Torturan a yerno de Edmundo González Urrutia buscando "una confesión de delitos"

Como parte de la estrategia represora, Bracho será “asistido” por un defensor público al servicio del régimen. Además, de manera constante y sistemática cae la amenaza de desaparecer a su esposa a hijos. Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia ha denunciado que la dictadura no le ha notificado el sitio de reclusión de su esposo ni se le permite verlo o acceder a su expediente, entre otras graves irregularidades.

“La Defensoría Pública me indicó que mi esposo supuestamente se encuentra en el centro de detención militar Rodeo I [regentado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM], pero allí no está. He ido constantemente a ese lugar y los efectivos militares que atienden me aseguran que allí no se encuentra”, denuncia la esposa de Tudares, detalla el portal web La Razón.

En este sentido, detalla La Razón que familiares de los presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, denuncian que funcionarios de la DGCIM le exigen al yerno del Presidente electo una confesión de supuestos delitos cometidos por González Urrutia relacionados con “lavado de dinero” y “evasión fiscal en materia inmobiliaria”, como requisito para ser liberado de la prisión.

Versiones de familiares de presos políticos indican que Tudares Bracho inicialmente fue asignado a ese centro penitenciario (Rodeo I) y posteriormente fue trasladado a la sede de ese organismo militar en Boleíta (al este de Caracas) donde ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas, así como de interrogatorios nocturnos en busca de la confesión de delitos financieros supuestamente cometidos por su suegro, tales como lavado de dinero y evasión fiscal en materia inmobiliaria, dado la condición que ostenta Tudares Bracho como representante legal de González Urrutia en el país, afirma La Razón.

La mayoría de los casos de violación a Derechos Humanos en Venezuela han sido enviados a la Corte Penal Internacional, en La Haya, tribunal que también recibió en el año 2024 el informe del panel de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que incluye casos de tortura, detención arbitraria y violencia sexual, como políticas de Estado en la represión a la disidencia.

El caso más reciente, y en pleno desarrollo, es el de Tudares Bracho, de 45 años, quien fue aprehendido por sujetos encapuchados, mientras llevaba a sus hijos de seis y siete años al colegio a principio de año. su caso es considerado por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos como una desaparición forzada además como un rehén del régimen para presionar familiarmente al ganador de las elecciones, quien se encuentra asilado en España.

El día 4 de febrero de 1985 se firmó en la ciudad de Nueva York la Convención contra Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tratado internacional suscrito por Venezuela y administrado por el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, constituido por un total de diez expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la Convención en los Estados partes, entre ellos Venezuela, cuyas autoridades han sido denunciadas de manera reiterada como perpetrador del horrendo crimen de la tortura y el terrorismo de Estado, especialmente a partir del año 2017.

FUENTE: Con información de La Razón.