El fallo garantiza que quienes enfrentan la deportación, desde Estados Unidos, tengan la oportunidad de defender su seguridad antes de ser transferidos
Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
Captura de pantalla/@ICEgov/X Oficiales detienen a un objetivo criminal extranjero en el norte de Virginia.
ICE/Gov
Esta fotografía muestra la llegada de presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador, desde EEUU , el 16 de marzo 2025
AFPWASHINGTON.- El juez federal Brian E. Murphy ordenó detener temporalmente las deportaciones de migrantes a terceros países, sin darles la oportunidad de impugnar la transferencia por motivos de "seguridad", aunque hayan agotado los recursos de apelaciones legales; la medida se suma al fallo de otro juez anunciado este mismo viernes, en donde se extiende por dos semanas la orden que prohíbe las deportaciones a la administración de Donald Trump.
El segundo fallo fue emitido la noche del viernes por el juez de distrito estadounidense Brian E. Murphy, en el que establece que a las personas con órdenes finales de deportación se les debe otorgar una “oportunidad significativa” de argumentar en contra de la decisión de ser enviadas a naciones que pudieran "ponerlos en peligro".
La medida cautelar permanecerá vigente mientras el tribunal se prepara para la siguiente fase de argumentos legales.
“Este fallo afirma que nadie debe ser enviado a sufrir daño sin la oportunidad de ser escuchado”, dijo un portavoz de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que presentó la demanda a principios de esta semana.
Es decir, el juez Brian Murphy bloqueó temporalmente a la administración para remover a individuos que están sujetos a deportación final en Estados Unidos a lugares que no son su país de origen a menos que el Gobierno federal proporcione al individuo y a su abogado “un aviso por escrito del país al que pueden ser removidos”, entre otras medidas.
Estados Unidos expulsó este mes hacia El Salvador a más de 200 migrantes a los que vinculaba a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua, pese a que un juez federal llegó a dictar una orden para paralizar los traslados. Pero la orden habría llegado tarde, cuando el vuelo había partido de Estados Unidos. El presidente Donald Trump llegó a reclamar la expulsión de este juez por considerar que se entrometía en cuestiones políticas.
La demanda, interpuesta en Boston, representa a personas que han sido deportadas a terceros países o temen serlo pronto. Entre los demandantes se encuentra un hombre guatemalteco que fue violado previamente en México.
Un demandante dijo que no podía regresar de forma segura a Guatemala, pero fue deportado a México sin una audiencia sobre ese destino alternativo. Según informes, ahora se encuentra escondido en Guatemala.
Otro demandante es una mujer de Honduras que considera que es "inseguro" regresar a su país. Pero teme que la puedan enviar a un tercer país cuando se presente a su próximo registro en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas.
El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha emitido ningún comentario sobre el fallo. Sin embargo, los abogados de la administración de Donald Trump argumentaron que detener las deportaciones a terceros países podría interferir con la aplicación de las leyes de inmigración y la capacidad del gobierno para gestionar la acumulación de casos.
Sin embargo, el juez Murphy, designado por el entonces presidente Joe Biden, se puso del lado de los demandantes. Su decisión enfatizó que se debe "respetar el debido proceso", especialmente en asuntos de vida o muerte que involucran a individuos vulnerables.
Los críticos argumentan que muchos de estos “terceros países seguros” carecen de la infraestructura o los sistemas jurídicos adecuados para proteger a los migrantes que llegan, especialmente a aquellos que huyen de la violencia, la persecución o el trauma.
Si bien este bloqueo temporal no detiene permanentemente las deportaciones a terceros países, establece un precedente importante sobre cómo los tribunales pueden manejar casos similares en el futuro.
El primer fallo del viernes, que representa un revés para la Casa Blanca, fue del juez federal James Boasberg, quien decidió este viernes prorrogar por otras dos semanas la orden judicial que bloquea las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que data del siglo XVII y a la que se acogió la Administración estadounidense para expulsar a migrantes irregulares.
Trump invocó la "Ley de enemigos extranjeros", aprobada en 1798, para expulsar a casi 300 venezolanos, acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua, a una prisión de alta seguridad en El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, mantiene una lucha contra las pandillas locales y ha convertido a la nación centroamericana en uno de los países más seguros.
La orden de restricción temporal impulsada por Boasberg el pasado 15 de marzo expiraba este sábado, si bien ahora con la prórroga seguirá vigente hasta el próximo 12 de abril. El juez también fijó una audiencia para el 8 de abril en la que se estudiará la viabilidad de una orden más duradera, según recoge ABC News.
El presidente Donald Trump ha llegado a reclamar la expulsión del juez al considerar que se entromete en su mandato.
FUENTE: Newslooks / Redes sociales / Es. Us Noticias/ Redacción Diario las Américas
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