Antecedentes
El pasado 13 de septiembre la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro se reunió con el director de la unidad de Negocios de Repsol en Venezuela, Luis Antonio García Sánchez, en Caracas, para discutir las “alianzas estratégicas” y avanzar en la “cooperación energética”.
Según Rodríguez, Venezuela “sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo”.
En medio de la diatriba política no se debe obviar que en abril Repsol y PDVSA firmaron un acuerdo que tiene la meta de ayudar a Venezuela a volver a producir un millón de barriles diarios. De hecho, en julio España importó 353.000 toneladas de crudo de Venezuela, lo que eleva el total de enero a julio a 1.7 millones de toneladas. Esta cifra casi triplica la del mismo periodo del año pasado y supera el total de 1,4 millones de toneladas de 2023”.
Por otra parte, en agosto las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron su nivel más alto en más de cuatro años, según datos de envío, impulsados por la expansión de los envíos a China, Estados Unidos y Europa.
La petrolera estatal PDVSA y las empresas conjuntas con la petrolera estadounidense Chevron (CVX.N) y la española Repsol (REP.MC) exportaron un promedio de casi 885 mil barriles por día (bpd) de crudo y combustible en agosto, según mostraron datos basados en los movimientos de los buques tanque.
Eso fue un 50% más que el mes anterior y un 62% más que en el mismo mes de 2023, según los datos.
El economista Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, recuerda que en agosto la mitad de crudo que se exportó a los Estados Unidos fue por el trabajo de Chevron y la española Repsol, y el resto casi todo fue al mercado negro en China, donde iba en el pasado antes de que se hiciera la flexibilización de sanciones.
Monaldi recuerda que “en Venezuela tienes por un lado Chevron que produce 1 de cada 4 barriles que se producen en Venezuela, si le sumas a los europeos son casi un tercio de la producción, pero los siguientes grandes productores son las empresas de China y Rusia en Venezuela”.
Sin reconocimiento a González
El reconocimiento de Edmundo González como ganador de la elección presidencial del 28 de julio enfrenta al Congreso y el Senado de España con el gobierno de Pedro Sánchez. Primero en el Congreso y ahora en el Senado se han aprobado mociones para exigir al Ejecutivo que deje de “generar dudas acerca de su posición en relación con el proceso de transición a la democracia que se ha abierto en Venezuela”.
Ambas instancias han pedido explícitamente que el Ejecutivo español que, además de reconocer a Edmundo González como presidente electo, exija al gobierno de Venezuela “poner fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia, y ejerza un papel de liderazgo en la Unión Europea y en la comunidad Iberoamericana en defensa de los principios democráticos, las libertades y el Estado de Derecho”.
También le han pedido que “se posicione, llegado el caso, a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen y se dirija a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.
No obstante, hasta la fecha, el gobierno de Pedro Sánchez se mantiene en su estrategia de solicitar a Maduro que muestre las actas y permita una auditoría independiente, pero sin avanzar en el reconocimiento de Edmundo González.
Otro intento de Golpe de Estado
En medio del debate político el ministro de Interior de Maduro develó un supuesto intento de magnicidio organizado por el Centro Nacional de Inteligencia de España. Según Diosdado Cabello, dos españoles fueron detenidos en Venezuela -junto a otros ciudadanos estadounidenses y checos- incursos, supuestamente en planes desestabilizadores.
Para Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales, si Venezuela decide romper relaciones diplomáticas con España “sería una medida de aislamiento y si se llega inclusive a romper relaciones comerciales y económicas, tendría un impacto importante en los ingresos del país. (...) Me parece que por ahora es una amenaza como para tratar de inhibir al gobierno español de fijar posición, de continuar con la presión internacional luego de lo que sucedió el 28 de julio”.
De Alba sostiene que el gobierno de Pedro Sánchez avanza con diversos mecanismos en tratar de convencer, antes del 10 de enero de 2025, al Gobierno venezolano de abrir una negociación. Pero si no lo logra, es probable que aumente la presión en España para que su gobierno tome medidas en vista de que no hay avances”.
“Lo diplomático preocupa, porque como ya vimos, lo diplomático le sirvió al señor Edmundo González para buscar allí protección y asilo -explica De Alba- Pero, sobre todo, preocupa lo económico porque al final las consecuencias económicas de la crisis que estamos viviendo la van a sufrir en mayor medida ciudadanos venezolanos comunes y corrientes”.
“Venezuela es una dictadura”
La ministra de la Defensa de España Margarita Robles contribuyó a incrementar el conflicto dialéctico entre ambos países cuando calificó al gobierno de Maduro como “una dictadura”. Esta declaración sirvió para que el canciller de Venezuela decidiera llamar a consultas a la embajadora de Venezuela en España, Gladys Gutiérrez y citar para una reunión urgente al embajador de España en Caracas, Ramón Santos.
En relación con esta medida, el canciller español sólo subrayó que esta es una decisión “soberana”. No obstante, recordó que cuando se toman medidas de política exterior sobre Venezuela “pienso en los españoles que viven ahí, los venezolanos que viven en armonía en España” y en los “intereses empresariales, de empresas muy importantes (…) “Eso es lo que me guía”.
Por otra parte, el gobierno de Sánchez también ha indicado que los venezolanos continúan solicitando peticiones de asilo y que su gobierno no los abandonará. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 111.463 personas han pedido asilo en España entre enero y agosto de 2024, casi un 40% de ellas venezolanas.
Según estos datos, casi 4 de cada 10 solicitudes han sido presentadas por personas que han huido de Venezuela que, tal y como indica CEAR, “atraviesa una grave crisis humanitaria y política”.
Además, en Venezuela residen 300 mil españoles y se calcula que 3 millones de ciudadanos son descendientes de españoles.
Manda la economía
Mientras la dialéctica en torno al conflicto aumenta, el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, lanzaba “un mensaje de tranquilidad” a empresas españolas que “tengan negocios, actividad o inversiones en Venezuela”, porque, según ha señalado, “el Gobierno defenderá sus intereses en el caso de que esto fuera necesario”.
Según Cuerpo, “más allá del punto en el que estemos en cuanto a la situación diplomática entre ambos países, es importante trasladar un mensaje de tranquilidad (…) por ahora, no han entrado peticiones o dudas o tranquilidades por parte de empresas en cuanto a la situación en Venezuela”.
Por otra parte, el economista Francisco Monaldi advierte que si se cancelan las licencias a la empresa Chevron y las europeas (como la española Repsol) inmediatamente se devaluará el bolívar rápidamente y se pudiera generar una inflación significativa otra vez (…) En la medida en que en un país no hay credibilidad del poder judicial, no hay credibilidad de las políticas del Estado, no hay un régimen legal del Estado y además, si tienes dudas de, en el caso de la industria petrolera como vas a poder exportar con las sanciones, todo eso genera incertidumbres demasiado grandes”.
Por último, Monaldi insiste en que las alternativas de inversión petrolera internacional “si el régimen se mantiene en el poder, no son significativas. El techo de la producción venezolana es relativamente bajo; si va a poder con las licencias actuales, pero el techo es muy bajo y eso hace que la recuperación de la economía venezolana este muy limitada”.
