Trump ha hecho hasta ahora todo lo que prometió durante su campaña electoral si llegaba a la Casa Blanca.
En pleno avance de resultados de la actual administración, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que Washington canceló el 83% de los programas de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Rubio agradeció al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, que impulsa un recorte de gastos sin precedentes y de puestos de trabajo en todos los departamentos del gobierno federal.
Los nuevos demócratas (dominados por una agenda de ultraizquierda) y los medios de prensa de igual tendencia lanzan a diario una andanada de críticas, y hacen hincapié en las decenas de miles de empleados despedidos, retirados de forma voluntaria o cesantes dentro del gobierno federal. La cifra total de cesantías y despidos 63.000 empleados en 17 agencias federales.
Sin embargo, el presidente Bill Clinton, en situación económica totalmente diferente (1993-2001) y con la deuda de EEUU; por ejemplo, en 1998, en sólo 5,5 billones (trillions) de dólares, dejó sin sus puestos de trabajo a 300.000 empleados federales.
Ofensiva contra la corrupción
En estos momentos, en los que el gobierno de Trump lleva una ofensiva contra el abuso de poder y la corrupción, la deuda del país supera los 36 billones (trillions) de dólares.
Clinton sembró en puestos clave del gobierno a funcionarios y a la vez activistas de izquierda y de extrema izquierda, que mucho daño han causado durante los gobiernos de Barack Obama y el de Joe Biden (una extensión del primero).
Sólo en el 4to trimestre de 2024 la deuda fue de 18,4 billones de dólares.
Estos funcionarios activistas se encargaron de pulverizar la credibilidad de las instituciones federales convirtiéndolas en feudos del Partido Demócrata y ejecutores de políticas “progresistas” (socialistas) en Washington y en el resto del país.
En los últimos cuatro años se desataron en una defensa a ultranza de la denominada corriente WOKE, la versión más dañina del “progresismo” moderno, que encierra la sexualización de la educación con la promoción y ejecución del cambio de sexo en niños, la imposición de políticas de género (LGTBQ) en la sociedad y en todos los sectores, entre otros objetivos.
Senadores y representantes republicanos, incluso algunos demócratas, advirtieron durante años que la llamada "asistencia exterior" desembocaba muchas veces en un despilfarro de dinero, sin representar los verdaderos intereses de EEUU y sus ciudadanos.
Desde su campaña electoral, el presidente Donald Trump prometió reducir al máximo la burocracia, el tamaño del gobierno y el derroche de fondos, además de erradicar el fraude y la corrupción en Washington.
Trump firmó en enero una orden ejecutiva que congeló gran parte de la ayuda exterior con el propósito de evaluar el malgasto de fondos y las irregularidades reveladas en las auditorías del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigidas por Elon Musk.
"Tras una revisión de seis semanas, estamos cancelando oficialmente el 83% de los programas de USAID", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X.
Coto al despilfarro
"Los 5.200 contratos que ahora están cancelados implicaron gastos de miles de millones de dólares cada año en formas que no favorecieron (y en algunos casos incluso dañaron) los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos", agregó Rubio.
Creada en 1961, la agencia USAID distribuía ayuda humanitaria mediante programas de salud y de emergencia en 120 países. Su presupuesto anual, de 42.800 millones de dólares, representaba el 42% de la ayuda humanitaria distribuida en todo el mundo.
Sin embargo, en los últimos cuatro años y durante el gobierno de Barack Obama, esta agencia se desvió de sus objetivos y se centró en impulsar agendas globalistas como la denominada Agenda 2030, e incluso enviaba fondos a organizaciones vinculadas directamente al terrorismo, enemigos de Washington y a grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, entre otros.
La aprobación del presupuesto federal
Parte fundamental del desarrollo de las medidas económicas del nuevo inquilino de la Casa Blanca es el presupuesto federal que se aprueba en el Congreso en Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley presupuestal para evitar una parálisis financiera del gobierno.
La Cámara Baja aprobó el texto con 217 votos a favor y 213 en contra. El proyecto pasó al Senado, donde deberá ser votado antes del viernes a la medianoche, cuando vence el actual presupuesto federal.
El viernes, el senado respaldó también el plan con una votación de de 62 a 38. A los republicanos, excepto Rand Paul de Kentucky cuyo voto fue de oposición, se unieron 10 demócratas
Con este nuevo éxito, Trump tiene hasta el 30 de septiembre para comenzar a ejecutar su agenda económica y política de grandes recortes del gasto federal, reducción de impuestos, deportaciones masivas y energía, entre otros importantes temas.
Los republicanos elogiaron al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por convencer a una parte de los legisladores conservadores que exigían más recortes en el presupuesto, cuando el texto prevé en su mayoría el congelamiento de cuentas y la guerra al despilfarro.
Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), reprendió a su homólogo demócrata, Chuck Schumer, por su oposición sin sentido al plan de presupuesto. Ante las críticas de algunos demócratas, Schumer cambió su postura en menos de 24 horas para votar junto a los republicanos.
“El verano pasado, el Comité de Asignaciones presentó 11 de sus 12 proyectos de ley con apoyo bipartidista. Seis de esos proyectos fueron aprobados por unanimidad en el comité”, dijo el líder republicano.
“Pero mes tras mes, el líder demócrata Schumer encontró algo más importante que hacer que financiar al gobierno. Y ni uno solo, ni uno solo, de esos 11 proyectos bipartidistas llegó a la Cámara”.
Thune agregó que el Partido Republicano no estaba "entusiasmado" con el proyecto de ley de financiación, que era una prolongación de los niveles de gasto establecidos por el expresidente Joe Biden durante su último año en el cargo, pero su Partido sentía que era la "mejor opción" para evitar un cierre del gobierno federal.
En el tema de inmigración
La administración del presidente Donald Trump lanzó la aplicación móvil CBP Home, una herramienta innovadora diseñada para facilitar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de EEUU.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la iniciativa busca optimizar los recursos de seguridad y reforzar la soberanía fronteriza de Estados Unidos.
La aplicación permite a los inmigrantes notificar directamente su decisión de abandonar el país, agilizando el proceso sin necesidad de que las autoridades de inmigración intervengan.
El DHS destacó que esta alternativa representa la opción más segura para los inmigrantes ilegales, además de generar un ahorro significativo en fondos públicos y en el trabajo de agencias como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"La salida voluntaria es una medida eficaz que permite a las autoridades enfocarse en quienes representan un peligro real para la seguridad del país", subrayó el comunicado oficial. Además, esta función se suma a una campaña de concienciación nacional e internacional que busca disuadir ingresos ilegales y fomentar una migración ordenada y legal.
La actual administración puso en pausa los trámites migratorios de todas las personas que entraron bajo los programas creados por el gobierno de Biden como el llamado “parole humanitario”, “CBP One” y “reunificación familiar”.
Ahora las deportaciones también se centran en buscar a espías cubanos, venezolanos, nicaragüenses, chinos y de muchas otras naciones que aprovecharon el descontrol del gobierno de Joe Biden para asentarse en suelo estadounidense y operar en contra de EEUU desde adentro.
El gobierno del presidente Trump tiene conocimiento de miles de violaciones a las leyes de inmigración de EEUU, fraudes y escasa verificación de seguridad e identidad de los migrantes aceptados.
Debido a ese descontrol, pudieron entrar al país, mezclados con las personas comunes y trabajadoras en busca de un futuro mejor, decenas de miles de miembros de pandillas, narcotraficantes; del crimen organizado en general; terroristas, convictos por graves delitos (violadores, asesinos, traficantes de personas), agentes de inteligencia y esbirros de dictaduras.
En los cuatro años de Biden, más de 12 millones de emigrantes entraron al país por la frontera sur y por vía aérea; el mayor caos migratorio en la historia de EEUU.
Antisemitismo y discriminación
La Casa Blanca anunció recortes por 400 millones de dólares en fondos federales para la Universidad de Columbia, acusada de haber permitido "el persistente acoso y ataques físicos y verbales a estudiantes judíos" durante protestas propalestinas y proterroristas a favor de Hamás y Hezbolá.
“No vamos a tolerar que alguien venga a estudiar a nuestro país y apoye a organizaciones terroristas que han asesinado a estadounidenses”, advirtió la portavoz de la Casa Blanca Caroline Leavitt.
Cuatro agencias federales informaron la cancelación "inmediata" de 400 millones de dólares de fondos federales y contratos con esa universidad de Nueva York, señalando que se trata de una "primera serie de acciones” contra el antisemitismo.
Algunas universidades estadounidenses, incluida la de Columbia, se vieron sacudidas el año pasado por protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y contra las acciones de Israel en respuesta a los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, que provocaron acusaciones de antisemitismo.
Trump dijo que la detención de Mahmud Khalil, líder de las protestas prohamás en la Universidad de Columbia, en Nueva York, es "el primer arresto de muchos".
"Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades de todo el país que han participado en actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses, y la administración Trump no lo tolerará", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.
Khalil, uno de los nombres más conocidos de las protestas que se desataron el año pasado en contra de la guerra de Israel en Gaza y que causaron destrozos, fue arrestado por agentes de inmigración.
El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió una investigación a decenas de universidades por sus programas de diversidad, equidad e inclusión, bajo cientos de denuncias de discriminación a estudiantes blancos.
"El Departamento trabaja para reorientar la aplicación de los derechos civiles y garantizar que todos los estudiantes estén protegidos contra la discriminación ilegal", declaró la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado.
"Los estudiantes deben ser evaluados según sus méritos y logros, no prejuzgados por el color de su piel o preferencias sexuales", añadió.
Las 45 universidades investigadas por "participar presuntamente en prácticas de exclusión racial" incluyen prestigiosas instituciones de la Ivy League como Cornell y Yale, y líderes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Chicago y la Universidad de California-Berkeley.
La mayor desregularización de la historia
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) comenzó a desmantelar todas las medidas y proyectos del controversial “cambio climático”, una de las prioridades del gobierno de Biden que generó la peor inflación en el país en los últimos 50 años.
El costo regulatorio y de cumplimiento estimado de las normas actuales impuestas por la anterior administración asciende a 700.000 millones de dólares.
"La industria automotriz estadounidense se ha visto paralizada por el estricto régimen regulatorio de la última administración", declaró el nuevo administrador de la EPA, Lee Zeldin.
"Al reconsiderar casi un billón (trillion) de dólares en costos regulatorios, nos adheriremos al estado de derecho para proteger la libertad de elección del consumidor y el medio ambiente".
Las 31 acciones son parte de lo que Zeldin llamó "el día más grande y trascendental de desregulación en la historia de Estados Unidos".
Zeldin prometió "liberar la energía estadounidense" y "revitalizar la industria automotriz".
Las regulaciones de Biden debían entrar en vigor a partir de 2032, pero Trump activó el proceso para eliminarlas.
La reversión se lleva a cabo bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece un proceso de notificación pública y períodos de comentarios antes de tomar una decisión final.
En marzo de 2024, la administración Biden finalizó una norma que exige a los fabricantes de automóviles reducir drásticamente las emisiones de carbono a partir de los vehículos ligeros y medianos del año modelo 2027.
En la segunda mitad de 2024, solo el 8,7% de los vehículos nuevos vendidos fueron eléctricos, según datos de Kelley Blue Book.
Los vehículos híbridos y eléctricos combinados representaron menos del 20% de las ventas totales el año anterior.
Zeldin, excongresista republicano de Long Island, anunció las medidas un día después de que Trump comprara un vehículo eléctrico Tesla al director ejecutivo, Elon Musk, en la entrada de la Casa Blanca.
Trump argumenta que los consumidores deben tener la opción de comprar vehículos de gasolina, diésel, eléctricos o híbridos sin interferencia ni imposición alguna del gobierno.
"Yo soy partidario de las opciones", recalcó Trump, que no ha frenado su intensidad de trabajo.
Menos de dos meses han transcurrido desde que Trump asumió la presidencia de EEUU y a muchos les parece que lleva años, por la cantidad de acciones y medidas que ha dictado desde su escritorio en la Oficina Oval.
Pero el mandatario estadounidense recién comienza. Aún es temprano para vaticinar éxitos, pero lo que sí queda claro es que viene decidido a cumplir todo lo que prometió, no como político, sino como amante de la prosperidad y la salud para EEUU, para todos los estadounidenses.
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FUENTE: Con información de AFP y diversas fuentes.
