Los adolescentes fueron obligados, bajo torturas, tratos crueles e inhumanos, a grabar un video en el que admitían haber recibido dinero para protestar
Una joven detenida en agosto 2024
AFPCARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro pasó a juicio a siete menores de edad, de entre 15 y 17 años, a los que obligó, mediante torturas, tratos crueles e inhumanos, a grabar videos en los que se declaraban culpable de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
En el estado Carabobo, a poco más de dos horas de Caracas, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal Segundo con competencia en Terrorismo, llevo a cabo la audiencia preliminar telemática de los siete adolescentes detenidos entre el 29 y 30 de julio, en el marco de la brutal ola de represión que desató el chavismo tras las manifestaciones espontáneas en rechazo al fraude electoral que intenta perpetrar Maduro, con aval de las instituciones a su servicio.
El miércoles 2 de octubre, tras más de dos meses detenidos, Ramos Castillo acabó con las esperanzas de los familiares de los jóvenes detenidos, que esperaban salir con ellos del Palacio de Justicia de Carabobo, en Valencia.
La jueza le habría ofrecido a los adolescentes una tentadora oferta: si se declaraban culpables, solo pagarían una pena de seis años y ocho meses, sin beneficios procesales, de acuerdo con la reseña del medio regional El Carabobeño. Si se negaban, todos pasarían a juicio con la amenaza de una pena de 10 años de prisión, que habría pedido la Fiscalía para los menores de edad.
"Ninguno aceptó, por lo fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios", subraya el medio venezolano.
Este grupo de jóvenes, que pasaron a juicio por terrorismo, un delito que ni siquiera llegan a comprender, sufrieron torturas en los centros de reclusión a los que fueron enviados, de acuerdo con las denuncias de sus familiares.
Los siete, entre los que se encuentra una joven de 16 años, a la que un militar le ofreció tener relaciones sexuales al momento de su detención para liberarla, fueron obligados a grabar un video en el que admitían haber recibido un supuesto pago de 30 dólares por protestar, aunque ninguno de ellos fue detenido en una manifestación.
"Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó", menciona el medio.
"A mi hijo lo detuvieron en una cancha en la que jugaba béisbol, tenía 15 años, cumplió los 16 en agosto y ni siquiera pude abrazarlo", dijo una de las madres consultadas por El Carabobeño.
La detención de su hijo fue grabada por los vecinos. En las imágenes, se evidencia cómo funcionarios lo patean en el piso, hasta que el joven se levanta y sale corriendo. "El policía dice mátalo, mata al de gorra y mi hijo grita soy menor, soy menor", relata.
El hijo de esta mujer tendría que cursar quinto año de bachillerato. Su madre lo inscribió y, esperanzada, compró los útiles escolares para que se incorporara al colegio en el nuevo inicio escolar que arrancó esta semana, con una deserción de casi tres millones de estudiantes, según la Federación Venezolana de Maestro.
El futuro de su hijo, un joven prospecto del béisbol, hoy está en riesgo. "Pasó para quinto año de bachillerato, es prospecto del béisbol, este año venían de los grandes equipos a verlo. Tenemos todas las atenuantes para que les otorgaran una cautelar que le permitiera seguir con sus estudios y su vida (...) Tenía la esperanza de que me lo entregaran para llevarlo al colegio. El está deprimido, cada vez que me ve me dice: ¿Mamá pero por qué yo estoy aquí si yo no he hecho nada? Él es un niño, tiene tanta depresión que no se quiere ni bañar, yo le llevo la comida y la regala porque no quiere comer", narró la mamá entre lágrimas.
La vida de estos adolescentes y de sus familiares fueron trastocadas por la dictadura chavista, que ha instaurado un terrorismo de Estado en el país suramericano, denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "No puedo trabajar, no como, no duermo, porque no tengo vida, porque mi hija y yo estamos presas, igual que mi hijo", señala esta madre.
En este grupo también se encuentra un niño que fue seleccionado por la Asociación de Tenis de Mesa para representar a Carabobo en los juegos juveniles, y un joven de 16 años que es músico y compositor, que fue detenido junto a un amigo cuando caminaba hacia su casa, luego de sus ensayos musicales.
Otro de los casos es el de la joven de 16 años que apresaron cuando iba a comer perros calientes con tres amigos. Los cuatro fueron llevados a la base militar Fuerte Paramacay, en Naguanagua, Carabobo. Allí, un hombre con uniforme militar le propuso dejarla en libertad a cambio de mantener relaciones sexuales, pero al no conseguirlo, le quitó su teléfono, la golpeo y la obligó a grabar un video.
"Mi hija tenía pestañas postizas y se las arrancaron (...) Con las costillas y brazos golpeados la metieron en un cuarto lleno de piedras, junto a otros detenidos. Duró tres días sin comer ni tomar agua. Hoy está junto a mujeres mayores de edad presas por diferentes delitos, que la han golpeado. Una vez intentó suicidarse y hace unos días me dijo que está cansada de estar allí, que no quiere seguir así", cuenta su madre.
A dos meses de las detenciones, los padres de estos jóvenes no han tenido acceso al expediente de sus hijos. "Hemos solicitado el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal si ellos son menores de edad y nosotros somos parte del proceso? (...) Dónde está el derecho a podernos defender con abogados privados. Ni siquiera hemos podido ver qué delitos le están imputando a nuestros hijos", dijo una de las madres.
Durante la audiencia, la actuación de la defensora fue de no defender. Sus intervenciones fueron cortas, no alcanzaban siquiera los dos minutos, y casi que susurradas hizo la petición de medidas cautelares.
Además, no consignó ante el juzgado los documentos recabados por los padres de los jóvenes para demostrar la inocencia de sus hijos, en los que se certificaban su condición de estudiantes, deportistas y músicos. "La defensa no promovió nada", dijo la jueza durante la audiencia.
La petición susurrada de la defensora fue negada y el pase a juicio aprobado, incrementando la frustación de los padres, quienes ni siquiera pudieron optar a una defensa privada que trabajara en pro de la liberación de sus hijos.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado, expresaron su repudio por la situación del grupo de adolescentes y esperaron su solidaridad con los padres que "sufren el secuestro de sus hijos".
"Niños y niñas torturados, negados a doblegarse, tener convicción, querer un futuro, querer trabajar para recuperar la democracia, enfrentar a la represión con coraje no es delito. Delito es torturar, secuestrar, perseguir, eso es delito y lo sabe el mundo", escribió González Urrutia en su cuenta en la red social X, en un mensaje en el que aseguró que la justicia para todos los detenidos "va a llegar".
Por su parte, la líder opositora instó a los venezolanos a denunciar este nuevo crimen del régimen. "¿Cuánta maldad puede haber en una persona y en un régimen para torturar a niños y jóvenes? No importa lo que hayan hecho; estos sólo reclamaron su derecho a ser libres (...) Estos siete muchachos son nuestros hijos; nuestra razón de lucha. Lo que les han hecho, con el objetivo de aterrorizar a todos los jóvenes y a sus padres, es la mayor razón que tenemos como sociedad para arreciar nuestra lucha", aseveró.
FUENTE: Con información de El Carabobeño / redes sociales / Redacción DLA
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