La Constitución de Venezuela establece que ante la ausencia temporal del presidente de la república, sus funciones serán asumidas por el vicepresidente. Sin embargo, en caso de ausencia absoluta por muerte, renuncia o destitución durante los primeros cuatro años de gestión, debe realizarse una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes.
Cuando el entonces vicepresidente Nicolás Maduro anunció al mundo Maduro que Chávez había fallecido, se activó el anterior precepto constitucional.
Chávez había resultado elegido para su tercer mandato presidencial consecutivo, el 7 de octubre de 2012. El mandatario supuestamente falleció en Caracas, luego de volver de Cuba, donde se sometió a una intervención quirúrgica, la cuarta debido al cáncer. Tras su vuelta a la capital venezolana, el 18 de febrero, no fue visto por ningún medio de prensa y tampoco se difundieron imágenes de su llegada.
El silencio absoluto de meses para un jefe de Estado que se caracterizaba por gran actividad mediática, con horas continuas de cadenas de radio y televisión, y hasta contactos telefónicos constantes con medios estatales, abrió lugar a especulaciones que siempre fueron desmentidas por el Gobierno.
Lo visto a la luz del exescolta Salazar
Tras las declaraciones de Salazar, adquiere nuevo matiz lo exclamado por el mayor general de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela Jacinto Pérez Arcay durante su alocución en el acto de despedida de Chávez: “Y ¿cómo saliste del escenario Hugo? Como el Negro Primero. ¡Llegaste de Cuba muerto! Vine a decirle adiós porque estoy muerto”, señaló Arcay, el 15 de marzo de 2013, según consta de su participación en video colgado en Youtube.
Después de desertar, Salazar, quien fue miembro de la seguridad de Chávez durante 10 años y luego escolta de Cabello, aseveró en EEUU que el coronel golpista falleció el 30 de diciembre de 2012, en horas de la noche, en Cuba.
Según esa versión, Chávez llegó muerto al país tras ser atendido en la isla. De resultar así, un gran repertorio de medidas tomadas por la cúpula de Miraflores, encabezada en aquel momento por el vicepresidente Nicolás Maduro, se tomaron bajo una delegación de autoridad que ya no tenía efecto: la que le habría dejado Chávez, en decreto del 21 de diciembre de 2012. Es decir, serían estas medidas inconstitucionales e ilegítimas.
Lo decretado bajo la sombra de la duda
Tras ser delegado por Chávez como “encargado”, según consta en la Gaceta Oficial del 21 de diciembre de 2012, la primera medida de Maduro fue la de extender la inamovilidad laboral, lo cual hizo el 27 de diciembre de 2012.
Posterior al 30 de diciembre, fecha referida por Salazar como el día en que Chávez murió, Maduro dictaminó acciones que movilizaron recursos de la República, entre éstas:
-El 8 de enero de 2013 firmó para un crédito adicional para gastos del Ministerio de Interior y Justicia, por más de 77 millones, 237 mil 396 bolívares. Este monto, al tipo de cambio Sicad 2 (tipo de cambio del bolívar local con respecto a monedas extranjeras, dólar o euro, que resulta de subasta mediante la oferta y demanda en el país de monedas extranjeras vía instituciones bancarias, bajo la directriz del Banco Central de Venezuela), se traduce en un millón 485 mil 334 dólares ($ 1.485.334)
-El diez de enero, se acentuó el acelerador de medidas que involucran las finanzas del país, con varias emisiones de bonos de deuda pública nacional, que sumadas entre sí (Bs. 33 mil 40 millones 862 mil 52, 20 mil millones, 21 mil 328 millones 96 mil 479 y mil 560 millones) ascendieron a un total de Bs. 75 mil 928 millones 958 mil 531, el equivalente, al tipo de cambio Sicad II, a mil 460 millones 172 mil 279 dólares ($1.460.172.279).
-También el 10 de enero, Maduro firmó un decreto para emitir Letras del Tesoro, por 9 mil 280 millones de bolívares ($ 178.461.538).
Firma de Chávez en designación de Jaua como canciller: ¿Rúbrica post mortem?
Uno de los más cuestionados nombramientos, tuvo lugar con el decreto con el cual fue designado Elías Jaua, como canciller de Venezuela. El decreto tiene como fecha el 15 de enero de 2013 y fue presentado por el Gobierno con la firma del propio Hugo Chávez, quien, a pesar de encontrarse en Cuba para ese día, habría firmado, según el texto oficial, desde Caracas.
En la gráfica, extractos del documento
La rúbrica causó estupor en la opinión pública. Incluso, hubo una solicitud de estudiar la firma del mandatario, que para ese entonces también significaba una fe de vida, dadas sus inexistentes apariciones públicas, luego de iniciado el año 2013.
Para enero de 2013, en los medios circuló que Raymond Orta, científico forense, abogado y miembro de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, emitió un informe sobre la firma de Chávez en este decreto. El experto concluía que era reproducción de otra rúbrica previa.
Este análisis, a la vista de lo declarado recientemente en Estados Unidos por Leamsy Salazar, hace dudar no solo de la autenticidad de la firma, sino, incluso, si su autor, el extinto presidente Hugo Chávez, estaba con vida.
Y surge la más dura pregunta: ¿fue engañada Venezuela sobre el estado de salud del presidente de la República?, ¿un grupo político se habría encargado de decidir el destino de fondos públicos, a espaldas de la Constitución venezolana?
Extraiga usted sus propias conclusiones.
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