El caso del asesinato del teniente Ronald Ojeda está bajo reserva judicial, pero dichos e indicios tejen vínculos de la banda con parte del régimen de Venezuela
El teniente retirado venezolano Ronald Ojeda Moreno, asesinado en Chile, por Tren de Aragua.
CortesíaSANTIAGO DE CHILE.- El proceso penal por el secuestro y asesinato del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda en Chile se encuentra desde el 27 de enero bajo “reserva judicial”, lo que deja en secreto los hilos que atan a la organización criminal trasnacional Tren de Aragua con el homicidio del militar. Y que comprobarían que el crimen fue urdido por el régimen de Maduro en Venezuela.
Pero en Chile los vínculos se conocen desde mayo de 2022. El gobierno izquierdista del presidente Gabriel Boric fue advertido de los nexos entre el grupo de delincuencia organizada de Venezuela, con ramificaciones en otros países y funcionarios de Maduro.
“Yo lo puse en conocimiento desde la Comisión del Gobierno Interior del Congreso para que estuviera atento a ese tiempo de implicancia, pero el gobierno no tomó con seriedad esa información que le fue entregada”, afirma el diputado Juan Manuel Fuenzalida, abogado experto en materia de delincuencia organizada en la región, a DIARIO LAS AMERICAS.
“La justicia hizo lo que no hizo el gobierno del presidente Boric, desenmascarar esta situación, que era vox populi, de que el Tren de Aragua operaba con miembros del régimen venezolano”, asegura.
En abril de 2024, tras dos meses de investigaciones e hipótesis, el fiscal encargado del caso Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, confirmó que "la única línea que nos queda" en la investigación era la del crimen por motivos políticos.
“Acá lo que hubo fue una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar al teniente Ronald Ojeda, la preparación que se vio en estos hechos nunca se vio antes en el Tren de Aragua. Estimamos que detrás de esto está el gobierno venezolano”, afirmó, entonces, Barros.
Un testigo protegido, en el marco de la investigación, involucró en el caso al ministro y número dos del régimen, Diosdado Cabello. Una versión que la fiscalía ya puso en manos del juzgado.
Ojeda, quien se encontraba en Chile en condición de asilado tras haber escapado de una cárcel donde fue recluido por una supuesta conspiración, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en la madrugada, de su apartamento en el barrio Independencia, por cinco hombres armados.
Su cadáver fue hallado, nueve días después de búsqueda frustrada, en Maipú, en las afueras de Santiago.
Los elementos de investigación que sustentan la supuesta participación del régimen de Maduro y particularmente de Cabello en el caso no son ahora objeto de debate público, debido a la “reserva judicial”.
“Cuando se habla de reserva quiere decir que la investigación queda bajo secreto, que no se puede dar información sobre nada de lo que esté sucediendo, y no se levanta hasta que el juez lo determine”, explica una fuente vinculada a la fiscalía nacional.
Hasta ahora, del caso se conoce que hay un adolescente sentenciado a cinco años de cárcel, varios prófugos que huyeron a Venezuela y 16 detenidos a los que esta semana se le formalizan los cargos por gavilla, secuestro y homicidio. Algunos de ellos fueron detenidos en megaoperativos, mientras que otros ya estaban en prisión preventiva.
Pero, en los últimos meses, funcionarios judiciales arrojan con sus declaraciones luces sobre las sombras del asesinato:
1- El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, en fecha reciente, superó la confirmación de Barros. Señaló que “hay tres personas, que declaran en la investigación, que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.
Mencionó que un testigo protegido responsabilizó al ministro y número dos del régimen, Diosdado Cabello, de "encargar" y "pagar" por el crimen del militar retirado, pero “ese antecedente debe esclarecerse”, según advirtió.
“Se me dijo que él dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero (líder máximo del Tren de Aragua) pagando a través de él”, según la declaración del testigo, obtenida por el canal ChileVisión.
“Hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo (…) con motivaciones políticas”, afirmó el fiscal nacional.
2- La ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó más tarde de “enorme gravedad” la versión de Valencia y dijo que, de comprobarse el vínculo de Cabello con el crimen, el gobierno de Chile “recurrirá al Tribunal Penal Internacional”.
3- El subsecretario de Interior chileno, Luis Cordero, descartó extraditar a los miembros de la banda Los Piratas, o a cualquier otro integrante del Tren de Aragua”, una exigencia que hizo el fiscal afín al régimen de Maduro, Tarek William Saab.
El argumento jurídico es que no procede la extradición si los detenidos están vinculados a un homicidio, que es un delito mayor. Saab, en su petición pública, no mencionó con detalle los delitos que se les imputan a los apresados.
Pese a ello, el diputado Fuenzalida, uno de los denunciantes activos de la presencia del Tren de Aragua en su país, revela informaciones que él y otros parlamentarios obtuvieron de “distintos actores” en Chile desde 2022 sobre los nexos, y que fueron entregados al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (marzo 2022-octubre 2024).
“Desde el Congreso oficiamos mucho e hicimos sesiones justamente para ir resolviendo y hacerle ver al gobierno la existencia de esa vinculación”, recuerda. “No nos cuadraban ciertos aspectos”.
“Los que cuidaban la embajada de Venezuela en Chile en verdad no eran funcionarios de la seguridad venezolana, eran chilenos, dijeron que por el aeropuerto internacional ingresaban supuestos miembros del SEBIN para la custodia de la embajada, pero nunca lo hicieron”, continúa Fuenzalida.
Y mencionó otras “evidencias”: “Obtuvimos testimonios de exfuncionarios venezolanos de todo ámbito, conseguimos información relativa a los antecedentes criminales de cabecillas del Tren de Aragua en Chile, como los de los llamados Larry Changa, Enano o Satanás, que daban cuenta de que pesaban sobre ellos órdenes de captura vigentes por delitos cometidos, según tribunales de ejecución de Venezuela”.
“Sin embargo —agrega— en los sistemas policiales de ese país esas órdenes de captura fueron borradas. Eso demuestra que para poder tener ese tipo de privilegios sin duda tienes que ser aliado del gobierno. Eso no se produce por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por una orden de arriba y esa orden fundamental”.
Fuenzalida añade a estos datos “la libertad” con la que los miembros del Tren de Aragua actuaban, la impunidad con la que operaron Venezuela, donde se originó en 2015, y luego lo que se ha sabido tras la detención de algunos de sus cabecillas.
“De estos antecedentes se deduce que existe una relación entre el grupo criminal y parte del régimen de Maduro. Esto es difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo y la investigación de la fiscalía lo ha ratificado”, dice.
No menciona elementos que involucren a Cabello. “La causa está reservada y no puedo opinar sobre eso”.
Lamenta que el gobierno de Boric en dos años no les haya prestado atención. “Creyó que eran ataques de la oposición cuando en realidad se trataba de mostrar información bastante contundente sobre estos nexos”.
El parlamentario afirma que el caso deja en Chile, según su percepción, dos conclusiones irrefutables: las tensiones bilaterales que ocasionó, que terminaron en el fin de relaciones diplomáticas en agosto de 2024 y que Boric no reconoció a Maduro como ganador de la elección.
“El caso demuestra la intervención de un gobierno extranjero en asuntos internos de Chile, una gravedad absoluta, y también la ineficiencia del gobierno de Boric en el combate contra el crimen organizado y del manejo de la alianza entre el Tren de Aragua y parte del narco-gobierno de Venezuela”, asegura.
FUENTE: Entrevista con diputado Juan Fuenzalida, fuentes judiciales; con información de redacción DLA
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