Entre los nuevos crímenes que documenta la Misión de la ONU, se encuentran al menos 126 detenciones arbitrarias entre septiembre 2024 y los primeros 15 días de enero
Misión de Determinación de Hechos de la ONU presenta informe sobre Venezuela el 18 de marzo de 2018
Cortesía X @_ProveaCARACAS.- La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela recalcó que se continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad y responsabiliza directamente a Diosdado Cabello, número dos del chavismo y actual ministro de Interior, de dirigir la "dura represión" poselectoral.
La Misión presentó una nueva actualización de la investigación sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que destacó que el régimen de Nicolás Maduro sigue llevando a cabo acciones que constituyen crímenes de lesa humanidad, como la persecución política, las detenciones arbitrarias de opositores o personas percibidas como tal, defensores de derechos humanos y periodistas, desapariciones forzadas y torturas de los presos políticos aprehendidos en el marco de la represión poselectoral, que ha sido calificada de terrorismo de Estado por organismos internacionales.
Algunas de estas aprehensiones, resalta, podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
El régimen de Maduro "sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades", aseveró la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, al destacar que este "es el mismo patrón de actuación que la Misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad".
En su intervención ante el Consejo, celebrado en Ginebra, Valiñas expresó su preocupación por la detención de al menos 150 extranjeros, a quienes la dictadura chavista acusa de "conspirar". Resaltó que ni las familias ni las autoridades de los países de origen de estos ciudadanos tienen información sobre su suerte y paradero tras ser detenidos arbitrariamente en Venezuela.
"Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional (...) Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional", agregó Francisco Cox, experto de la Misión.
La Misión también se refirió a las elecciones presidenciales del 28 de julio, al resaltar que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al servicio de la cúpula gobernante, a casi ocho meses no ha mostrado los resultados detallados, como establecen las leyes y normas electorales venezolanas.
Indicó que miembros del Poder Electoral, controlado por Maduro, recibieron instrucciones políticas para anunciar resultados distintos al que mostraban las actas electorales, que fueron recolectadas por la oposición democrática, liderada por María Corina Machado, que sustentan el triunfo del diplomático Edmundo González Urrutia por un ancho margen.
"El CNE nunca publicó el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa, desconociendo lo que establece la legislación venezolana", subrayó.
La Misión de la ONU, cuyo mandato fue renovado hasta octubre de 2026, se refirió, además, a la brutal represión registrada en el estado Aragua (centro) en el marco de las protestas poselectorales de julio, en la que murieron siete ciudadanos.
La instancia pudo confirmar que a los manifestantes les dispararon, sin previo aviso, desde el interior de una instalación militar, donde se encontraban miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que estuvieron a cargo de "controlar" las manifestaciones en las inmediaciones de la sede castrense.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, indicó que han podido identificar "a tres generales que estuvieron involucrados en la operación de control del orden público en esta protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes".
Asimismo, la Misión señaló a Cabello como el responsable de dirigir formalmente la represión poselectoral en Venezuela, mediante acciones persecución como la denominada "Operación tun tun", que consiste en buscar a manifestantes, opositores, activistas de DDHH y periodistas en sus casas.
“Cabello continúa amenazando públicamente. Las detenciones arbitrarias de opositores o percibidos como tales han continuado y se han incrementado. Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos de civiles, presumiblemente colectivos”, aseveró.
Por último, la instancia de la ONU solicitó al Consejo que inste a la discutidora chavista a liberar de manera "inmediata e incondicional" a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas.
"El Estado de Venezuela debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas", subrayó.
FUENTE: Con información de la ONU / redes sociales
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