Aún no se ha concretado la venta de la empresa venezolana, Citgo en Estados Unidos y los acreedores hacen filas para ver si pueden recuperar algo del dinero que le reclaman al régimen venezolano.
Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, hizo una oferta por 7,300 millones de dólares, un monto por cierto muy inferior a las evaluaciones que se hicieron de la corporación que oscilan entre los 11,000 y 15,000 millones de dólares, explicó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker en EEUU, entrevistado por DIARIO LAS AMÉRICAS.
El juez que lleva el caso, Leonard Stark, le pidió a esta empresa que, de llegar a concretar la oferta, hiciera un apartado por unos 2,500 millones de dólares para pagar los bonos PDVSA- 2020 que fueron negociados con las acciones de Citgo como garantía. Si se le resta a esa oferta de $7,300 millones estos $2,500 millones, para los bonos 2020, queda un monto reducido para pagarle a todos los otros acreedores cuyas demandas globales se estiman en 21,300 millones de dólares.
Es una buena noticia para los tenedores de bonos PDVSA-2020, “porque ellos cobrarían completo si se concretara esa venta”, agregó Monaldi.
Citgo (Cities Service To Gasoline Company) es una empresa de refinación, comercialización y transporte, la mayor filial de la petrolera estatal venezolana. PDVSA compró Citgo, de origen estadounidense, en 1986 y 1990 y ahora está a punto de perderla.
En total, hay 18 acreedores internacionales, entre grandes y medianas empresas que le reclaman a la República por concepto de expropiaciones e impagos en los tiempos del chavismo. Monaldi dijo que el reclamo de Crystallex está de primera y se cobraría completo: 1,200 millones de dólares.
Es decir que de llegar a concretarse esa venta por $7,300 millones ($2,500 millones bonistas y $1.200 millones de esta empresa) estarían quedando “libres” $3,600 millones para el resto. “No hay plata para tanta gente”.
Los acreedores no están nada contentos con esta oferta porque apenas alcanzaría para pagarle a algunos y quedaría la mayoría sin cobrar, acotó, siendo una carrera financiera contra reloj frente a una solución que no luce visible en el corto plazo.
Un juicio
El experto en petróleo dijo que paralelamente hay un juicio en el Distrito del Sur de Nueva York por ilegalidad de la garantía en los bonos 2020 que introdujo el gobierno interino de Juan Guaidó en su momento y eso todavía sigue su curso. “Es decir que al final esto es algo muy complicado, que no necesariamente se va a decidir en los próximos meses como parece verse en los anuncios”.
De igual manera hay otro obstáculo. El gobierno de Estados Unidos tiene que otorgar una licencia para que esa transacción pueda ocurrir y aunque EEUU ha dicho que no va a obstaculizar el proceso judicial, eso genera incertidumbre “porque esa autorización pudiera no darse dependiendo de las características de lo que pase”, acotó el economista.
Endeudamiento
El especialista recordó que Venezuela llegó a esta situación porque durante el gobierno de Hugo Chávez el país se endeudó de manera brutal en medio del auge de ingresos más grandes de la historia. No solo se gastaron los millones de millones de dólares sino que se endeudó significativamente a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a la República.
“Además, se expropiaron empresas cuyas indemnizaciones a muchos no les fueron pagadas en su totalidad como fue el caso de Crystallex, entre otras”.Esos reclamos se llevaron a juicios y terminaron en la Cámara de Comercio en Nueva York y las otras en el CIADI, (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que creó el Banco Mundial y al que Venezuela había firmado como miembro.
“Todos esos inversionistas fueron a arbitrajes y esos tribunales decidieron que Venezuela les tenía que pagar a esos acreedores. Y con esa decisión arbitral podían ir a cualquier tribunal a pedir la ejecución, como fue el caso de Crystallex”.
El problema fundamental es que Venezuela tiene una deuda externa de más de 150,000 millones de dólares y entre las diversas estimaciones muy favorables Citgo tendría un valor de $15,000 millones, siendo su principal activo para cubrir esos reclamos.
Para Monaldi lo ideal sería que el pago de la deuda se hiciera a través de un programa de reestructuración con los acreedores. “Pero lamentablemente eso no se ha hecho porque el gobierno de Maduro no es reconocido por Estados Unidos, hay sanciones y porque Maduro no ha dicho nada para plantear esa renegociación”.
Todo esto para que de esa forma no se tuviera que rematar Citgo sino que los pagos surgieran de una reestructuración, agregó Monaldi. La ejecución de Citgo sería obviamente muy lamentable y se perdería un activo que tiene un carácter estratégico para Venezuela “porque le ha permitido tener un acceso garantizado al mercado de los Estados Unidos para su crudo extrapesado en el mercado más rentable que tiene Venezuela”, refirió el experto petrolero.
Aunque “eso no significa que Venezuela no le va a poder vender en Estados Unidos. Sí va a poder hacerlo a otras refinerías, pero Citgo tiene un carácter estratégico que permite maximizar los beneficios de ese crudo”. Pero más allá de eso “es simplemente el triste fin de una irresponsabilidad gigantesca del gobierno de Hugo Chávez y el de Maduro, quien no tuvo que ver con las expropiaciones, pero sí con la deuda de los bonos 2020, que en un momento de desespero porque ya nadie le quería prestar a Venezuela entregó como garantía acciones de Citgo.
Una irresponsabilidad mayúscula del país más endeudado del mundo y con una empresa petrolera quebrada. “Esperemos que se consolide un espacio para llegar a algo más razonable y que haya una reestructuración de la deuda. Pero, sin cambios políticos eso es muy improbable”, indicó el catedrático de temas de energía.
Ofertas
Robert Pincus, funcionario judicial de Estados Unidos que anunció que seleccionó a Amber Energy, filial de Elliott, como el oferente ganador, aclaró recientemente que el comprador podría decidir cancelar el acuerdo de compra propuesto en caso de que no prospere una moción destinada a bloquear las demandas paralelas de tenedores de bonos.
Se espera que el juez Leonard Stark tome pronto una decisión, que podría ser impugnada, retrasando aún más la venta u obligando al funcionario del tribunal a iniciar negociaciones con otros interesados y en última instancia desechar la subasta. Hay otros bonistas, distintos a los PDVSA-2020 que entraron como protagonistas en el último momento que quieren entrar en ese reparto, concluyó Francisco Monaldi.
FUENTE: ENTREVISTA EXPERTO FRANCISCO MONALDI
