Muerte civil y represión: los argumentos de Maduro para mantenerse en el poder

Según el análisis de la ONG Acceso a la Justicia, “no es necesario que una persona haga algo que disguste al Gobierno; basta que sea incluida en la lista de sospechosos establecida en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela (Ley Simón Bolívar) para quedar sujeta a sanciones que pueden acarrear el despojo de sus derechos civiles (su «muerte civil») y, por si fuera poco, de sus bienes. Nunca el oficialismo se había atrevido a violar tan flagrantemente el principio de presunción de inocencia”.

Una amenaza con la clandestinidad o el exilio

Advierte la organización que “en contra de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y la jurisprudencia establecida y reiterada por el TSJ, la nueva normativa incluye el juicio en ausencia. El mensaje político se podría resumir en una amenaza que no cesa con la clandestinidad o el exilio”.

Indican que en la ley también se hace referencia “a la extinción de dominio, una figura relativamente nueva en el Derecho venezolano, para incrementar el carácter represivo de la Ley Simón Bolívar. Aunque la extinción de dominio tiene un fin legítimo (la recuperación de activos obtenidos por hechos ilícitos), ha sido tergiversada por la Ley Simón Bolívar y puede ser utilizada como un mecanismo de persecución política”.

Se destaca en el análisis que “avanzando en la vía abierta en materia de sanciones patrimoniales, el artículo 20 de la Ley Simón Bolívar indica que quien incurra en los hechos y conductas sancionados responderá civilmente por los daños causados. La nueva normativa permite condenar civilmente a una persona por los daños que haya podido causar, aunque no haya una condena penal previa (…) Así las cosas, sería posible que una persona condenada a 30 años además deba pagar una multa de hasta un millón de euros, sea inhabilitada políticamente por 60 años y, por si fuera poco, pierda sus bienes por una condena civil”.

Para Acceso a la Justicia “el objeto de la Ley Simón Bolívar va más allá de castigar a quien apoye las sanciones que imponen Gobiernos o entidades multilaterales a personas u organizaciones de un país (en este caso Venezuela) por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos o hechos de corrupción. También penaliza, según se indica en el artículo 7, el desconocimiento de los Poderes Públicos legítimamente instaurados en la República Bolivariana de Venezuela, de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de Poderes Públicos venezolanos, sus autoridades o entidades”.

En términos prácticos -advierte la organización- esta ampliación del objeto de la ley permitiría sancionar a todas aquellas personas naturales o jurídicas que no estén de acuerdo con los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio”.

Reforma y normalización

“He conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana”, aseguró Maduro durante un acto el pasado 29 de diciembre.

Aunque Maduro no ha dado detalles sobre esta reforma, todo apunta a que intentará consolidar su permanencia en el poder a través de la llamada “soberanía popular”, un viejo anhelo de la Revolución Bolivariana para modificar toda la estructura político-administrativa del país y eliminar el voto directo, universal y secreto para sustituirlo por un proceso de segundo grado que emula en su concepción a designación del Soviet Supremo Soviético.

Según el análisis publicado por la politóloga Yoletty Bracho en el portal Nueva Sociedad para entender cómo ha logrado el gobierno de Maduro sostener el fraude del 28 de julio hay que valorar dos acciones en concreto: “La primera refiere al tristemente común uso de la represión –encarcelamiento, desaparición, muerte en prisión de opositores– que ha podido amedrentar las muy numerosas expresiones de rechazo y descontento dentro de la sociedad venezolana. La segunda, quizás más sorprendente, es la pasividad o aceptación mostrada por viejas y nuevas élites económicas, que han sabido sacar ventaja de sus alianzas con el gobierno, pero también por algunos sectores de las clases populares que se reclaman del chavismo y buscan mantener un frágil pero conocido statu quo frente al miedo al revanchismo opositor”.

Sin embargo, para los integrantes de la coalición de ONG Ideas por la Democracia el costo interno (dentro de la alianza de gobierno) como externo (en el país, así como en el exterior) de negar los resultados de la elección presidencial del 28 de julio superó cualquier cálculo de la coalición gobernante.

Según este análisis, el gobierno autoritario de Maduro ha descartado la persuasión electoral y solo puede usar la represión como estrategia para mantener el poder.

En este escenario se considera que la coalición gobernante liderada por Maduro “debe utilizar las instituciones para perseguir a la sociedad que se le opone. A través del Tribunal Supremo de Justicia interviene un mayor número de partidos políticos, mientras la Contraloría General inhabilita todo posible candidato opositor que pueda representar una amenaza electoral (…) Igualmente se intensifica la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, gremios y universidades. La protesta social se reprime a través de las fuerzas del orden público en conjunto con los colectivos y otros grupos armados (…) Los mecanismos de represión vigilan la posible disidencia, dando castigos ejemplares preventivos para evitar divisiones internas”.

Además, se advierte que “la hegemonía comunicacional aumenta la visibilidad del Gobierno a través de cadenas, e intenta aumentar el perfil de candidatos opositores disidentes con el objetivo de fragmentar la unidad opositora. Igualmente aumentan los bloqueos a medios digitales que difunden información independiente”.

No obstante, advierten en su análisis que la suma de todos estos factores provoca “que sea extremadamente complejo mantener un gobierno de facto a partir del 10 de enero de 2025”.