El Laboratorio de Paz considera que estas detenciones arbitrarias forman parte de una estrategia para "obstaculizar la campaña del candidato Edmundo González"
Otro preso político en Venezuela, Jean CarlosRivas
CORTESÍACARACAS.- La ONG Laboratorio de Paz reportó que hasta el 17 de junio pasado han ocurrido en Venezuela 46 detenciones arbitrarias, de las cuales 37 fueron por razones políticas y nueve por ejercer el derecho a la libertad de expresión, y alertó que estas podrían "aumentar exponencialmente" a partir del 4 de julio cuando comienza la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
De las 37 personas detenidas por razones políticas, 16 están vinculadas al partido Vente Venezuela, de la líder opositora, María Corina Machado; igualmente, dos personas están vinculadas al partido Voluntad Popular, de Leopoldo López; y una al partido Primero Justicia. Además, una persona es defensora de derechos humanos, una es líder social, tres son sindicalistas, seis prestaron bienes y servicios a la campaña del candidato Edmundo González Urrutia y seis fueron detenidas por ser familiares de los anteriores. Una persona no tiene relación con ninguna formación política, pero fue aprehendida por grabar imágenes del aliado del régimen Alex Saab, reportó la ONG en un informe publicado en su página web.
El documento mencionó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) tomó parte en 21 de las detenciones arbitrarias reportadas. Otros cuerpos de seguridad que aparecen detrás de estas acciones son la Guardia Nacional Bolivariana, en tres casos; la Policía Nacional Bolivariana, en dos casos; y las policías estadales, en dos casos. En nueve casos no pudo identificarse el cuerpo policial que realizó la detención.
El Laboratorio de Paz hizo especial mención en su informe que en el contexto de las detenciones arbitrarias es recurrente que las autoridades niegan la situación de privación de libertad del detenido o no se revela el sitio de reclusión o el órgano de seguridad que está bajo custodia del detenido.
En ese sentido, la ONG alertó que "tal como afirmó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, recientemente en un comunicado sobre Venezuela" esas "detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas".
"Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada", indicó la ONG.
Añadió que a los detenidos se les niega la asistencia de un abogado de confianza y en cambio deben aceptar a un defensor público.
Destacó que en el periodo en el que se hizo el registro de las detenciones arbitrarias, hubo un caso de una persona que denunció que durante el tiempo que estuvo incomunicado fue víctima de tratos crueles y degradantes con el objetivo de que grabara un video en el que involucrara en supuestos delitos a personas de su organización política.
La ONG señaló que entre los delitos por los que se acusa a estas personas están instigación al odio, terrorismo y conspiración.
Para el Laboratorio de Paz estas violaciones y abusos ocurren en el contexto preelectoral y están acompañadas de otras vulneraciones a los derechos de libertad de asociación y reunión, manifestación pacífica y libertad de expresión e información.
El informe resalta que "existe una prohibición no escrita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a los medios televisivos y radiofónicos del país de entrevistar al candidato Edmundo González, a María Corina Machado o a cualquier vocero del partido Vente Venezuela".
El Laboratorio de Paz considera que estas detenciones arbitrarias "forman parte" de una estrategia del régimen para "obstaculizar la campaña del candidato Edmundo González" para lo cual usa dos tácticas: erosionar la legitimidad de su candidatura, a través de la criminalización y desprestigio para justificar cualquier sanción administrativa en su contra; e impedir la eficacia de su campaña, mediante la privación de libertad de personas que cumplen roles claves en la campaña (logística, comunicaciones, suministro de bienes y servicios).
Finalmente, la ONG alertó que "los patrones de violación a los derechos humanos pudieran incrementarse y agravarse" a partir del próximo 4 de julio, fecha de arranque de la campaña electoral, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional, incluyendo a países como Brasil y Colombia, para que lleven a cabo todas las iniciativas diplomáticas necesarias para que se garanticen los derechos electorales de los venezolanos.
FUENTE: REDACCIÓN / labpaz.org
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