La Asamblea Nacional aprobó una reforma que otorga al régimen de Ortega la jefatura suprema de las fuerzas armadas de Nicaragua
Esta fotografía publicada por el medio oficial de noticias El 19 Digital el 26 de febrero de 2025, muestra al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega (centro), su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (derecha), y el comandante de la Policía, Francisco Javier Díaz Madriz, durante su ceremonia de juramentación en Managua.
AFP Daniel Ortega y Rosario Murillo durante un evento político en Nicaragua, en el que conmemoran un aniversario de la llamada "revolución sandinista", en julio de 2019.
AFPMANAGUA, NICARAGUA - En un nuevo avance del control absoluto del régimen nicaragüense sobre las instituciones del país, Rosario Murillo, esposa del gobernante Daniel Ortega y autoproclamada "copresidenta", pasará a tener mando sobre el ejército nicaragüense.
Este martes, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó en primera instancia una reforma legal que otorga al régimen de Ortega la jefatura suprema de las fuerzas armadas, permitiendo que Murillo asuma oficialmente el control castrense.
Esta medida se ampara en una reforma constitucional vigente desde febrero, que convirtió a Ortega y Murillo en copresidentes de Nicaragua, eliminando cualquier distinción entre sus roles y consolidando su mando absoluto en el país.
Con la publicación de la ley en la Gaceta Oficial, Murillo podrá ejercer funciones militares con plena legitimidad dentro del esquema dictatorial que el régimen ha venido reforzando en los últimos años.
Además, la reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar otorga al ejército nuevas atribuciones en tareas policiales, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, en un contexto de persecución y represión estatal, esta disposición refuerza la capacidad de Ortega y Murillo para utilizar las fuerzas armadas como un mecanismo de control interno y represión de opositores.
Ortega, quien gobernó Nicaragua en la década de 1980 y regresó al poder en 2007, ha sido señalado por organismos internacionales y gobiernos democráticos como responsable de instaurar una dictadura basada en el nepotismo y la persecución política. La represión se intensificó tras las protestas de 2018, con un saldo de más de 300 muertos, según la ONU, y el encarcelamiento y exilio de cientos de opositores.
Con la reforma constitucional y la nueva ley castrense, el régimen de Ortega y Murillo afianza el sometimiento total de las instituciones del Estado y la sociedad civil. La legislación también impone una estricta vigilancia sobre la prensa y la Iglesia, además de permitir la revocación de la nacionalidad a quienes sean considerados "traidores a la patria", una práctica que ya dejó a más de 450 opositores en el exilio forzado.
Entre otras disposiciones, la ley obliga a quienes ingresen al Ejército a prestar un juramento de lealtad no solo a la bandera nacional, sino también a la rojinegra del Frente Sandinista, reafirmando el carácter partidista de la institución militar y su subordinación absoluta al régimen. Esta consolidación del poder de Ortega y Murillo deja claro que en Nicaragua no hay espacio para la democracia ni la disidencia.
FUENTE: Con información de AFP
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