Yerno de Edmundo González, víctima de un "secuestro extorsivo" que busca "anular" al presidente

Tudares fue secuestrado a plena luz del día y en presencia de sus hijos de 7 y 8 años de edad -nietos del mandatario- el 7 de enero, tres días antes de la toma de posesión presidencial en Caracas, a la que González Urrutia pretendía acudir, pese a las amenazas de la dictadura chavista que lo forzaron al exilio en España a principios de septiembre de 2024.

A poco más de dos meses de su detención, ninguna institución ni vocero del régimen ha reconocido públicamente su aprehensión. Sus familiares y abogados han acudido a tribunales, la Fiscalía, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la respuesta ha sido la misma: ninguno lo tiene.

“Están tratando de llevar al máximo nivel de sufrimiento al grupo familiar para que así cedan ante cualquier pretensión del régimen (...) El objetivo es que la familia no tenga tranquilidad, que tenga el perenne sufrimiento y en eso son experto ellos”, explica el exfiscal venezolano Zair Mundaray en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Secuestro extorsivo”

Más allá de un “chantaje”, el abogado penal, experto en criminalística y derechos humanos, asegura que el caso de Tudares se trata de un “secuestro extorsivo”, que ocurre cuando se priva de su libertad a alguien para tratar de obtener algo a cambio.

“Estamos frente a un secuestro extorsivo claramente ejecutado por el Estado”, denuncia Mundaray. Este es un delito que en Venezuela acarrea una pena de entre 20 y 30 años de prisión -la máxima condena-, de acuerdo con la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.

El 8 de septiembre de 2024, el fiscal chavista, Tarek William Saab, anunciaba en una cadena de televisión estadounidense el cierre judicial del proceso en contra González Urrutia, a menos de 48 horas de su salida del país suramericano, tras cumplir con la “extorsión” de la que fue víctima en la Embajada de España en Caracas. Para Mundaray, este “absurdo” anuncio demuestra que en el caso del presidente electo no había ninguna responsabilidad penal, puesto que esta no termina por la salida del país de un individuo.

A casi dos meses del exilio de González Urrutia, la Fiscalía emitió una alerta roja de INTERPOL en su contra por los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración y desconocimiento a las instituciones del Estado, entre otros.

Al ser esta alerta descartada por la INTERPOL, que aclaró que está prohibido cualquier uso del sistema policial “por razones políticas”, González Urrutia continuó con su actividad política en el exterior, en giras por distintos países del mundo, incluido EEUU, visibilizando el caso venezolano y en busca de apoyo para una transición democrática.

“El régimen al no poder incluirlo en alerta roja, al no poder aprehenderlo, trata de ir a lo más íntimo, que es buscar a un familiar muy directo y mantenerlo secuestrado para tratar de anularlo políticamente”, sostiene el exfiscal.

Menciona que esta es una “grave” práctica que le ha dado resultado con muchos Estados, incluido, con Estados Unidos, que ha terminado negociando con el régimen “cada vez que Maduro tiene rehenes estadounidenses”.

“Están tratando de que, a través de este secuestro, Edmundo González cese en las actividades que está haciendo. Esa es la única pretensión, darle muy cerca de la familia para intentar anularlo (...) Tratan de que toda la familia sufra, jugando a que dentro del grupo familiar haya quien le diga (al presidente) ‘tratemos de recuperarlo y negociar con el régimen’”, precisa Mundaray.

No obstante, resalta que a pesar de esto, no han logrado apartar al presidente electo de su lucha democrática, puesto que, por el contrario, “ha tratado de potenciar toda su visibilidad internacional y seguir hablando de la causa venezolana en todos los espacios”.

Prácticas nazis

El exfiscal señala que el secuestro de Tudares, además, forma parte del “esquema persecutorio” de familiares de oponentes políticos, en una “prácticas nazis”, que consiste en la transmisión de la responsabilidad penal de un pariente a otro. “Una cosa que no existe, que es absolutamente absurda”, agrega.

Al ser “muy grueso” llevarse a Mariana González, hija del mandatario, el régimen aplica la “barbaridad” de ir en contra de su yerno. A Tudares, que no tiene ningún vínculo, militancia ni actividad política, lo presentaron el 18 de febrero ante el mismo tribunal con competencias en terrorismo que emitió la orden de captura contra González Urrutia el 2 de septiembre, dirigido por el “juez especial” Edward Briceño, según informó Mundaray en X dos días después. Le habrían imputado los mismos delitos que a su suegro, en grado de cómplice.

Además de un “secuestro extorsivo”, el régimen estaría cometiendo tres crímenes de lesa humanidad, establecidos en el Estatuto de Roma, que serían el crimen de persecución, de tortura psicológica y desaparición forzada, que “se materializa con la negativa del Estado a reconocer la detención”.

“Hay una negativa del Estado a reconocer en qué organismo y cuál es la causa penal. Se le ha impedido el derecho a la defensa, no se les da acceso a visitas de sus familiares, a medicamentos, a comunicarse con sus parientes o amigos. Se viola completamente la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, la Constitución venezolana y, por supuesto, el Código Jurídico Penal”, apunta.

La cadena de mando en los crímenes en contra de Tudares pasaría por el fiscal chavista, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz; los jueces y la presidenta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; y los jefes del organismo encargado de su detención, hasta llegar a Nicolás Maduro.

Política de Estado

Para el exfiscal, el régimen de Maduro ha logrado “normalizar” el secuestro político ante la comunidad internacional, al convertirlo en una “política de Estado”, con la que ha llegado a tener a más de 2.400 presos políticos, casi el doble que Cuba y mucho más que Nicaragua, la gran mayoría de ellos, víctimas de desaparición forzada, como ha podido documentar la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela.

No obstante, asegura, esto será prueba del “modus operandi” del régimen para un futuro procesamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura chavista desde 2014.

La reciente detención del expresidente filipino, Rodrigo Duterte, es un ejemplo de lo que puede ocurrir con los jerarcas del régimen venezolano, debido a que las “incidencias” en ambos casos son muy parecidas, con un régimen “oponiéndose y torpedeando” el proceso y una fiscalía internacional que “gana” en cada instancia.

Destaca, asimismo, que la orden de captura de Duterte, emitida el 7 de marzo, fue secreta, con el objetivo de detenerlo en uno de los viajes fuera de Filipinas que realizaba constantemente el exmandatario.

Mundaray espera que esta “estrategia impecable” se repita con “con el criminal de Venezuela (Maduro), que ha cometido crímenes mucho más graves que los de Duterte en su oportunidad, en cuanto a la cantidad de víctimas”.

Mchernandez@diariolasamericas.com