La activista de derechos humanos procesada por supuesta conspiración requiere de medida humanitaria por razón de salud, mientras espera la audiencia del juicio
Rocío San Miguel, nueva presa política en Venezuela.
Cortesía Control CiudadanoCARACAS.- La activista de derechos humanos Rocío San Miguel, procesada por supuesta conspiración, es una de las 16 presas políticas del régimen de Venezuela, pero ella simboliza el caso judicial en el que todos los derechos y garantías para su defensa han sido ignorados desde su detención irregular, hace un año.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024, junto a su hija, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a viajar y desde entonces no se ha cumplido ninguno de los lapsos legales del proceso, por parte de la justicia penal chavista.
El tribunal tercero de Terrorismo fijó para martes próximo, un año después, el inicio de la audiencia de juicio oral que debía celebrarse de 10 a 20 días después de la audiencia preliminar, la cual tardó también meses y nos los 15 días legales, para llevarse a cabo. El proceso que debía durar en total tres o cuatro meses, lleva un año y no se ha iniciado el juicio el juicio.
El equipo de abogados que la asiste y al que se le ha negado su juramentación, espera que en esta ocasión no “aparezca” obstáculo que impida su celebración para que San Miguel pueda designar su defensa técnica.
“Al menos, el tribunal no nos negó la fecha de la audiencia a la que asistirían también todos los procesados por el caso”, informó Juan Luis González, uno de los abogados.
Reitera que San Miguel requiere de una urgente medida cautelar por razones humanitarias.
“De verdad, ella necesita atención y en el Sebin no están en capacidad de resolver el problema”, dijo y recordó que desde que la defensora de derechos humanos se fracturó el hombro derecho por una caída en ese sitio de reclusión, hace más de cinco meses, y no ha recibido la debida atención médica.
“El pronóstico de esa fractura es quirúrgico, y eso demanda unos cuidados postoperatorios, rehabilitación larga y si allí no estuvieron en capacidad de diagnosticar una fractura en cuatro meses, ¿qué garantía tenemos de que esté bien atendida en el acto operatorio y después? San Miguel la está pasando mal porque la fractura consolidada le duele todos los días”.
San Miguel, quien dirigía la ONG Control Ciudadano relacionada con el tema militar, está procesada por traición a la patria y terrorismo, entre otros graves delitos, como parte de la supuesta conspiración que el régimen denominó “Brazalete blanco” y que denunciarlo en diciembre de 2023.
Por el caso se dictaron más de 20 privativas de libertad a militares, abogados políticos y periodistas, en enero del año siguiente.
El nombre San Miguel, entonces, no apareció.
“Es sospechoso que no haya sido mencionada en enero si estaba en la misma conspiración, según las imputaciones fiscales. Hay razones para especular”, afirma González. Sostiene que el procesado de San Miguel está viciado desde el comienzo, y lo razona con hechos.
“Nunca informaron (el Ministerio Público) en su aprehensión que había una orden de detención decretada el 7 de febrero, acordada el día 8, y ejecutada el 9”, dijo. Pero no es la única omisión.
Además, dijo que los abogados se enteraron que fue vinculada al Brazalete Blanco porque al actuar como defensores de su hija, de sus dos hermanos y su primer exesposo, a quienes se dejó en libertad condicional, tuvieron acceso a parte del expediente en el tribunal.
“Ellos armaron un cuadernito con parte del expediente para que pudiésemos revisarlo, y eso es una arbitrariedad porque el expediente es uno solo”, indicó.
A un año de la detención todavía no se le ha permitido designar la defensa técnica, una característica común en la mayoría de los casos por presunta conspiración.
“La defensa sigue a cargo de una defensora pública de presos que, a un año de la detención, no ha tenido por primera vez una entrevista personal ni privada con su cliente San Miguel, nunca se ha reunido con ella para explicarle las razones de su detención ni que ella aporte un elemento que permita defenderla. Nada”.
Tampoco tiene defensa privada Alejandro González, expareja de San Miguel, quien fue detenido días después y procesado por otros cargos.
En todo este tiempo, la defensora como el resto de los procesados no han sido llevados al tribunal. El tribunal ha realizado las audiencias vía telemática, un mecanismo que la ley establece solo para testigos que no pueden acercarse a la sede judicial.
“Hemos tratado de hacer todo lo que toca a nivel interno y a nivel internacional para denunciar irregularidades, incluyendo que no le permitieron votar en las elecciones (…) esperamos un pronunciamiento de la CIDH”, aseguró.
FUENTE: Entrevista al abogado Juan Luis González
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