MIAMI.- La congresista estadounidense María Elvira Salazar utilizó sus redes sociales para detallar las reiteradas veces en las que insistió ante el exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Nicolás Mayorkas, durante la administración de Joe Biden, sobre la aplicación de la I-220 A.
En el video difundido, en el que la congresista republicana responde ante las críticas por su presunta inacción, indico que su primera reunión con Mayorkas fue en el año 2023 en la ciudad de Miami y luego se sostuvieron dos encuentros más en Washington, para después insistir en la petición vía email y mensajería directa.
“Docenas y docenas de mensajes de texto al teléfono pidiéndole que se ocupara de la situación de los cubanos”, detalló Salazar.
En el video, la congresista reveló que en verano del año pasado se certificó que había una irregularidad. “Cuando una familia entraba a EEUU al padre le daban Parole y a la madre I 220 A”
“Mas de 70 mil emails recibió mi oficina, enviamos a Mayorkas miles de casos documentados, dividiendo a las familias cubanas”.
"Los democrátas han podido resolver este problema", afirmó. "Los democrátas han podido resolver este problema", afirmó.
Salazar lideró la lucha para que el anterior gobierno de EEUU, pude conceder el estatus de "Parole in Place" (PIP, por sus siglas en inglés) a cualquier nacional cubano al que se le haya emitido un formulario I-220A a su llegada a los Estados Unidos.
Esto le permitiría permanecer en Estados Unidos y solicitar la residencia permanente en virtud de la Ley de Ajuste Cubano. Otros firmantes son los representantes Morgan McGarvey (D-KY) y Debbie Wasserman Schultz (D-FL).
En septiembre de 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la Administración Biden anunció que los ciudadanos cubanos liberados en los Estados Unidos por agentes fronterizos con una "orden de liberación bajo reconocimiento" o I-220A en la frontera sur, no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Esta decisión pone en riesgo el estatus de cientos de miles de nacionales cubanos que fueron liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A, especialmente de ser deportados a Cuba.