El objetivo de Musk es recuperar 1 billón (trillion) de dólares en recortes anuales, mientras su equipo de 100 personas avanza a toda velocidad dentro de la burocracia federal.
La desesperación y el enfoque de la izquierda se concentra, como se esperaba, en cómo frenar al presidente Donald Trump y a su asesor Elon Musk en las auditorías al gobierno federal, las que han servido para destapar el mayor escándalo de corrupción en la historia de Estados Unidos.
Con la corrección de lo que ha salido hasta el momento, el ahorro ya supera los 104.000 millones de dólares.
DOGE dijo que descubrió 1.900 millones de dólares en fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano "extraviados" e innecesarios y canceló 373 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Educación para sesiones de capacitación sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).
Los últimos datos sobre el seguro social indican el descontrol de proporciones gigantescas en Washington. Personas de más de 150 y 160 años que "cobran" el pago del seguro social. Alguien lo cobra o rebota, pero se continuaba con estos envíos hasta que Trump ordenó congelar esos pagos.
"Tenemos sospechas de que decenas de millones de personas fallecidas reciben en este momento los pagos de seguro social cada mes", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt.
La población de EEUU es de 340 millones de habitantes. La información del seguro social indica que varios millones por encima de esa cifra reciben pagos del seguro social. Es decir, todos en EEUU "recibimos un pago del seguro social", más otros millones de personas que no existen. Entre ellas, una cifra superior a los 17 millones supera la edad de 100 años.
A continuación, algunos datos revelados de los registros del Seguro Social.
Entre 130 y 139 años de edad, casi cuatro millones (3.936.311) seguían “recibiendo" el pago del seguro social. Entre 150 y 159 años de edad, casi un millón y medio de personas "eran beneficiarias" de un pago mensual del Departamento de Seguridad Social en EEUU.
Entre 160 y 169 años de edad: 121.807 continuaban "recibiendo" pagos mensuales. Entre 170 y 179 años de edad: 6.087 “cobraban” pagos del seguro social… Entre 220 y 229 años de edad: 1.039 seguían "recibiendo" pagos; y así hasta llegar a una “afortunada” persona de 360 años…
La comisionada interina del Departamento de Seguro Social en EEUU, Michelle King, dice que renunció, pero en realidad fue despedida tras el escándalo de las estadísticas dadas a conocer por el equipo de Musk.
Trump ha nominado a una persona altamente calificada en administración y estadísticas para sustituir a King. Se trata de Frank Bisignano, quien debe ser confirmado por el Senado para dirigir la Administración del Seguro Social. Bisignano es presidente y director ejecutivo de Fiserv y exdirector ejecutivo de First Data y exdirector de operaciones de JPMorgan Chase.
La salida de King se suma a otros altos funcionarios en Washington, después de estallar el mayor escándalo de corrupción y descontrol de las agencias gubernamentales federales en EEUU.
El próximo objetivo de Musk es el Servicio de Rentas Internas (IRS) y las reservas de oro en el llamado Fort Knox, luego el Departamento de Educación, Salud y el Pentágono, entre otros.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió propuestas de recortes presupuestarios para alcanzar una reducción anual del 8% durante cinco años.
La proposición excluye 17 sectores del Pentágono, cuyo presupuesto en 2025 está fijado en unos 850.000 millones de dólares.
Entre las exenciones figuran las operaciones militares en la frontera con México y la modernización del arsenal nuclear.
El documento del Departamento de Defensa también ordena seguir financiando varias agencias militares estadounidenses en todo el mundo, incluido el comando Asia-Pacífico y el comando espacial, entre otros.
Ante la polémica creada por demócratas, activistas radicales de izquierda y la prensa liberal, la Casa Blanca aclaró que Musk no necesita ser confirmado por el Senado, porque no es un alto cargo en el gobierno federal, sino un asesor como es la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles.
Musk fue seleccionado por el presidente Trump como parte de su equipo de expertos, no como funcionario del gobierno. Ni el Congreso ni las leyes federales impiden al Presidente escoger a quien quiera como asesor en cualquier sector y para cualquier proyecto o planes.
El dueño de Tesla y SpaceX no gana un centavo del gobierno federal por su trabajo y utiliza su tiempo como empresario privado, porque así lo decidió en su afán de ayudar a Trump a encarrilar el futuro y el destino del país.
Más que trabajo, Musk “presta un servicio meritorio a favor de todos los estadounidenses y decenas de millones están muy agradecidos de lo que hace en estos momentos, una promesa del Presidente en su campaña”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Los inconformes son los que no les conviene la verdad o se enfrentan a ser procesados ante la justicia y los demócratas, que ven afectados sus ingresos para proseguir con su agenda globalista, reglas de género y raza, puertas abiertas en inmigración, cambio climático, guerras y gastos desorbitantes en políticas de ultraizquierda, "progresistas" o socialistas.
El multimillonario Elon Musk no dirige oficialmente el Departamento de eficiencia gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, sino que trabaja como asesor del presidente Donald Trump, declaró un funcionario de la Casa Blanca.
Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, indicó que Musk "es un empleado de la Casa Blanca", un "empleado especial del gobierno, no un funcionario de carrera ni electo. No tiene que serlo. Es uno de los asesores principales del Presidente".
"Al igual que otros asesores de alto rango de la Casa Blanca, Musk no toma decisiones gubernamentales por sí mismo y sólo . asesora al Presidente y le brinda información", recalcó Fisher en un documento.
Creada por un decreto presidencial de Trump el 20 de enero, el día de su investidura, la misión del DOGE es "modernizar la tecnología y el software federal para maximizar la eficiencia y la productividad del gobierno", además de detectar la fuga de fondos, descontrol y despilfarro del dinero de los contribuyentes, puntualiza el texto.
Fisher hizo esta declaración en el marco de una demanda, que no va a ninguna parte y hecha para dar imagen de una violación constitucional y supuesto abuso de poder (lo que sí hizo en múltiples ocasiones Joe Biden en su mandato) presentada el 13 de febrero contra Musk, Trump y DOGE por 14 estados, que "consideran" que Musk ejerce un papel más allá de sus funciones oficiales.
Dado que "su nominación no ha sido confirmada por el Senado", sus acciones "son inconstitucionales", argumentan en un documento. Una afirmación que carece de todo tipo de proceder constitucional y que ha sido inventado por los demócratas con fines netamente políticos y de desinformación.
En una entrevista por Fox News, Trump defendió una vez más su estrecha relación con Musk y se rió ante la pregunta acerca de los comentarios de que el hombre más rico del mundo maneja los hilos del poder en Washington.
En un extracto de la entrevista con Musk, el presidente denunció a sus adversarios por querer sembrar la discordia entre ellos. Pero esta vez lo hizo con una gran sonrisa, luego de sentenciar: "He aprendido que la gran mayoría de la gente son personas muy inteligentes, así que no hay mucho que explicar; saben perfectamente lo que ocurre y lo demostraron el 5 de noviembre".
Lo que tiene retorcida a la izquierda y a la ultraizquierda es la velocidad y a la vez firmesa, convicción y serenidad con la que trabaja el gobierno de Trump para revelar la verdad e implementar la verdadera transparencia en Washington, lo que le impedirá a los radicales de izquierda aprovecharse nuevamente del "río revuelto" para su agenda neoliberal, muy contraria a las bases conservadoras sobre las que se fundó la Gran Nación Americana.
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