El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump se enfrenta desde su primer día a un grave problema que no le es ajeno: un sistema judicial politizado y de clara interferencia intencional
El asesor presidencial Elon Musk estrecha la mano del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca
ROBERTO SCHMIDT/ AFPEl presidente Donald J. Trump acudió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para que defina hasta dónde los jueces federales y estatales tienen jurisdicción constitucional en la gestión de la Casa Blanca.
La politización del sistema judicial por parte de los demócratas ha traído como consecuencia la excesiva intromisión e injerencia [no delimitada] de magistrados en el poder ejecutivo del Presidente.
Desde el primer día de la administración republicana, la interferencia y el intento de anular todo tipo de acciones del sistema de gobierno del presidente Trump ha sido la misión principal de la ultraizquierda, como se ha visto desde antes mediante la instrumentación partidista de la Justicia en EEUU.
Hasta ahora, y en toda la historia de la nación, ningún Presidente había sido atacado de esa forma por la rama judicial, pero ha sido “la moda” contra Trump desde que asumió su primer mandato (2017-2021); luego las insólitas acusaciones judiciales, acoso y persecución desde mucho antes de que anunciara su postulación otra vez a la Casa Blanca.
La incitación al odio de los demócratas, bajo respaldo y amparo de medios liberales de prensa, del FBI y del Departamento de Justicia condujo a tres intentos de asesinato contra el entonces candidato presidencial republicano. Uno de ellos, en que el atacante utilizó un fusil de alto calibre con mira telescópica y a menos de 130 metros de distancia, fracasó por un oportuno movimiento de cabeza de Trump, mientras ofrecía un discurso de campaña en Butler, Pennsylvania.
Jueces politizados al servicio de la izquierda más radical, y en oposición abierta a Trump, han decido enfrentar todas sus decisiones, aunque estas acciones de oposición se extralimiten en su poder real. El objetivo primordial es no permitir que Trump gobierne.
En estos momentos, el inquilino de la Casa Blanca enfrenta 125 demandas judiciales, más que las órdenes ejecutivas que ha firmado, y el 95% de ellas procede de juristas puestos por los presidentes demócratas: Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden.
El mayor escándalo de estos actos de la rama judicial, prácticamente secuestrada por la ultraizquierda en EEUU, ha sido el freno temporal a las deportaciones masivas de criminales ilegales y personas con órdenes de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978, utilizada hasta ahora sólo en tiempos de guerra.
La acción más reciente de esta cruzada la hizo el 26 de marzo una corte de apelaciones de distrito.
Un panel integrado por tres jueces votó (dos contra uno) a favor de mantener la orden que prohíbe temporalmente las deportaciones.
Las juezas Karen LeCraft Henderson y Patricia Millett votaron a favor de mantener la prohibición de expulsar a migrantes asesinos y miembros de pandillas como la llamada [“Tren de Aragüa”] bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, invocada por el gobierno federal para enviar 238 venezolanos e individuos de alta peligrosidad de otros países a la megacárcel de El Salvador (CECOT) el 15 de marzo.
Por su parte, el juez Justin Walker, que votó en contra, recalcó en su informe que “el gobierno del presidente Trump ha demostrado que las órdenes del tribunal de distrito amenazan con causar un daño irreparable a delicadas negociaciones con potencias extranjeras sobre la seguridad nacional”.
James Boasberg, juez principal del tribunal federal de distrito en Washington, prometió determinar si el gobierno desafió su orden de traer de vuelta a los deportados.
Mientras, el gobierno invoca el "privilegio de secretos de estado" y se ha negado a proporcionar a Boasberg cualquier información adicional sobre las deportaciones.
La administración Trump cumple en estos momentos una de sus principales promesas de restaurar la seguridad nacional mediante el cierre de la frontera sur y las expulsiones masivas -en principio- de criminales, que entraron al país gracias a la nefasta política de ultraizquierda de “Puertas Abiertas”.
Esa política migratoria de Joe Biden o la misma que la de Barack Obama, a la que ningún juez se opuso, sembró el caos de seguridad nacional y económico con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, y permitió la entrada de más de 12 millones de migrantes sin la revisión adecuada que exigen las leyes de inmigración de EEUU.
El problema esencial es que la cuestionable actitud y acciones de estos jueces federales activistas contra la gestión de Trump sientan un terrible precedente de [ingobernabilidad] en un sistema democrático donde el pueblo tiene la voz central y el presidente del país responde a ese pueblo en el marco de la ley, pero sin la intromisión sistemática e incisiva de un puñado de magistrados que actúan influenciados por intereses políticos o partidistas.
No existen antecedentes de este tipo de conducta y ofensiva general de la rama judical sobre el poder ejecutivo de la nación.
Si se permite que esto ocurra, en el futuro, cuando un presidente demócrata llegue al poder, podría enfrentar ataques similares (como revancha política) de jueces federales puestos en sus cargos por presidentes republicanos.
El asunto va más allá de frenar o no el trabajo de Trump por una agenda radical de izquierda. En definitiva, el actual Presidente estará ahí sólo en cumplimiento de su término legal. Sin embargo, el problema continuará si no es resuelto por la Corte Suprema de Justicia o en caso extremo por el Congreso de EEUU, que propone y aprueba las leyes de la nación.
La ingobernabilidad que crean los ataques de la rama judicial, incluso en muchos casos sin jurisdicción constitucional y sólo para entorpecer y retardar el trabajo del presidente de la nación, debe ser inaceptable por parte de las dos ramas legislativas del Congreso en Washington.
Por tal motivo, la administración Trump apeló a la Corte Suprema para que intervenga ante las acciones obstruccionistas de estos jueces, calificados por los republicanos y millones de estadounidenses como “activistas políticos”.
Entre las peticiones del gobierno de Trump figura también la demanda por el despido de funcionarios públicos, luego de que un juez de California ordenara el reintegro a sus puestos de trabajo de miles de cesanteados, después de que equipos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) revelara pruebas fehacientes de desorden, fraude, corrupción y sobrado despilfarro del dinero de los contribuyentes en Washington D.C.
Estas personas -en su gran mayoría- fueron contratadas bajo los estándares controversiales de las plataformas demócratas en los gobiernos de Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden.
El presidente Bill Clinton, en tiempos de deuda pública controlada y sin ninguna motivación relevante que no fuera política, despidió a 300.000 empleados federales en su mandato para luego sustituirlos por personas afines o activistas del Partido Demócrata; sin investigación alguna sobre derroche financiero y sin el ansia de hacer más eficiente el gobierno federal. Por el contrario, aumentó la burocracia, a pesar del superávit económico al dejar la Casa Blanca.
En ese momento, Clinton no enfrentó el freno de jueces, que entendían que el presidente de EEUU tiene la potestad legal y constitucional de ejecutar las decisiones administrativas, de seguridad nacional y a beneficio de los estadounidenses que estime conveniente durante su gestión. Pero esta vez, el Departamento de Justicia se encuentra prácticamente secuestrado por jueces federales activistas políticos, que defienden una agenda de izquierda y ultraizquierda en la mayoría de los casos en estados gobernados mediante esta misma tendencia.
Trump intensificó en los últimos días su lucha contra jueces federales puestos por los presidentes demócratas que, desde el primer día de su mandato, comenzaron una insólita cruzada contra todas las acciones del nuevo gobierno, bajo el marcado propósito de obstaculizar y retardar la gestión de la Casa Blanca, que responde a la gran mayoría de los estadounidenses que dieron su voto arrasador el 5 de noviembre en respaldo a la plataforma política, social y económica de Trump y los republicanos.
Ninguno de los ciudadanos -que ejercieron su derecho en noviembre- votó por uno solo de estos jueces, sino por un Presidente que sacara al país del desastre de su predecesor Joe Biden.
Nada de lo que ha hecho Trump hasta ahora es sorpresa. Durante su campaña se cansó de explicar en qué temas y acciones se centraría su mandato. Y fue elegido de forma abrumadora por 312 votos del Colegio Electoral contra 220 de Kamala Harris. Ganó también el voto popular con amplio margen, y las dos Cámaras del Congreso pasaron al control de los conservadores. Un triunfo arrollador.
Trump pidió a la Corte Suprema de EEUU, el máximo órgano judicial del país, que dictamine sobre el grave problema que representan estos jueces federales que “responden como activistas al Partido Demócrata”.
La petición de emergencia presentada por el Departamento de Justicia se opone a la decisión de un juez federal de California, que a principios de marzo ordenó la readmisión de más de 16.000 funcionarios en períodos de prueba que habían sido despedidos. Pero hay muchos más asuntos. Casi todas las acciones del Presidente han sido atacadas.
Esto "viola la separación de poderes", objetó la administración Trump en el documento. Equivale a asignar a un tribunal "los poderes de gestión del ejecutivo (Presidencia)", todo ello por "motivos frívolos y políticos", añadió.
El fallo del juez californiano, William Alsup, se aplica al personal en período de prueba despedido por una docena de agencias federales, entre ellas el Pentágono, el Departamento del Tesoro y el de Agricultura.
Según la petición del gobierno al Supremo, "más de 40" decisiones de tribunales locales bloquean actualmente las directrices dictadas por Donald Trump, una "tendencia insostenible".
También otro juez federal, esta vez de Maryland, prohibió al Departamento de Educación compartir información con el equipo del asesor principal de Trump, Elon Musk, encargado de descifrar las fugas de dinero para recortes del gasto público y detener el fraude, el robo y corrupción a todos los niveles en Washington.
Sobre el mismo tema de seguridad nacional, el mandatario estadounidense revocó la autorización de informes de seguridad nacional a los expresidentes Joe Biden y Barack Obama, a la exvicepresidenta, Kamala Harris; a los exsecretarios de Estado, Hillary Clinton y Antony Blinken, al exasesor de seguridad nacional, Jake Sullivan; al exjefe de seguridad nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
La lista se extiende a la exfiscal general adjunta Lisa Mónaco, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Brag, entre muchos otros.
En el memorándum, Trump ordenó a los jefes de departamentos y agencias federales que eliminaran el acceso de información clasificada a todas estas personas.
Como había dicho en reiteradas ocasiones y como lo exigen las leyes electorales federales, Trump también firmó una orden ejecutiva que [recalca] que las personas que participen en las elecciones presidenciales y las legislativas de medio término tengan la obligatoriedad de presentar un documento o información que avale su ciudadanía estadounidense.
El camino detrás del entonces expresidente también pasa por un proceso de filtro y limpieza, demostrando la politización y corrupción dentro del Departamento de Justicia del país antes de que Trump llegara a Washington para su segundo mandato.
Junto a senadores y representantes republicanos Trump denunció en múltiples ocasiones la gravedad de lo que ocurría dentro del Departamento de Justicia. Cada caso judicial creado por motivaciones políticas contra Trump se desmoronó por sí mismo y comenzaron a descubrirse implicaciones antiéticas y de procedimientos incorrectos o ilegales de los fiscales que emprendieron la denominada “cacería a Trump”: Leticia James, Alvin Brags, Jack Smith y Fani Willis, todos interconectados y con el mismo plan de trabajo: destruir a Trump.
Esta semana, una jueza del estado de Georgia ordenó a la fiscal, Fani Willis, la acusadora del entonces expresidente Donald Trump en un caso inventado de “alterar” supuestamente los resultados electorales de 2020, a pagar más de 54.000 dólares por violar las leyes de ese estado.
Se le ordenó a la fiscal de distrito del condado Fulton, en Georgia, pagar 54.264 dólares por violar las leyes de los registros abiertos del estado en relación con el procesamiento del entonces expresidente Trump en 2024.
En enero un juez de Georgia dispuso también que Willis tenía que pagar a un grupo conservador casi 22.000 dólares en honorarios de abogados. Es decir, la fiscal acosadora de Trump ha tenido que desembolsar unos 76.000 dólares en acciones legales. Pero sus acusaciones no han terminado.
La jueza de la Corte Superior del condado Rachel R. Krause dictó la sentencia sobre rebeldía y honorarios de abogados y costos de litigio después de no proporcionar de forma intencional los registros solicitados por la abogada defensora, Ashleigh Merchant, quien presentó la moción para descalificar a Willis de procesar a Trump por cargos de presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020.
Fani además se negó a responder a una demanda sobre registros públicos que buscaba información de sus comunicaciones con el nombrado fiscal especial Jack Smith en Washington para acusar al presidente Trump de impulsar un “movimiento de insurrección” el 6 de enero de 2020.
"La oficina de Fani Willis tampoco proporcionó los documentos relacionados con el empleo de Nathan Wade, el amante de Willis que ella negó, y con el que se sigue viendo acompañada en público como cuando la detención policial de la hija de Willis a causa de conducir de forma imprudente y temeraria.
El incidente, en el que se vieron juntos otra vez Fani y Nathan, confirma que su relación amorosa nunca terminó, como ella aseguró bajo juramento. Esto puede traer nuevas acusaciones para Willis por mentir a un tribunal, entre otras acusaciones que enfrenta como la de aparecer casada de forma oficial con su propio padre para adquirir una vivienda y evadir impuestos individuales.
Wade fue obligado a renunciar al caso por su relación íntima con ella, mientras ambos estaban en la investigación contra Trump.
En ese momento, Willis fue cuestionada por beneficiarse del nombramiento de Wade como fiscal especial en el caso, ya que fue ella quien lo nombró, en un caso de claro nepotismo y corrupción.
A diferencia de todas las distracciones y el acoso que sufrió en su primer mandato con la Cámara de Representantes en Washington dirigida por su archienemiga, Nancy Pelosi, y bajo el control de la extrema izquierda, el presidente Trump se encuentra esta vez enfocado en su trabajo a través del control del Congreso y junto a un gabinete que avanza a la velocidad que imprimió desde su primer día en la Oficina Oval, en busca de cumplir su ‘slogan’ de campaña: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.
A su lista de aranceles, en los que se incluyen los llamados “recíprocos” que entran en vigor el 2 de abril, Trump sumó el 25% a los vehículos no fabricados en EEUU en su objetivo de regresar al país las producciones en todos los sectores, eliminar la inflación, cercenar al máximo la deuda pública del país de 36 billones (trillions) de dólares, hacer caer el déficit comercial récord, reactivar la manufactura estadounidense, reducir impuestos a los estadounidenses mediante el dinero extranjero; e imponer la eficiencia sin derroche en el gobierno federal, entre muchos otros propósitos de la política nacional y exterior.
Los fabricantes de automóviles y de equipos cayeron con fuerza en los mercados bursátiles en Europa y Asia, un día después de que Trump anunciara los aranceles del 25% a los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos.
"El presidente Trump calificó estos aranceles de 'permanentes' y se aplicarán no sólo a los vehículos ensamblados, sino también a las principales piezas automovilísticas, sobre todo los motores y los componentes eléctricos", comentó Jim Reid, economista de Deutsche Bank.
"Trump confirmó los aranceles aduaneros recíprocos previstos el 2 de abril, aunque después añadió que serían 'muy indulgentes'. También mencionó aranceles futuros a productos farmacéuticos y a la madera para construcción", subrayó el economista.
Asimismo, el mandatario estadounidense indicó a la Unión Europea y a Canadá que impondrá aranceles adicionales si actúan en detrimento de Estados Unidos, que busca un comercio justo para Norteamérica, después de haber sido abusado y maltratado durante décadas en el comercio mundial.
El viernes, el primer ministro canadiense Mark Carney dialogó por teléfono con el presidente Trump sobre las negociaciones económicas que exige el líder republicano para un sistema de comercio justo.
Se conoció además que en el Departamento de Salud se prescindirá de unos 10.000 puestos de trabajo como parte de las reformas en esa entidad.
Los recortes incluyen jubilaciones anticipadas y las llamadas "renuncias diferidas". El departamento disminuirá su plantilla de empleados a tiempo completo de 82.000 a 62.000.
"No solo estamos atacando la expansión burocrática", dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, en el comunicado. "Estamos reajustando la organización a su misión principal y a nuestras prioridades para revertir la epidemia de enfermedades crónicas", agregó.
Trump ha dado énfasis real a las políticas de EEUU en América Latina y el Caribe y a los problemas agudos que enfrenta la región, una de las causa centrales de las olas migratorias en la región en los últimos 15 años.
El secretario de Estado Marco Rubio comenzó una importante gira por el Caribe para abordar temas cruciales como la seguridad energética y Haití, junto a otros asuntos de relevancia para Washington.
En declaraciones a la prensa, Rubio advirtió que EEUU no permitirá que Nicolás Maduro convierta a Venezuela en una “base operativa” de Irán.
Rubio dijo que la administración de Maduro “es un régimen amigo de Irán, que ha invitado a ese país y le ha dicho que ellos quieren ser su base operativa en nuestro hemisferio”.
El alto funcionario afirmó además que “Maduro convirtió al país en un refugio para narcotraficantes y grupos del crimen organizado como el ‘Tren de Aragua’”, que “generaron una ola de crimen en Estados Unidos”.
El jefe de la diplomacia estadounidense, viajó al Caribe en busca de soluciones a la violencia en Haití , trazar estrategias energéticas, respaldar a Guyana, rica en petróleo, y en disputa con Venezuela; y para asistir a la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) antes de hacer escala el jueves en Guyana y en el vecino Surinam, informó el Departamento de Estado.
Rubio mostró su interés en reunirse con los líderes de Haití, Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago y dejar un mensaje bien claro: “Estados Unidos ha convertido el continente americano en una prioridad inmediata”.
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