La posición de una nueva administración hacia Venezuela podría ser más pragmática que la de 2016-2020, típico de la visión internacional del presidente de EEUU, dice experto
El presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump habla ante los republicanos en el Congreso.
ALLISON ROBBERT /AFPCARACAS. - ¿Qué hará la administración de Donald Trump con Venezuela? Aunque no existe una respuesta concreta sobre la estrategia que seguirá EEUU hacia el régimen venezolano en el mediano plazo, en materia de sanciones petroleras parece claro que, al menos, durante los primeros seis meses del próximo año no habrá cambios significativos en comparación a las decisiones que se han tomado desde la presidencia de Joe Biden.
La semana pasada la "Oficina de Control de Activos Extranjeros" (OFAC por sus siglas en inglés) renovó la Licencia General 5 (LG5) hasta marzo y la Licencia General 8 (LG8) hasta mayo de 2025.
La GL5 fue emitida en 2019 durante la primera administración de Trump, para evitar que los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 tomen control de las acciones de Citgo Holding que Nicolas Maduro cedió en 2016. Esta licencia se emitió por tres meses y desde entonces se ha renovado por períodos cortos.
Según José Ignacio Hernández, ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, la decisión de la OFAC de renovar por casi cuatro meses la LG5, le permitirá a la administración Trump disponer de tiempo suficiente para decidir qué hacer con respecto a esta excepción.
Una situación similar se tendrá en el caso de la LG8. Esta licencia se emitió el 10 de mayo de 2024, para autorizar determinadas transacciones y operaciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones, contratos o convenios esenciales en Venezuela. Esta licencia facilita las operaciones de cuatro empresas: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International, Public Limited Company.
Por otra parte, la OFAC debe decidir el próximo 1 de diciembre si renueva la licencia general que permite algunas operaciones generales de Chevron en Venezuela. Salvo una sorpresiva decisión en contra, esta licencia se renovará por seis meses, hasta el 1 de mayo de 2025.
La agenda de decisiones políticas es aún menos clara. El experto en temas internacionales Antulio Rosales sostiene que la posición de una nueva administración Trump hacia Venezuela podría ser más pragmática que la de 2016-2020, con un enfoque transaccional típico de la visión internacional del presidente electo de EEUU.
Si se concreta esta visión transaccional, la nueva administración Trump pudiese ampliar las licencias petroleras para apalancar su política pro hidrocarburos a cambio de que Miraflores reciba a migrantes deportados masivamente.
En este sentido Rosales se pregunta: ¿Si la cercanía de Trump con Rusia y otros autoritarismos se consolida, por qué no habría de ocurrir con el gobierno de Venezuela?
Para el analista político Luis León, si se toman como referencia el primer periodo de gobierno de Trump es lógico suponer que EEUU aumentará la radicalización en contra de Maduro, al tiempo que se incrementan las sanciones personales y sectoriales, el retroceso en las negociaciones económicas previas (caso de las licencias petroleras) y una tendencia al aislamiento, incluyendo legislaciones equivalentes a la Ley Helm-Burton contra Cuba”.
Sin embargo, sostiene que debe recordarse que Trump ampliamente ha dicho que la política de sanciones en contra de Venezuela no cumplió con su objetivo. “Lo más importante es el cambio de foco de su discurso de campaña, pasando de su original ataque a la ausencia de democracia (usada para apuntar al electorado latino), al tema migratorio, en que criminaliza la migración, hablándole al clúster americano”.
En este sentido, sostiene que Trump podría tender a concentrarse en el tema migratorio. “En este sentido -explica el analista- podríamos esperar que su posición sea de rechazo a la legitimidad de Maduro, pero sin reconocer un gobierno alternativo, con lo que se mantiene una posición ambigua que deja abiertos espacios de negociación futura sobre el tema migratorio (…) Trump se enfrentará a la realidad concreta de que la ley dificulta cualquier posible estrategia de deportación de venezolanos, sin relaciones diplomáticas, ni vuelos directos, ni acuerdos migratorios con Maduro. Esta situación debe intentar resolverla”.
En el mes previo a las elecciones Trump afirmó que llevaría a cabo “la mayor deportación” de inmigrantes en la historia de EEUU. “Vamos a sacar a esa gente. La vamos a llevar de vuelta a Venezuela”, dijo en una rueda de prensa en California, en septiembre. En julio, al aceptar la candidatura republicana, Trump indicó que las tasas de crimen en Venezuela habían disminuido porque sus criminales habían sido enviados a EEUU. Asimismo, y durante el único debate entre Kamala Harris y Trump, el ahora presidente electo dijo que si Harris ganaba convertiría a Estados Unidos en “una Venezuela con esteroides”, aludiendo a su crisis.
Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance se ha mostrado partidario de la construcción del “muro" en la frontera sur con México. Para Vance, la migración ilegal constituye un problema estrechamente vinculado, por un lado, con la proliferación de la delincuencia y a mayores niveles de inseguridad en los EEUU. y, por el otro, con la reducción de ofertas laborales que los estadounidenses sufren a consecuencia de la mano de obra barata migrante que llega de forma ilegal.
Si bien J.D. Vance no ha realizado una mención detallada sobre algún país latinoamericano, más allá de la referencia a México y los cárteles del narcotráfico que operan en el país, Vance defendió las afirmaciones de Trump de que bandas venezolanas han invadido y conquistado Aurora.
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