La reciente expulsión, que denuncian defensores de derechos humanos y se suma a otra similar de sacerdotes en noviembre, se interpreta como una reacción frontal al mensaje del Papa Francisco, quien el 8 de diciembre, en el Ángelus dominical, pidió una vez más “una oración por la paz, la fraternidad y la concordia en Nicaragua”, según la agencia AICA.
En los últimos dos meses, la pareja Ortega-Murillo presentó una amplia enmienda a la Constitución, que fue aprobada por el parlamento, afín al régimen, en la que no solo extiende el mandato a seis años, sino que también les permite el control absoluto de poderes.
Además, detuvo más de una docena de nicaragüenses que protestaron la modificación a su medida y prohibió el trabajo periodístico de medios, como CNN.
La represión en Nicaragua se hace cada vez más intolerable, según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, que alertó sobre la enmienda constitucional.
Según el texto, todos los derechos humanos pueden ser suspendidos en un estado de emergencia y se permite la intervención del Ejército cada vez que el régimen así lo requiera para la supuesta “estabilidad” de la nación.
“Con esta reforma –la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007– el gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”, afirmó el Grupo de Expertos, el 25 noviembre, seguido de graves advertencias tanto del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, como de Amnistía Internacional.
Estados Unidos y el Grupo IDEA también condenaron el "drástico deterioro" de los principios democráticos.
Nicaragua, puntos de inflexión
Nicaragua, con Ortega en su quinto mandato desde 2007 y uno de los autoritarismos más férreos de la región junto a Cuba y Venezuela, registra uno de los éxodos forzados más numerosos de Latinoamérica, que supera el millón de sus ciudadanos.
También acumula cerca de 700 muertos y un sinnúmero de desaparecidos; más de 300 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, a quienes se les niega el regreso y están amenazados de “seguimiento”; más de 3,000 ONG y no menos de 300 religiosos expulsados.
“La represión se ha agravado. La crisis sociopolítica, humanitaria y religiosa en Nicaragua es permanente, no tiene límites en su masividad y tiene una marcada tendencia a aumentar, momento a momento”, afirma el abogado Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la Asociación Centroamérica de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, además de delegado de Misión Para Centroamérica y los Estados Unidos de América de la Canadian Human Rights International Organization (CHRIO).
Si bien la violencia de Estado inició a partir de 2006, cuando Ortega asume la presidencia tras 16 años de intentos frustrados, la represión abierta tuvo su punto de inflexión en las protestas estudiantiles de abril de 2021 por la reforma contra el seguro social.
La represión contra jóvenes, periodistas y transeúntes fue brutal.“La represión se enfocó en personas y en sectores. Por ejemplo, en la mayoría de precandidatos a la presidencia para la elección de 2021; la anulación de personaría jurídica contra miles de ONG, incluida la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos; la persecución anticlerical; y la recurrente agresión contra las comunidades indígenas”, recuerda.
Pero, en la actualidad, “la dictadura, periódicamente, abre nuevos frentes de represión”, según Leiva. Y para ilustrar su aseveración cita que el régimen agudiza, por cierto tiempo, la anulación de personerías jurídicas, luego intensifica la persecución contra la Iglesia Católica, practica nuevas detenciones y vuelve a perseguir a monjas y sacerdotes.
“Es un patrón de conducta con el que Ortega y Murillo mantienen vigente el terror de Estado contra la población”.
Violación de derechos humanos
Hasta la fecha, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos lleva documentados más 8,000 “denuncias graves” sobre derechos humanos, desde hace siete años.
Durante ese lapso, la ANPDH, desde el exilio en Costa Rica, recibió testimonios de “casos dramáticos”, incluidos los de exiliados nicaragüenses.
Uno de los emblemáticos fue el de Joao Maldonado, participante en la resistencia popular de 2018, el cual revela no solo el modus operandi, sino el trabajo de inteligencia que Ortega-Murillo extienden a otros países.
Según relata, Maldonado fue víctima de dos intentos de asesinato, el 11 de setiembre de 2021 y el 10 de enero de 2024, este último mientras junto a su esposa esperaba traslado a otro país, en el marco del programa Movilidad Segura, de Naciones Unidas. Ambos incidentes fueron perpetrados por sicarios, con el mismo modus operandi, en San José de Costa Rica.
Jaime Luis Ortega Chavarría, exintegrante de “la contra” y dirigente campesino opositor a la dictadura, tuvo peor suerte. “Con refugio en Costa Rica, fue asesinado el 28 de octubre de 2024 en la localidad de Upala, por descocidos, quienes, ante la resistencia del nicaragüense a ser secuestrado, lo balearon reiteradamente”.
“Esto revela el masivo trabajo de inteligencia que la dictadura Ortega-Murillo lleva a cabo, sin obstáculo alguno, en Costa Rica y otros países”, enfatiza Leiva.
“Es necesario acorralar, con medidas sancionatorias eficaces, más allá de lo retórico, a los dictadores para entregarlos a la justicia universal”, advierte.
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Iniciativas contra Ortega y sandinismo
Justamente, la Alianza Republicana Nicaragüense Americana (NARA, por su sigla en inglés), presentó en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para que se declare “terrorista” al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Ortega-Murillo, junto a “todos sus miembros desde su origen hasta su término”.
El proyecto avanza con el equipo del congresista Mario Díaz-Balart, quien lo recibió el 18 de abril pasado en su despacho, dice la presidenta de la Alianza Muñeca Fuentes. “Esperamos que se haga efectiva en la nueva administración”.
Está convencida de que la ley contribuirá a depurar a la oposición de Nicaragua que, según cree, está infiltrada por sandinistas que “son lo mismo que el Orteguismo y que también buscan desestabilizar a EEUU”.
Sin embargo, “es poco” lo que se hace para frenar la represión contra los derechos humanos, según Leiva. “Se persiste en denunciar que la dictadura perpetra crímenes de lesa humanidad, que se mantiene en el poder a base de terror de Estado, pero no hay resultados y se genera para los nicaragüenses un panorama oscuro y desesperanzador”, afirma.
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FUENTE: Entrevistas a Álvaro Leiva Sánchez y Muñeca Fuentes, defensores de derechos humanos
