Noboa llegó a mandar a su país a los 36 años por un período de 1 año y 6 meses: aunque el lapso es de 4 años, en esta oportunidad fue electo para completar el mandato del expresidente Guillermo Lasso.
En mayo de 2023, Lasso recurrió al mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada” que originó la disolución de la Asamblea Nacional y la posterior convocatoria a elecciones anticipadas.
El 13 de noviembre, la Asamblea Nacional, con 86 de 118 votos, desconoció la sanción administrativa contra la vicepresidenta Abad. Ya en junio, el parlamentario negó la solicitud de enjuiciar a Abad por presunta concusión en el caso en el que se acusa a su hijo, Francisco Sebastián Barreiro, de tráfico de influencias.
El 11 de noviembre, el presidente ecuatoriano nombró a Sariha Moya, secretaria de Planificación, como vicepresidenta encargada.
El constitucionalista Paúl Córdova Vinueza, profesor de la Universidad Internacional SEK Ecuador (UISEK), puntualiza que la decisión del Ministerio del Trabajo que originó la destitución de la vicepresidenta Verónica Abad no tiene sustento constitucional, legal ni convencional. Este despacho fijó una suspensión en su contra por 150 días laborales.
“Se trata de una funcionaria pública que está sujeta al control político que hace la Asamblea Nacional. Es una servidora de elección popular y, por lo tanto, no está sujeta al control de una institución como el Ministerio del Trabajo para que le siga un sumario administrativo”, expresa el profesor.
Añade que, con este paso de la administración de Noboa, se está rompiendo el control político constitucional y se le quita la competencia a la Asamblea Nacional, mediante una institución que forma parte de la función ejecutiva.
Por lo que el nombramiento de encargo a la vicepresidenta no tendría ningún sustento legal o constitucional.
Córdova Vinueza enfatiza que también puede comprometerse políticamente la gestión del presidente Daniel Noboa, quien es responsable de las decisiones que tomen las instancias de la función ejecutiva.
El abogado explica que el artículo 130 de la Asamblea Nacional señala que procede la destitución del presidente por abrogarse funciones que no le competen, previo dictamen de la Corte Constitucional. Añade que también podría aplicarse el mecanismo, previsto en el artículo 129, a través del juicio político, por haber procedido con la destitución de la vicepresidenta.
“Tendría que verse si esto tiene que ver con un delito de la seguridad del Estado por haber afectado el ordenamiento constitucional”, señala.
Inestabilidad en Ecuador
El consultor político David Rico expresa que en Ecuador se vive una inestabilidad política y social. Refiere que el problema de Noboa inicia cuando nombra a Verónica Abad como embajadora para la paz en Israel, en diciembre de 2023.
“Es la primera vez que ocurre algo parecido a eso y lo que se estimó en ese momento es que, de alguna manera, Noboa estaba sacándose a Abad de encima llevándola a un lugar que no es propio del trabajo de un vicepresidente en Ecuador, la misma vicepresidenta hizo el reclamo de que esta no eran sus funciones”, señala.
Añade que Verónica Abad no solo recurrió a la Asamblea Nacional, también lo hizo ante la OEA, para denunciar la ilegalidad del proceso en su contra. Resalta que la relación entre la vicepresidenta y el presidente es negativa, no es fluida, no se hablan.
“De hecho, el hijo de la vicepresidenta Abad estuvo preso en manos del Gobierno de Daniel Noboa y, a pesar de ello, se generó la suspensión. El gran temor de Noboa es que Verónica Abad llegue a la presidencia, una vez que él renuncie para dedicarse a la campaña electoral. Entonces, la jugada es meramente política”, sostiene Rico.
El consultor asevera que Ecuador está sumamente polarizado en tres grandes factores políticos: el correísmo, el anticorreísmo y los que no se pliegan a ningún factor político. Añade que existe mucha fragmentación social o por etnias en función de sus intereses y que siguen a líderes que pueden generar mayor conflictividad. “Se hace muy difícil la construcción de consensos sociales y políticos”, asevera David Rico.
Destaca también los altos índices de inseguridad: “Un país que estaba en paz tiene regiones prácticamente en manos de la delincuencia organizada”.
De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, para 2023, la tasa de homicidios fue de 47 por cada 100,000 habitantes.
Por otra parte, Ecuador vive una fuerte crisis energética que origina apagones de hasta 12 horas diarias. “Se busca comprar energía a Colombia porque el Gobierno no es capaz de abastecer las necesidades energéticas y eléctricas del país. Además, se vive racionamiento de agua porque la sequía está afectando también los embalses”, señala David Rico.
En ese contexto, el analista puntualiza que la agenda pública pareciera divorciada de la agenda política: “Pareciera que el interés del presidente Noboa es mantener conflictos con su vicepresidenta y negando inscripción de candidaturas de líderes políticos y sociales, como hemos visto en Venezuela, y que puedan representar un peligro como ocurrió con Jan Topi. Eso es una demostración flagrante de falta de compromiso democrático”.
Recuerda que a esto se suma la toma de la embajada de México en Ecuador para impedir la extradición del exvicepresidente Jorge Glas. Rico señala que Noboa exhibe grandes rasgos autoritarios y pareciera que no cree en la separación de poderes.
¿Regreso al correísmo?
El constitucionalista Paúl Córdova Vinueza refiere que hay preocupación en Ecuador porque las actividades económicas productivas están siendo perjudicadas por los reiterados cortes de energía eléctrica, con incidencia en las empresas privada y en las instituciones públicas.
“En un momento de mucho estancamiento en la economía, comienzan a sentirse los efectos por la pérdida de trabajo de muchas personas”, agrega.
Sostiene que faltan muchas respuestas y, por ejemplo, el presidente Noboa se ha demorado para presentar un proyecto de ley para buscar la moratoria en los pagos de deudas de todo el sistema financiero. Además, señala, tras dos meses de crisis eléctrica, no hay soluciones claras.
¿Se sientan las condiciones para el regreso del correísmo? “Más allá de cualquier posición político electoral, la población va a inclinar su posición de preferencia por aquel político, aquella candidatura, que ofrezca soluciones reales a sus problemas”, subraya el profesor Paúl Córdova Vinueza.
En medio de la complejidad ecuatoriana, el consultor David Rico expresa que es posible el regreso del correísmo al Gobierno, pero lo considera un escenario difícil.
“En tres elecciones, más de 50% de la población le ha dicho al correísmo que no quiere que vuelve y esa idea todavía está bien afianzada en la mayoría de los ecuatorianos, pese a la crisis. Pareciera que la mayoría no quiere el regreso de la revolución ciudadana”, sostiene.
Agrega que el país busca un liderazgo que sea capaz de resolver sus problemas, sobre todo lo que más le afecta, lo cual incluye las dificultades económicas. “Es allí donde podía surgir una figura como la de Jan Topi y hoy alguno de los restantes candidatos pudiera tomar ese liderazgo”, indica.
@snederr
FUENTE: Diario Las Américas / Primicias